La marihuana: de un problema de Estado a un negocio estatal

El diputado, Mario Delgado, presentó una iniciativa para crear una empresa pública como la única autorizada para comprar o cultivar marihuana y sus derivados. Los activistas tienen sus reservas. 

Por Bárbara Anderson

El Poder Legislativo está debatiendo dos iniciativas de ley –una en Diputados y otra en la de Senadores– para dar derechos legales a los usuarios de marihuana a cultivar y consumir sin la necesidad de acudir a tribunales, como ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Con esto estaríamos a las puertas de ser el tercer país, después de Canadá y Uruguay, en regularizar este producto. 

Pero sorprendió un proyecto de Mario Delgado, el diputado coordinador de Morena en la Cámara Baja: crear una empresa paraestatal que tenga  el control de la producción y comercialización de la marihuana y sus derivados. Ya hasta tiene nombre, la Cannsalud. 

Según reza textualmente la propuesta de Delgado, esta empresa pública estará autorizada exclusivamente para realizar la adquisición de la sustancia cannabis y sus derivados de los particulares que hayan obtenido los permisos correspondientes para dicho fin.

“La cannabis es una planta no una sustancia, y no todas las plantas de cannabis ni todas sus partes deben tener un control estricto. Por ejemplo el cáñamo, que es para uso alimentario e industrial”, me decía un activista que lleva años peleando por la autorización del uso médico de los derivados de la marihuana (tanto CBD como THC). “A mi me da miedo que solo una empresa pueda controlar todo, allí está el cuadro básico del sector salud. ¿Qué tal si algo que alguien utiliza de forma específica deciden que no les resulta negocio y no lo consideran?”, agregó. 

Su iniciativa permitiría también el «autocultivo» de hasta seis plantas de marihuana por persona. 

La justificación del diputado de Morena fue que, con una empresa del estado, “evitamos dejar el mercado de la cannabis a una regulación autónoma por parte de los particulares que tienen intereses mercantiles internacionales que buscan maximizar sus utilidades por encima de la protección de la salud de las personas”.

Su iniciativa también tiene un lado fiscal: incluye un impuesto especial a la venta de marihuana y sus derivados, así como otra cuota de 2 pesos por cada gramo que se venda. Éstas ganancias se iría en un 25% a programas sociales en comunidades donde se hayan erradicado cultivos y un 20% para la detección de problemas relacionados con las adicciones.

En cambio, la propuesta que en simultáneo discute el Senado, se da el control de toda la cadena de producción a través del Instituto Mexicano de Regulación y Control de la Cannabis, un organismo público desconcentrado de la Secretaría de Salud que podría las reglas, y donde  los particulares participarían de manera directa y se les permitiría sembrar, cultivar, cosechar, preparar y transformar hasta 20 plantas de cannabis para consumo personal (incluso en espacios públicos) y sería posible la comercialización.