AMLO a 1 año de gobierno: Más pensiones, menos instituciones

Por Bárbara Anderson y Katia D’Artigues

El texto que entregó el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador vía su coordinadora de campaña, Tatiana Clouthier, se volvió casi el único documento que tenemos sobre qué piensa -o pensaba- de la discapacidad y las políticas públicas de atención al sector que realizaría en el poder.

A un año de su llegada al poder, analizamos que sí se ha hecho y qué mucho no. 

Los apoyos directos (becas, programas asistenciales, pensiones) fueron los que más rápido se implementaron, aunque no de la manera más transparente ni siguiendo reglas de operación. A pesar de ser el músculo más ‘visible’ del apoyo a las personas con discapacidad tampoco ha sido suficiente: de la promesa de 1 millón de pensiones, este año se llegará al 67% y el año que viene al 96%. 

Pero donde si no hubo avances y en muchos casos retroceso fue desde el punto de vista institucional: la acefalía de Conadis, la falta de claridad y presupuesto para las áreas vinculadas con educación especial dentro de la SEP, el recorte de presupuesto del Instituto Nacional de Rehabilitación y la falta de cumplimiento de tener como prioridad a niños y personas con discapacidad en las secretarías de Cultura y en la Conade. 

Se propuso la creación de un Instituto de Atención a la Discapacidad, el tema menos tratado en el último año. 

Aquí desmenuzamos item por item, las promesas de campaña versus la realidad del nuevo régimen: 

1) ¿Cuál es la principal problemática de la discapacidad y cuáles serían los primeros pasos a tomar en este sentido?

La Asociación Armando un Camino de Vida, A.C. me ha propuesto y estoy de acuerdo, como alternativa de solución, la creación del Instituto de Atención a la Discapacidad, que opere a nivel nacional como un organismo que conjuntamente con la sociedad civil, tenga la responsabilidad de organizar, administrar y supervisar todas las acciones que permitan resolver la problemática que enfrenta la sociedad más vulnerable y que esté dirigido por personas con alguna discapacidad, para que se enfrente de cara a la adversidad y no se vea como un botín político con la corrupción que prevalece hasta el momento.

¿Qué pasó? El Instituto de Atención a la Discapacidad no se ha creado, aunque hay dos iniciativas en el Senado para ello. Tampoco se ha nombrado a una persona titular en Conadis, que sigue existiendo porque tampoco se ha reformado la Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad. Es decir, la atención fuera de las pensiones de Bienestar hacia pcd están en el limbo.

En la conferencia mañanera del 29 de febrero de 2019, incluso, se confundió y dijo que ya había un instituto que tenía 600 o 800 millones de presupuesto. Conadis tenía poco más de 50. El Sabueso, de Animal Político, escribió esta nota de chequeo de datos al respecto.

Además la propuesta de trabajar “conjuntamente con la sociedad civil”  no se ha hecho, tampoco. Con la única asociación que atiende a pcd que se ha reunido es con Teletón. Escribimos sobre este encuentro hace unos meses.

Desde junio, Martha Delgado, subsecretaria de Relaciones Exteriores, confirmó que, como se anunció en la ONU, la idea del gobierno es desaparecer el Conadis y crear un Sistema de Atención a la discapacidad, sin embargo ningún paso se ha dado en este sentido. En una entrevista posterior con ella pidió tiempo e incluso dijo que había que buscar a alguien dentro del gobierno que quisiera atender el tema de la discapacidad. 

También es necesario que se actúe y que todas las leyes, los acuerdos internacionales que se expresan en el Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por parte de la ONU y que están firmadas por nuestro país, se lleven a cabo y que los tres órdenes de gobierno acaten y respeten lo que está plasmado en las leyes y decretos. La sociedad ya está harta de vivir en el país de la simulación y sobre todo que siempre están los dados cargados en contra de los más pobres, los más vulnerables, las personas discapacitadas.

¿Qué pasó: el artículo 33 de la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad habla del compromiso de México de tener “uno o más organismos gubernamentales encargados de las cuestiones relativas a la aplicación de la presente Convención”. Al estar Conadis sin titular y no tener Instituto, tampoco. 

Conforme a la problemática arriba plantada se hace necesario lo siguiente:

Resulta relevante la consideración de los cuatro puntos anteriores para que las pcd y los organismos que las representan logren hacer valer de derecho y así sumarse para garantizar su participación en la acción del nuevo gobierno que implementará un sistema democrático y comprometido con este sector tan vulnerable.

