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Enrrejado de una cárcelEnrrejado de una cárcel

Discapacidad tras las rejas: la doble condena

Katia D’Artigues “Recuerdo claramente la expresión de un señor en el Reclusorio Norte que me decía: ‘Yo no puedo participar en las actividades del centro escolar porque yo necesito pagarle a alguien que me lleve y me traiga para que en el camino no me peguen, prefiero gastar mi dinero en otra cosa’”, me dice […]

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31 de mayo de 2019

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Ilse Domínguez

Katia D’Artigues

“Recuerdo claramente la expresión de un señor en el Reclusorio Norte que me decía: ‘Yo no puedo participar en las actividades del centro escolar porque yo necesito pagarle a alguien que me lleve y me traiga para que en el camino no me peguen, prefiero gastar mi dinero en otra cosa’”, me dice Berenice Pérez Ramírez sobre el informe que recién acaba de publicar en la UNAM, un estudio que hizo sobre la situación de personas con discapacidad (PcD) en siete centros penitenciarios de la Ciudad de México.

Lo que encontró tras entrevistarse cara a cara, en 2016, vía un cuestionario común con 358 personas privadas de su libertad y con discapacidad es un retrato pocas veces visto en México. Arroja una imagen dolorosa de violaciones cotidianas a derechos humanos sobre esta población invisible entre los invisibles. Se llama “Personas con discapacidad y privadas de su libertad en la Ciudad de México. Un estadístico de siete centros penitenciarios” y puedes leerlo aquí. y si necesitas una versión accesible para lectores de pantalla está acá.

Personas con discapacidad que no tienen sillas de rueda, bastón o un auxiliar auditivo. Que no pueden moverse en el mismo centro penitenciario, lo que aumenta su exclusión e incluso sus posibilidades de salir antes de la cárcel al no poder participar en actividades que les daría el beneficio de la pre liberación.  Que se presume sufren más violencia que sus pares sin discapacidad. Que son poco visitados por familiares y amigos y que, incluso, son dejados ahí por que las familias ven en el reclusorio –ante la falta de otros apoyos institucionales—una ‘solución’.

Pérez Ramírez, trabajadora social especializada en sociología, se decidió a publicar este informe dado lo que revela. Desea que, tras este estudio, la subsecretaría del sistema penitenciario tome cartas en el asunto. El subsecretario, en la administración de Claudia Sheinbaum, es Antonio Hazael Ruiz Ortega. Hasta ahora no ha tenido señales en ese sentido.

En el inicio dice que la cárcel acentúa situaciones que en algunos casos provocan discapacidad. ¿Se agrava por el contexto?

Ese fue uno de los hallazgos: profundiza si ya existe una discapacidad y en caso de que no exista es probable que ocurra alguna cuestión al interior que potencie las posibilidades de tener una discapacidad. En una persona se podía encontrar varias dificultades, como subir escaleras y comunicarse, pero al mismo tiempo tenía dolencias que no les podía poner un nombre médico pero manifestaba y alguna enfermedad como diabetes. La depresión, los intentos de suicidio están presentes porque el encierro los genera y potencia.

Aunque sólo entrevistamos a personas que estaban identificadas por tener discapacidad muy visible (motriz o sensorial), nos encontramos con personas que no podían responder a la pregunta de cómo se llama, en qué lugar se encuentra, qué edad tiene. Incluso pudimos identificar que tal vez tenían alucinaciones y no podían entablar diálogo con la persona que tenían enfrente.

Una de las preguntas es sobre la dificultad para asistir a talleres. ¿Se encuentran las PcD en una situación de mayor exclusión dentro de la dinámica de los centros?

Totalmente. Los paralelos entre ‘el afuera’ y ‘el adentro’ son muy fuertes. Les es muy difícil trasladarse al centro escolar donde, usualmente, hay más actividades. Si ellos o ellas no se involucran y participan en actividades que el centro organiza es muy probable que no tengan opción para pedir pre liberación y su estancia en prisión se alargue. Afecta no sólo su exclusión de actividades, sino su libertad. En el caso de las mujeres se acentúa.

La acción bienintencionada de ubicar a PcD en un dormitorio ‘especial’ es una medida que les genera más dificultad para acceder a otros espacios. Habría que pensar si esta medida que se expone como de seguridad, no termina siendo una de exclusión.

Otra de las preguntas es sobre sus emociones. ¿Cuál es la principal emoción que viven las PcD privadas de su libertad?

Encontramos tristeza, seguida de ira. Está muy relacionada con las visitas. La alegría y estar contentos está ligado a ellas; hay mayores dificultades para la vida adentro para quienes no tienen visitas. Si bien no aparece en el estudio, se acentúa en las PcD psicosocial que reciben aún menos visitas y las mujeres.

Cuando se habla del espacio carcelario nos centramos de ese lado, pero no de lo que pasa afuera. Hay que reflexionar qué pasa para que las PcD se queden ahí. En el caso de lo psicosocial, hay un desgaste familiar importante por la falta de apoyo institucional. Entonces, a veces, la cárcel funciona como ‘ese lugar’ donde se puede quedar una persona con discapacidad psicosocial o intelectual cuando la familia o persona a cargo del cuidado está rebasada.

¿Las PcD viven mayor violencia?

¿Qué la población en general? Yo creo que sí.

Están más expuestos y expuestas a trato violento, incluso en muchas cosas mencionaron claramente el término de bullying. En el caso de las mujeres mencionaron violencia sexual. No sólo por los obstáculos que enfrentan al interior sino porque el personal o las mismas compañeras o compañeros piensan que pueden abusar de ellas y ellos por su condición de discapacidad

Pérez Ramírez se encuentra actualmente trabajando para hacer otro informe sobre la situación que viven las personas con discapacidad psicosocial encarceladas. Las que están detectadas están ubicados en el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial y dos dormitorios dentro del Centro Femenil de Reinserción social en Tepepan. De entrada, dice que no hay claridad sobre quién y cómo se realizan esos diagnósticos, cada cuánto se realiza, cómo delinea un tratamiento.