La invisible violencia sistemática hacia mujeres con discapacidad

Por Yo también/Redacción

A nivel mundial, las mujeres con discapacidad viven una doble discriminación: por género y por discapacidad; y es que desde temprana edad pueden experimentar distintas formas de abuso y violencia que son difíciles de reconocer. 

De acuerdo con la American Psychological Association (APA, por sus siglas en inglés), éstos pueden ir desde destruir o quitarles dispositivos de movilidad, negarles medicamentos o alimentos, o abusar sexualmente de ellas. 

Un estudio global del  Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU) revela que las niñas y mujeres jóvenes con discapacidades enfrentan hasta 10 veces más violencia de género que aquellas sin discapacidad. 

En un artículo publicado en marzo de 2018, la revista Nexos señaló que ante la pregunta de cuántas mujeres con discapacidad han sido víctimas de violencia en México, no hay datos ni estadísticas, no porque no haya víctimas, sino porque no hay denuncias y las pocas que hay no están sistematizadas.

“Pero los casos son múltiples: van desde las agresiones a mujeres que son violentadas sexualmente en el espacio público, como el de una joven con discapacidad visual que fue agredida al pedir apoyo para subir un puente peatonal en la Ciudad de México, hasta aquellas que son violadas por integrantes de su familia”.

No son vistas como capaces de tomar decisiones

Ana Laura Cárdenas, maestra en Estudios de la Mujer por la Universidad de Costa Rica, dijo en entrevista para Yo también que las mujeres con discapacidad se enfrentan a una violencia simbólica y estructural, basada en el prejuicio de que no pueden valerse por sí mismas, que son personas ‘receptoras’ de servicios y que dependen de las decisiones de otros.

“Por lo tanto, aunque sus derechos están tutelados en la legislación nacional e internacional, no son vistas como sujetas de derechos, ni como personas capaces de tomar sus propias decisiones y el rumbo de su propia vida».

Por su parte, Diana Sheinbaum, investigadora de Documenta, una asociación civil dedicada a la defensa legal de personas, comentó, en agosto del año pasado, que hay ministerios públicos que no reciben denuncias de violencia sexual por parte de mujeres ciegas porque, supuestamente, tienen dificultades para identificar al agresor. 

“En el caso de mujeres con discapacidad intelectual no sólo ponen en entredicho sus declaraciones, si las dejan declarar, sino que solicitan que haya un tutor o un responsable presente”.

Cárdenas agregó que, deben ser creadas políticas públicas con enfoque de derechos humanos y género que incidan en varios sectores, como el de salud, educación y justicia, y crear  acciones que permitan cerrar la brecha para que las mujeres con discapacidad puedan acceder al empleo, a servicios médicos de acuerdo a sus necesidades, a créditos de vivienda, a la educación. 

También es necesario, afirmó, que las niñas y los niños sean educados en ambientes incluyentes e interculturales que les permitan respetar «la diferencia»; en la medida en que la socialización de éstos sea distinta, afirmó, habrá cambios en la forma en que nos relacionamos.