Mi gobierno considerará el desarrollo de una infraestructura que haga efectivos los canales de información pública en los formatos contemplados en la convención y demás aplicaciones que se puedan desarrollar a las ya existentes; garantizando así el acceso a su desarrollo de las pcd en el marco de mi gobierno.

2) ¿Para cambiar el asistencialismo por el ejercicio pleno de derechos?

En mi opinión, México no puede seguir por la ruta que va en materia política social. Por ejemplo, se dejó de asumir la relevancia y centralidad que tiene la política de asistencia social, entendida como el conjunto de servicios del Estado para garantizar los derechos de las personas en mayores circunstancias de vulnerabilidad social.

Se asumió que con el simple hecho de hablar de personas con capacidades diferentes y construir “teletones” por todos lados se resolvería el problema, y la evidencia muestra que no es así, y que el Estado no puede renunciar a su responsabilidad de cumplir con los derechos humanos de todos, con especial énfasis y rapidez, a favor de quienes viven en mayores condiciones de desventaja y marginación.

Se deben adoptar las medidas legislativas, financieras y otras que sean necesarias para asegurar la vida independiente de las personas con discapacidad en la comunidad. También tendrán una pensión similar a los adultos mayores todas las personas con discapacidad que no puedan desempeñar alguna actividad productiva.

¿Qué pasó? Sí se creó el programa de pensiones para personas con discapacidad de Bienestar, aunque no alcanzan como escribió para “todas las personas con discapacidad que no puedan desempeñar alguna actividad productiva”. 

Según un análisis de Carlos Fonce Segura, especialista en accesibilidad e inclusión, el programa de Pensión de las Personas con Discapacidad Permanente, según los datos disponibles en un complejo y padrón de la Secretaría de Bienestar, benefició en 2019 a 648,215 personas con discapacidad (21% de ellos niños).

Ya en el gobierno la promesa fue dar 1 millón de becas pero el presupuesto 2020 sólo contempla el dinero necesario para  927,843 personas beneficiadas. Un programa, además, que sigue sin estar sujeto a reglas de operación por lo que no sabemos los criterios con los que es dada la beca ni tampoco se da seguimiento a la efectividad o uso que se hizo de esos recursos.

De hecho, en el nuevo PEF 2020, Bienestar fue de las secretarías que mejoró su presupuesto versus este año pero 64% se destinará a programas de transferencias o subsidios que no están obligados a cumplir con reglas de operación. 

Para “asegurar la vida independiente de las personas con discapacidad en la comunidad” más allá de recursos no se han visto pasos, como invertir de manera decidida en accesibilidad, por ejemplo. 

Respecto de cómo cambiar el asistencialismo por el ejercicio pleno de derechos eso será parte de mi gobierno en un programa ascendente de corto, mediano y largo plazo, ya que es sabido que no se puede evaluar a todas las pcd y a todas las discapacidades de manera universal y en estricto apego a los siguientes estándares: marginación, pobreza, discriminación, falta de oportunidades y analfabetismo. En suma, todo el rezago social en el que se encuentra este sector, y por eso mi gobierno ejecutará políticas públicas generales y focalizadas; impulsando el protagonismo de las pcd en los asuntos públicos de la nación.

¿Qué pasó? Nos encantaría ya conocer este programa ascendente de corto, mediano y largo plazo. 

3) ¿Está su campaña abierta para pcd?

Totalmente. Mi campaña es inclusiva como lo será mi gobierno. Quiero comentarles que están contemplados candidatos y candidatas plurinominales con alguna discapacidad para que puedan defender los principios de Morena mismos que están alineados con los derechos de los más pobres de nuestro país y justamente a favor de las personas con discapacidad que representa a la población más vulnerable, más marginada e invisible para la economía neoliberal que hoy está presente en México.

¿Qué pasó? Por Morena llegó, por ejemplo, el diputado Hugo Ruiz Lustre, una persona ciega que hoy encabeza la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de diputados. 

Y también Luis Miguel Barbosa (por Morena), con una discapacidad motriz, ganó las elecciones a la gubernatura de Puebla.

4) ¿Incorporaría en su futuro gabinete a alguna pcd?

Está considerada la creación del Instituto Nacional de Atención a la Discapacidad para que coordine con el sistema DIF y la sociedad civil. Todas las acciones políticas y decretos que rescatan de la vulnerabilidad a las personas con discapacidad, precisamente para que sean cristalizados en la realidad y no como ahora que solo son un conjunto de leyes y decretos bien redactados pero que no se aplican y dejan sin apoyos y oportunidades al segmento de la población más desvalida, que en nuestro país representa alrededor del 10% y con una tendencia a crecer por la ampliación de la población de mayor edad y por la violencia que los regímenes del PRIAN han generado en México por su corrupción, el contubernio con la delincuencia organizada y la falta de una política social real y verdadera a favor de la población marginada y vulnerable de la sociedad mexicana.

