¿Cuántos son los primeros beneficiarios de las pensiones para personas con discapacidad?

Hoy por hoy, son 648,215 las personas con discapacidad que conforman el padrón de beneficiarios desde enero hasta agosto, del programa federal ‘Pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente’. 

De este total (lejos aún del millón de personas a las que se comprometió el gobierno a cubrir) solo el 21.5% son menores de edad, es decir unos 139,460. 

Estos son los últimos datos publicados oficialmente, que difieren -a la baja- de los anunciados en el 1er Informe de Gobierno (los 690,000 mencionados en su discurso el Presidente Andrés Manuel López Obrador) y del 1 millón de niños y niñas pobres con discapacidad, mencionado el spot publicitario del programa.

Los rangos de montos transferidos por beneficiario oscilaron desde los 2,250 pesos hasta los 30,600 pesos, pero la distribución de dichos montos, se agrupa en el rango de los 2,250 hasta los 7,600 a la casi totalidad del padrón. El 77% de empadronados recibieron entre $2,250 y $2,550 pesos.

El padrón disponible y recientemente publicado, identifica a beneficiarios del periodo de enero a agosto del 2019, de acuerdo a los lineamientos del programa, el monto máximo posible para ese periodo de tiempo habría sido de 10,200 pesos, es decir cuatro transferencias bimensuales de 2,550 en los meses de febrero, abril, junio y agosto. Este padrón no hace mención de la fecha en la cual cada beneficiario fue registrado, por lo cual solo puede suponerse que para la gran mayoría ocurrió en algún momento del bimestre julio-agosto.

Pese a concluir que el monto máximo posible a transferir era de 10,200 identifiqué en este padrón un total de 1,643 personas que recibieron desde 12,450 pesos hasta una persona que recibió 30,600 pesos. El monto excedente que representa lo anterior es de 5,685,150 pesos, es decir 0.24% del monto total ejercido. Aún queda pendiente saber a qué respondió este gasto.

Si nos enfocamos en la distribución geográfica de los apoyos en las diferentes entidades del país, el plan respondió -en la mayoría de los casos-, a una correlación entre el porcentaje del monto ejercido y el porcentaje de población con discapacidad en cada entidad federativa. 

Se aprecia también la tendencia de entregar proporcionalmente un mayor monto en los estados con mayor porcentaje de población de tres o más años que habla alguna lengua indígena. Resulta ser ello un indicio positivo de la aplicación de los criterios de prioridad establecidos en los lineamientos del programa, al entregar de manera prioritaria apoyos en municipios con mayor presencia indígena, como Campeche, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Yucatán. Precisamente los tres últimos de esta lista, son los de mayor porcentaje el país. Queda pendiente el trabajo de evaluar, por instancias como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), o de  organizaciones de la sociedad civil interesadas en la política social, cuál ha sido el impacto estado por estado y por municipio, para dar mayor certidumbre sobre los resultados de aplicar los criterios de prioridad con los que se lanzó este programa y sí, efectivamente, son destinados a la población con discapacidad en situación de pobreza o vulnerabilidad.

Los orígenes     

En México, según la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica 2018, el 7.5% de la población son personas con alguna discapacidad, de las cuales 46% son hombres y 54% mujeres. 

El conjunto de interacciones negativas entre las limitaciones de las personas con discapacidad y las barreras físicas y sociales del entorno, ha provocado rezagos respecto a la población en general que son visibles. Según datos de CONEVAL, al existir mayor presencia de personas con discapacidad en situación de pobreza respecto a la población sin discapacidad. Situaciones como la descrita, son parte de los efectos de una discriminación de corte estructural (SOLIS, 2017), amplificada además cuando otros rasgos como el género, o la adscripción indígena se presentan, en una misma persona junto a la discapacidad.

El 27 de febrero del 2019 se publicaron los Lineamientos Operativos del Programa Pensión para el Bienestar de las personas con discapacidad permanente, cuyo objetivo general es el de “contribuir al bienestar social e igualdad mediante la implementación de una pensión dirigida a personas con discapacidad permanente, para la disminución de la pobreza”.

El programa tiene como principal acción la entrega de 1,275 pesos por mes (pagados de manera bimestral) por medio de una tarjeta bancaria. En la página de presentación se plantea que la población a atender con este plan es a 1 millón de personas con discapacidad

Con estas cifras es que se logra el monto destinado para este fin en el Proyecto de Egresos de la Federación 2019: un total de 2,550 millones de pesos. Fue anunciado como un monto sin precedentes para la población con discapacidad. El programa se lanzó oficialmente el 11 de enero del 2019 en el municipio guerrerense de Tlapa de Comonfort, que responde a los objetivos principales del programa ya que se trata de un municipio indígena -según la clasificación de la extinta Comisión para el Desarrollo de Pueblos Indígenas CDI- y con un alto grado de marginación (CONAPO, 2015).

