SOS: necesitamos saber qué pasa en los hospitales psiquiátricos ante el COVID-19

Por Katia D’Artigues

Lo han advertido muchas autoridades nacionales e internacionales: las personas que viven en instituciones (como personas mayores, privadas de su libertad y en hospitales psiquiátricos) corren más peligro de infectarse y morir por COVID-19 ante la rapidez del contagio por falta de sana distancia y medidas higiénicas.

En México no sabemos qué pasa en los hospitales psiquiátricos del país. Pero nos alerta que países latinoamericanos como Uruguay, Argentina, Colombia Guatemala ya informaron de brotes en sus comunidades de pacientes y trabajadores. En México, esta semana supimos de un asilo para personas mayores en Guadalupe, Nuevo León donde ya hay 50 personas positivas a COVID-19, 47 de ellas personas mayores.

Por esto Documenta, AC, el pasado 27 de abril presentó una demanda de amparo a favor de hospitales psiquiátricos. Lo hicieron ante el Juez de Distrito de Amparo en Materia Administrativa del Primer Circuito en Turno, en la Ciudad de México. Buscan que se dé información sobre la situación en estas instituciones sobre Covid, y que también se tomen medidas para prevenir o tratar contagios, entre otras cosas. Hay 46 hospitales psiquiátricos en el país y no es público, siquiera, el dato actualizado de cuántas personas viven ahí. 

También están por presentar otra demanda de amparo similar a favor de clínicas de adicionales, donde se sabe que también se cometen abusos y hay mucha opacidad. Hablamos con Víctor Lizama, coordinador del equipo de personas facilitadoras de justicia de Documenta al respecto.

Documenta pone ejemplos de lugares donde ya se sabe que hay contagios en otros países. En Uruguay, en el Hospital Psiquiátrico Vilardebó hay 29 pacientes y 19 trabajadores contagiados; en Argentina, en el Hospital Psicoasistencial Borda hubo personal que se manifestó por falta de artículos de protección y prevención; en Guatemala, el Hospital de Salud Mental Federico Mora tiene 28 pacientes y 19 trabajadores contagiados; en Colombia, la Clínica Psiquiátrica Nuestra Señora de la Paz tiene 40 trabajadores y 5 pacientes contagiados. 

Sí, por eso presentamos el amparo que tiene carácter de urgente en cuanto a privación de vida y derechos humanos. Lo presentamos con interés legítimo porque somos una organización defensora de derechos de personas privadas de su libertad y personas con discapacidad psicosocial.

A la fecha no hay suspensión, esperemos que pronto haya una resolución. Este amparo busca 6 cosas:

1. Que se garantice el derecho a la salud de las personas internas, que haya acciones preventivas específicas para pcd psicosocial. Si hay alguien contagiado, también alertamos que deben tomar medicamentos que no generen una reacción con la medicación que ya toman.

2. Que se realicen pruebas bajo consentimiento de las personas, que se atienda a personas contagiadas.

3. Suministrar servicios de higiene, tanto en el aseo personal como limpieza en las instalaciones

4. Que se garantice el apoyo emocional, incluso podemos hablar de esto como parte de las acciones específicas de acuerdo a la discapacidad: que se los escuche, se les explique.

5. Que se consideren acciones tendientes a la externalización (a sacar a personas de ahí) si hay redes de apoyo, familias o a donde llegar.

6. Que se modifiquen los criterios de internamiento debido a la contingencia, que se garantice el contacto con el exterior. No necesariamente un contacto presencial, pero si es necesario que se haga vía llamadas telefónicas, videollamadas.

Documenta advierte que estos espacios no suelen tener condiciones para enfrentar la pandemia. ¿A qué se refieren en particular?

Diferentes situaciones como hacinamiento, negligencia en atención médica, deficiente alimentación, servicio de agua, ausencia de áreas de aislamiento dignas si la persona ya está contagiada, falta de autonomía, carencia de protocolos de atención, falta de insumos

Sabemos que no hay buenas condiciones de higiene ni en las personas ni en las instalaciones. Son instalaciones antihigiénicas y el hacinamiento impide que se lleve la medida de sana distancia. Esto no afecta solo a las personas internas sino al personal que convive con las personas ahí adentro. 

¿Qué ejemplos me podrías dar de instituciones en los que sabes que está pasando esto en México?

Recientemente Documenta, hizo una publicación en la que llama a las instituciones de salud mental a informar lo que está pasando ahí adentro. Es muy difícil saber de viva voz qué ocurre. ES difícil que una persona usuaria de servicios tenga la disposición de exponer si se violó alguno de sus derechos y mucho menos en caso de sus familiares. Quizá el personal que trabaja en las instalaciones podría decir qué pasa en estos momentos.

En otros países de Latinoamérica se está reportando ya que hay contagios dentro de instituciones psiquiátricas y aquí no sabemos qué está pasando.

¿Quién debería informar esto?

Las propias instituciones. Deberían informarnos si hay protocolos para atender a personas internas,  prevenir contagios, explicar a las propias personas internas, que se les dé un trato digno. 

¿De quiénes dependen estas instituciones psiquiátricas?

Muchas de ellas de la secretaría de Salud, algunos de los estados. Son 46 hospitales psiquiátricos en el país a los que se va el 80% de los recursos dedicados a la salud mental en el país. Unos cuantos hospitales generales, 13, tienen servicios psiquiátricos. Aquí también se ve la limitación para atender la problemática de salud mental: es sólo a través de un enfoque médico, casi.

Sabemos desde hace tiempo que la violación a derechos humanos en hospitales psiquiátricos es grave, pero además hoy se corren riesgos adicionales.

Sí, las personas institucionalizadas corren mayores riesgos de infección y muerte. Lo han señalado desde la relatora de los derechos de las pcd, Catalina Devandas; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y recientemente también la comisionada Michelle Bachelet.

Es una población que en lo cotidiano está muy invisibilizada, se justifican muchas de las prácticas y violaciones a  sus derechos humanos por todo el estigma que asocia a las pcd psicosocial a violencia. Sucede algo diferente con respecto a personas privadas de su libertad: puede haber un puente de comunicación al exterior con sus familiares, en el caso de las pcd que están en instituciones psiquiátricas no se da, hay una gran sombra sobre lo que que ocurre al interior de los psiquiátricos. 

¿Por qué?

Se justifican muchas malas prácticas. Como son discapacidades en las que la discriminación es mayor y se duda de su capacidad para tomar decisiones, se valan prácticas desde el modelo médico sin su consentimiento. Incluso los familiares pueden justificar que la persona esté sobremedicada dentro de la institución psiquiátrica. Cuando no existen familias, no hay quien pueda, ni siquiera exponer ante la sociedad lo que pasa ahí adentro. Son personas que pasan mucho tiempo dentro de las instituciones, a veces de por vida.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones de los estados, ¿no están obligadas a vigilar las condiciones de los hospitales y de estas personas?

Sí, tendrían que estar al pendiente de lo que ocurre. Pero he estado realizando algunos informes e incluso dentro de las comisiones advierto que desde el hecho de que hablan de “padecimientos mentales” están usando otra perspectiva, la médica, no basada en derechos humanos de personas que tienen condiciones diferentes.

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