Cómo acabar con una institución por inacción (e inanición)

*Por Katia D’Artigues *

Todo pinta mal para el Consejo Nacional para la Inclusión de las personas con discapacidad (Conadis) y las políticas públicas de atención a más de 8 millones de personas con esta condición.

La inacción en torno a la decisión de si el Conadis existe o desaparece lo tienen en un limbo de inacción que podría determinar, por la vía de los hechos, en su desaparición sin sustitución clara.

Hay varias evidencias sobre esto, tratemos una por una:

1. Esta semana, el lunes 24, estaba convocada una reunión de la Junta de Gobierno encabezada por la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores o, por lo menos, la subsecretaria Ariadna Montiel. Se canceló el mismo día por problemas de agenda de parte de las mismas autoridades de Bienestar sin más explicación. Fue la encargada de despacho, Alicia Loza Fomenti, quien mediante una escueta carta lo dio a a conocer de manera pública. 

2. Conadis no tiene titular en todo lo que llevamos del sexenio y a partir de este domingo 30 de junio, tampoco tendrá Directora General Adjunta (DGA). El cargo desaparece, como en toda la administración pública federal. Aunque Loza permanece en el Conadis como la persona a cargo y de más alto rango,  lo hará degradada a titular de una dirección de área de menor nivel, categoría M33. Esto debilita aún más su campo de acción y responsabilidad institucional, como no poder presentar un Programa Nacional de desarrollo para las pcd. Por estos días, de hecho, Loza estuvo en el proceso de cierre de la DGA e hizo un acta de entrega… aunque se ‘entregó’ el puesto a ella misma. Kafka vive.

3. Aunque hace ya dos semanas, en el contexto de la reunión de Estados Parte firmantes de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD) se anunció que Conadis desaparecerá y se creará un Sistema para la atención de la discapacidad, sigue sin darse un paso claro y público en este sentido. Debe ser vía una iniciativa de cambio de ley presentada ante el Congreso, mismo que la tendría que aprobar. Por lo menos comenzar con hacer una mesa, una consulta, foro. La realización de la Junta de Gobierno pudo haber dado luz en este sentido, pero fue cancelada.

4. Tampoco ha habido ninguna respuesta a la carta que, sobre el futuro del Conadis y la obligación del país a tener una institución encargada de implementar la CDPD le mandó la relatora especial de la ONU, Catalina Devandas, al canciller Marcelo Ebrard desde el 3 de mayo pasado.  Ya de los puntos de acuerdo aprobados en el Legislativo en el mismo sentido ni hablamos.

5. Hay que tomar en cuenta que el presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho que todos los cambios de estructuras institucionales que necesitan pasar por el Congreso se harían el primer año de su administración. Luego no habría cambios. El reloj avanza.

6. Se suma a esto que los tiempos para planear el próximo presupuesto están encima, también. Tras la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo en la Cámara de diputados (mismo que solo contempla expresamente becas o promoción de deporte para pcd) iniciará en julio la planeación del presupuesto del 2020 en la secretaría de Hacienda. ¿Se contemplará dar presupuesto al Conadis? ¿A alguna otra institución de la cual no sabemos nada aún y además, se debe consultar para aprobarse, también por obligación convencional? ¿O dejarán que el Conadis  ‘muera’ por inanición e inacción?

¿Y el Registro Nacional para personas con discapacidad?

El año pasado, casi al final del sexenio de Enrique Peña Nieto, el 12 de julio, se aprobó, por ley, la creación de un Registro Nacional de población con discapacidad. En este sexenio se ha hecho de lado al favorecer el –hasta ahora muy opaco–  “Censo de Bienestar”, base para otorgar programas sociales de transferencia económica directa como las becas para el bienestar a 1 millón de pcd en situación de pobreza, niños e indígenas.

Pero, sorpresa. Resulta que sí se ha avanzado en el tema de la creación de este Registro y tuvimos datos (si bien confusos) sobre ello esta semana. 

Hugo Ruiz Lustre, diputado de Morena y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, dio una conferencia de prensa donde subrayó la importancia de tener el registro y, además, con distintas entradas biométricas. Por ejemplo, no todas las personas podrían poner su huella dactilar y habría que implementar también reconocimiento facial. Él ha dicho que hay un presupuesto de 100 millones de pesos para ello (mismo que no encontramos en el Presupuesto, un documento que él quedó de mandar, pero hasta ahora no lo ha hecho) y es responsabilidad de Salud, Gobernación y Conadis, entre otros.

Loza le respondió detallando las acciones que se han realizado para tener el registro, aunque no hay nada en concreto aún. Se han comenzado los trabajos, nada más.  Aquí está el documento. 

Pero en respuesta a un punto de acuerdo en la Cámara Alta, el senador Gustavo Madero recibió una respuesta del director general del Registro Nacional de Población e Identidad, Jorge Wheatley Fernández. Aclara que los pasos para incorporar, de manera optativa, al CURP (Clave Única de registro de población) datos de discapacidad se dieron en octubre de 2018 entre Gobernación y Salud. A la fecha no hay ningún otro avance: “Por parte de esta unidad administrativa no existe, por el momento, ninguna actividad o acción a realizar para dar cumplimiento al contenido del decreto (es decir de la Ley)”, dice el documento que está acá.