El programa actual para pcd parte de la experiencia previa del Programa de Apoyo Económico para personas con discapacidad permanente, que se lanzó en 2001 en el entonces Distrito Federal. Éste comenzó  con una meta de 40,000 beneficiarios que recibían un apoyo de 600 pesos mensuales. Para 2017, la cifra se duplicó (81,614 personas) y el apoyo económico subió a 800 pesos. Según la Ficha Sintética de Información de los Programas Sociales 2019 de la CDMX, el programa “cumplió el propósito de la acción gubernamental para seguir en operación a nivel federal”. Según su propia evaluación entre 2015 y 2018 se redujo en esta entidad de 200,000 a 169,000 el número de personas con discapacidad con algún nivel de pobreza.

En el sentido de otorgar apoyos a pcd, cabe citar el Informe de Evaluación de la Política Social 2018 del CONEVAL donde en el apartado de recomendaciones para el Presupuesto 2019 en relación al tema de seguridad social, se menciona: “establecer una pensión universal de invalidez para discapacidad total financiada con impuestos generales”. 

El informe, tuvo por objetivo el acercar información de utilidad para elaborar, monitorear o evaluar planes y programas gubernamentales, particularmente los centrados en la atención a grupos en condición de rezago.

Los retos del actual programa

Según los primeros resultados de este programa nacional, y particularmente ante el incremento del presupuesto para ser ejercido en el 2020, aún existen retos en el horizonte como:

1. Incorporar criterios más precisos, para la identificación de la población con discapacidad a beneficiar, para lograr un mayor impacto en la población en situación de pobreza y especialmente en pobreza extrema.

2. Adicional a los criterios establecidos en la Ley de Desarrollo Social, es vital avanzar de criterios habitualmente basados en la sola acreditación de la discapacidad hacia un modelo de diferenciación dentro de la población con discapacidad, especialmente para identificar a aquellas personas con mayores requerimientos de apoyo. Por ejemplo, no es igual ser una persona con sordoceguera, que aquella con alguna deficiencia motriz que no le impida ejercer de manera autónoma las actividades de la vida diaria.

3. Imperativamente, eliminar la aplicación y definición del criterio número 5 del glosario de términos el de “Discapacidad Permanente Notoria o Evidente”:  identificar la discapacidad por la sola apariencia de la persona, por que esto representa una conceptualización en todo sentido alejada del modelo planteado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como de la valoración conforme a la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la de Salud (CIF) y conforme a lo establecido la Ley General de Inclusión para las Personas con Discapacidad. 

   El uso de esa disposición conduce a excluir la intervención de una valoración completa de la situación de cada persona al reducirla a la sola apariencia, y deja libre el camino para dejar de lado una valoración de al menos, el punto de vista médico, y otros como el social y/o educativo. 

   Además, se limitan las oportunidades de la persona de ser sujeta de otras intervenciones del orden municipal o estatal, o inclusive, bajo el modelo de rehabilitación basada en la comunidad (OMS) de personas de su propio entorno.

4. Respecto a la cobertura territorial, sumar otros criterios como las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP): son zonas urbanas o rurales donde la población registra índices de pobreza marginación, u otros construidos por las entidades federativas, que puedan ser correlacionados con lo el componente ambiental de la discapacidad establecido en CIF.

5. Establecer una línea base o ‘punto de arranque’ del programa; por ejemplo, el porcentaje actual de personas con discapacidad en situación de pobreza y una meta sexena que indique qué cantidad se espera reducir el porcentaje de personas con discapacidad en esta situación para facilitar la evaluación del impacto de este programa. 

6. Establecer mecanismos de seguimiento, para evaluar de manera cuantitativa y cualitativa el destino de los recursos transferidos, deseablemente, adicional a las autoridades competentes es decir a organizaciones de la sociedad civil.

7. Mejorar la articulación de acciones entre las sedes federales para el trámite del registro con instancias de atención a la población del orden estatal y municipal. Se pueden poner en marcha estrategias de intervención donde se sumen a la pensión otorgada, otras acciones como facilidades para acceso a la educación, o capacitación para el empleo, entre muchas otras. Todas estas variables con el fin atender al supuesto declarado en el fin del programa: “La rectoría pública enfocada a personas con discapacidad permea en los tres niveles de gobierno”.

8. Facilitar la consulta de los resultados reflejados en el padrón de beneficiarios, incorporar en la segmentación del padrón, otros aspectos de relevancia, como por ejemplo el sexo de las personas beneficiarias.

Por Carlos Daigoro Fonce Segura: Arquitecto, con formación en accesibilidad y diseño para todos, estudioso de la política pública y la discapacidad.

Referencias:

Versión estenográfica del informe

Spot del informe

Padrón de beneficiarios

Lineamientos del programa

Página del programa

Ficha sintética del programa iniciado en el Distrito Federal

Informe de Evaluación de la Política Social 2018 del CONEVAL

“Discriminación Estructural y Desigualdad Social”, libro escrito por Patricio Solis