Mismos –y hasta menos– recursos en un momento de alta vulnerabilidad

Foto: Cámara de Diputados

Por Regina Moctezuma

El martes por la tarde llegó a la Cámara de Diputados el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 (PPEF 2021) con un incremento de tan solo 3% con respecto al presupuesto aprobado para 2020, en línea con la inflación promedio del año en curso.

Elaborado en medio de una crisis sanitaria y económica que impacta aún más a los grupos vulnerables, es un presupuesto conservador que no prevé un aumento real de recursos para atender las crecientes necesidades y fomentar la inclusión de las personas con discapacidad (pcd).

Si bien la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente está entre los programas sociales esenciales que el presidente Andrés Manuel López Obrador suele presumir, sus beneficiarios recibirán según el Proyecto de Egresos tan solo 35 pesos extras al mes a los que les son otorgados actualmente, un ajuste que queda incluso por debajo de la inflación.

El presupuesto planteado para este programa es de 15,456 millones de pesos (mdp), con lo que se busca llegar a 933,466 personas con discapacidad, pero poco se sabe de su efecto real.  “El criterio principal debería ser el de costo – eficiencia para que se alcance un retorno en bienestar”, señala Andrés Franco, director de relaciones y cabildeo de la agencia Panóptico Legislativo. Es decir, saber cómo cada peso invertido mejora la vida de cada persona con discapacidad que recibe este beneficio.

Y es que los programas de Bienestar no bastan para asegurar que la inclusión tenga un enfoque transversal, hace falta fortalecer a los organismos dedicados a identificar las necesidades de las pcd, a diseñar y promover políticas públicas de inclusión, a brindar asesoría legal, entre otras. “Ésa es la verdadera transversalidad”, señala Franco, pero sucede lo contrario y bastan tres ejemplos para ilustrarlo:

1. El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) no solo lleva todo el actual sexenio sin ningún funcionario a cargo de su dirección, sino que además tendrá menos presupuesto que el año pasado: 32.9 millones de pesos, un decremento de 2%.

2. Otro organismo que también está acéfalo desde hace unos meses (con lo cual no tiene a nadie para defender su presupuesto) es la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación -CONAPRED-. Para el siguiente año tendría 14% menos recursos para la generación y promoción de políticas públicas en favor de la inclusión.

3. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos -CNDH- también sufriría un recorte de 23% de su presupuesto, mismo que usa para atender los asuntos relativos a la aplicación del mecanismo independiente de monitoreo nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Educación especial: mismo presupuesto, nuevos retos

Para 2021, la Secretaría de Educación Pública (SEP) está pidiendo igualar el presupuesto para el Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial al que se aprobó para 2020: 58.3 millones de pesos, de los cuales 95% se transfiere a los gobiernos estatales y el restante 5% se destina para gastos de ejecución central. 

De acuerdo con sus reglas de operación, los recursos de este programa deben distribuirse en tres tipos de gasto: capacitación de agentes educativos, equipamiento de centros educativos y vínculos interinstitucionales. El gran reto para los responsables de este programa en cada entidad federativa será el de reorientar -y sobre todo repensar- los recursos para capacitar y equipar los centros educativos ante la nueva realidad educativa (como el modelo Aprende en Casa). 

Se tendrán que encontrar soluciones conforme a un sistema de educación a distancia. Por ejemplo, lo que antes podría haberse destinado a congresos y encuentros académicos presenciales, quizá ahora se invierta en licencias para videoconferencias masivas o lo que se invertía en material didáctico especializado como esquemas o mapas en relieve, máquina Perkins para escribir en Braille o tableros de comunicación aumentativa, ahora tendría que ser destinado para sustitutos digitales en esta coyuntura sanitaria.  

No es tan mala noticia que en un proyecto de presupuesto tan conservador al menos mantenga los recursos de este programa (cuya función es complementar el presupuesto y estrategia de cada gobierno estatal en materia de educación especial), aunque sería mejor noticia que se aumentaran los recursos para este programa en la Cámara de Diputados como sucedió el año pasado cuando al flaco presupuesto que inicialmente pidió la SEP para este rubro se le aprobó una ampliación de 66%, pasando de 33.3 millones de pesos a 55.3 mdp.

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