México: a punto de incumplir compromiso con la ONU

Por Katia D’Artigues

El 6 septiembre del año pasado, la ONU publicó una recomendación histórica a México. Es la primera de un caso sobre una persona en particular que retoma el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, tras la prueba de que se cometieron claras violaciones a los derechos humanos de un joven con discapacidad intelectual y psicosocial: Arturo Medina Vela. México debe, no sólo ofrecerle una disculpa pública, reconocer que violó sus derechos, indemnizarlo y publicar el dictamen —en formatos accesibles— para que se conozca, sino emprender una serie de acciones para que esto no se repita, como cambiar leyes o capacitar a todo el Poder Judicial.

Pero esto no ha pasado. La fecha para responder sobre las violaciones documentadas contra Medina Vela terminó —según Documenta, la organización que promovió el caso— el 6 de marzo ante el silencio del Estado Mexicano. “Le mandamos una carta a Alejandro Encinas, subsecretario de derechos humanos de Gobernación, quien nos mandó con el Consejo Nacional para prevenir la discriminación, Conapred, quien sí ha demostrado interés en el seguimiento aunque no tiene todas las atribuciones”, me dijo Maria Sirvent, socia fundadora y coordinadora institucional de esa organización. 

En la cancillería una fuente nos dice que aún no incumplen los plazos porque tienen hasta el 26 de marzo para responder, dado que el tiempo corre en cuanto son notificados de manera formal y eso fue el 26 de septiembre del año pasado.

¿Qué (no) hizo Arturo?

Medina fue detenido y encarcelado en 2011, acusado de robarse un coche, aunque no sabe manejar, asegura su madre. Al detectar su discapacidad, se le declaró “ininmputable”, una figura jurídica que niega su capacidad de defensa. Nunca le permitieron declarase inocente, dar pruebas para su defensa ni impugnar los cargos que se presentaron contra él.

En su lugar le decretaron una “medida de seguridad” que consistió en privarlo de su libertad durante cuatro años, supuestamente para su protección y someterlo a tratamiento médico sin su consentimiento, que equivale a tortura.

En su momento escribimos sobre el tema de Arturo -y los muchos más que están en su caso– aquí en Yo También pero de los que no tenemos cifras certeras.

Documenta, la organización que defendió a Medina, asegura que los derechos que se violan a las personas con discapacidad intelectual o psicosocial que se enfrentan al sistema de justicia mexicano, al someterlas al Estado de inimputabilidad son: la igualdad y no discriminación, la accesibilidad, la igualdad ante la ley, el acceso a la justicia, y la libertad y la seguridad en igualdad de condiciones con las demás.

Por este caso, además de las recomendaciones hechas a México desde 2014, se tienen que modificar leyes con respecto a la figura de la “inimputabilidad” y el “procedimiento especial”; también que las pcd puedan recibir ajustes razonables para ejercer su capacidad jurídica e impartir capacitación a toda la cadena de justicia (desde ministerios públicos hasta jueces y oficiales) sobre los alcances de la Convención y su protocolo facultativo.

Otros pendientes

No es el único pendiente que tiene México con el cumplimiento de la Convención. Desde el pasado 3 de mayo, la relatora para personas con discapacidad, Catalina 

Devandas, mandó una carta que no ha sido respondida. La carta está aquí. 

En el proceso de evaluación ante la ONU, México tiene que responder a la “Lista de preguntas” que se mandaron desde octubre de 2019 y que puedes leer aquí junto con una explicación de todo el proceso en una infografía. 

Ese paso es el previo antes de que la ONU y representantes del Estado Mexicano, junto con la sociedad civil, se reúnan para discutir los pendientes y avances que se tiene pensado que podría ser, si el país responde en tiempo y forma, para septiembre de este año. Después de eso vendrán nuevas recomendaciones para el país.

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