Profeco y Conapred: una alianza vacía

Un convenio entre Profeco y Conapred prometía ayudar a combatir la discriminación a personas con discapacidad. A tres años de la firma, la información es inexistente.

Por Ana Estrada

Hace tres años, dos instituciones del gobierno federal, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) firmaron un convenio cuyo objetivo era «establecer las bases de colaboración para realizar acciones que garanticen el respeto y la protección del derecho a la igualdad y la no discriminación, en particular a las personas o grupos discriminados», es decir para proteger a personas con discapacidad en las relaciones de consumo.

A la fecha no hay ninguna empresa, ningún local o ningún negocio sancionado, no porque no exista discriminación, sino porque al convenio le faltaron dientes: faltaron todos los mecanismos de seguimiento y protección que se buscaban en ese documento.

En diciembre de 2016, se firmó el Acuerdo de Colaboración entre Conapred y Profeco (presididas en ese momento por Alexandra Haas y Ernesto Nemer), que contemplaba, entre otras medidas la creación de un Decálogo contra la discriminación en las relaciones de consumo. 

Hasta la fecha, Profeco no tiene registro de quejas por discriminación a personas con discapacidad en locales comerciales.

El convenio se alcanzó luego de que la empresa Recórcholis negó algunos de sus servicios a un pequeño con discapacidad y su familia, además de que el lugar tampoco contaba con los recursos mínimos necesarios de accesibilidad.

La visibilidad del caso (se trataba de la periodista Bárbara Anderson y su hijo de 4 años con parálisis cerebral) llevó a un acercamiento entre los dos organismos.

Aunque de 2016 a la fecha, Profeco tiene 117 quejas en materia de reclamación por discriminación, “en el registro no se especifica si las quejas fueron prestadas por agravio a una persona con discapacidad”, según una ficha informativa que la Procuraduría entregó a Yo También.

El mismo documento señala que, de esas quejas, 71% ya fueron concluidas por conciliación y aún hay 19 en trámite. Pero en ninguna de ellas se han impuesto multas.

“Por lo que corresponde al convenio general de colaboración celebrado entre la Procuraduría y Conapred, el mismo sigue vigente y en el marco de dicho convenio se continúan redoblando esfuerzos conjuntos para que todas las personas, sin excepción, en especial las personas con discapacidad, cuenten con los elementos necesarios para hacer valer sus derechos como personas consumidores”, dice el documento.

Para el procurador Ricardo Sheffield, “la accesibilidad a espacios o adaptación de productos o bienes para el uso de personas con discapacidad, es una necesidad en la que los proveedores deben seguir invirtiendo y trabajando, no una cuestión de discriminación específicamente”, sin embargo, pidió que en los casos necesarios se presenten quejas o denuncias para dar seguimiento.

Desde el lado de Conapred, desde finales de 2016 a abril de este año, el Consejo ha recibido 462 quejas por discriminación por discapacidad, atribuidas específicamente a particulares.

Aún así, existe un vacío de información sobre qué lugares de consumo o qué servicios fueron los que incurrieron en esos actos de discriminación a personas con discapacidad o cuales son las razones específicas de falta de infraestructura accesible que la ley señala.

Tanto a Conapred como a Profeco se les solicitó algún reporte sobre el avance del convenio y la colaboración entre ambos organismos, sin ninguna respuesta precisa.

El seguimiento de este convenio está en el limbo.

Tan fuera del radar está este tema para ambas instituciones, que nadie reparó en el detalle de que ya existía un acuerdo previo en el mismo sentido. 

En junio de 2014, Ricardo Bucio Mújica, como presidente de la Conapred firmó un acuerdo de colaboración con Profeco, a cargo entonces de Lorena Martínez, para “formalizar políticas públicas integrales para garantizar a los consumidores el acceso a bienes y servicios libres de discriminación. La  propia procuradora cerró el evento diciendo: “Este convenio es parte de un esfuerzo de política pública con el que transversalmente, Conapred y Profeco, fortaleceremos el respeto y vigencia de los derechos de los consumidores, con un enfoque especial sobre la infancia, los adultos mayores, las personas con discapacidad y los indígenas”.

Profeco, con autoridad pero sin capacidad para multar

A partir del 1 de julio, Profeco tendrá autoridad para realizar cobro de multas a establecimientos que no cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas, y con lo cual espera recaudar en un inicio hasta 1,500 millones de pesos en el primer año.

No está claro cómo se calculó la cifra, porque el anuncio se realizó cuando aún no existía un tarifario de multas con la calificación y el costo de cada infracción.

Según la Procuraduría, se aplicarán las penalidades contempladas en el artículo 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), pero la imposición de multas se efectuará hasta agotar todos los medios de impugnación que interpongan los proveedores de bienes y servicios.

La propia Procuraduría confirmó que tener la facultad para imponer multas no significa (aunque suene insólito) que tenga la capacidad de hacerlo porque el anuncio se realizó sin contar con la infraestructura orgánica necesaria: sin capacitar a su personal, sin determinar cuando corresponde una multa y cuando no, y menos aún el valor que le asignarán a cada infracción detectada por su equipo de inspectores.

Además, hay otro dato interesante: en el tema de accesibilidad para personas con discapacidad sólo hay una Norma Mexicana publicada en 2007 que no es obligatoria, por lo que tampoco podría caer bajo el paraguas de la multa.

¿Te discriminaron? 

Aunque Profeco no ha movido un dedo ante ninguna denuncia, ni hay penalización clara para casos de discriminación, lo cierto es que denunciar es un derecho que podemos y debemos ejercer. 

Para realizar una queja ante Profeco por un acto de discriminación por discapacidad a una empresa o un proveedor de servicios, es necesario acudir personalmente a una delegación cercana donde te pedirán:

• Nombre completo y domicilio

• Identificación oficial

• Algún comprobante de compra (en caso de tenerlo)

• Nombre y domicilio del proveedor o establecimiento

• Descripción de los hechos

Se te entregará un formato impreso de recepción de queja.

También se puede realizar una denuncia telefónica al 01800 468 8722. En este caso no es necesario presentar pruebas ni datos personales, únicamente proporcionar la información de la empresa o prestador de servicios.