¿En qué puesto?

A nivel de directora o director general del Instituto de Atención a la Discapacidad

¿Qué pasó? Este Instituto no existe. Tampoco tiene titular, por lo tanto. No hay nadie en su gabinete que viva con alguna discapacidad ni en el gabinete legal ni en el ampliado.  

5) A pesar de la reciente reforma educativa, aún solo la mitad de los niños con discapacidad asiste a la escuela y una pequeña minoría logra cumplir con la educación básica. ¿Cuáles son sus propuestas en este sentido? ¿Y para garantizar el acceso a la salud para pcd?

Adoptar medidas para asegurar la escolarización de todos los niños y niñas con discapacidad. En este contexto, hay que destacar la importancia de la educación inclusiva.

¿Qué pasó? Se integró a la Constitución, vía el 3o. Constitucional que la educación en México hoy tiene que ser inclusiva. Pero esto no va acompañado de los recursos necesarios para hacerlo realidad. El presupuesto destinado en diversas partidas para atención a la diversidad y discapacidad en particular fue de -16% este año. Programas como Prepa en Línea (en el que estudian muchas pcd) tiene 220 millones de presupuesto cuando necesitaba 500; los Centros de Atención a Estudiantes con discapacidad que necesitaban 600 millones para mantenerse en operación recibirán solo 32.52. Queda pendiente que como manda el propio cambio constitucional la SEP presente una Estrategia Nacional de Inclusión y nos diga cómo planea que este derecho sea una realidad. 

Establecer la seguridad social universal para discapacitados, los medicamentos y servicios en consultorios deben ser gratuitos. Debe haber clínicas y hospitales públicos, desde primer nivel hasta en medicina especializada. Proporcionar una rehabilitación pertinente y gratuita, proporcionar gratuitamente cirugías, aparatos ortopédicos y prótesis necesarias para las personas discapacitadas.

¿Qué pasó? : éste es un pendiente que se resolvería, entendemos, con la creación del INSABI, Instituto de Salud para el Bienestar, que recién se está formando. Al menos esa es la apuesta. 

6) En su plataforma, ¿contempla algún plan para impulsar que las pcd tengan trabajos, carreras y comiencen sus propios negocios sin discriminación?  Si la tiene, ¿en qué consiste?

Desde luego, darles seguimiento a las exenciones fiscales establecidas por el SAT de la SHyCP para favorecer la contratación de personas con discapacidad, brindar cursos gratuitos de capacitación para el empleo, otorgar en los casos que proceda, una pcd a las personas con discapacidad para facilitar su contratación y establecer una bolsa de trabajo para personas discapacitadas que coordine esfuerzos con el sector empresarial para brindar empleo a personas con discapacidad.

¿Qué pasó? En octubre, la Secretaría del Trabajo y Previsión social firmó con la Alianza Éntrale el “Convenio por la Empleabilidad de Jóvenes con Discapacidad”. Mientras este acuerdo se materializa, los datos no son tan promisorios: de los 900 mil mexicanos que están siendo parte del  programa Jóvenes Construyendo el Futuro, solo 3,918 tienen alguna discapacidad (el 0.43%). Según la propia secretaria Luisa Alcalde, de esa cantidad, 63% tienen discapacidad sensorial, 21% motriz, 9% múltiple y 7% cognitiva. 

¿La meta? No quedó clara ni se puso un porcentaje al que se busque cubrir. 

Establecer un plan de educación continua en línea y que las personas con discapacidad puedan concluir su preparación profesional para contratarse en el mercado laboral. Ofrecer financiamiento a través de NAFIN al establecimiento de pequeñas empresas que puedan atender las personas con discapacidad y con el asesoramiento de personal que colabore en este proyecto.

Así como fortalecer otros programas de acceso al empleo y establecer mecanismos de protección contra cualquier forma de trabajo forzoso, explotación y acoso. Cabe destacar la importancia del acceso al empleo en el mercado de trabajo formal con el apoyo necesario.

¿Qué pasó? No ocurrió tal cosa, incluso está en plena decadencia el modelo de Prepa en Línea que es utilizado por muchas pcd para terminar sus estudios superiores. 

Aunque en diversas leyes se contemplan estímulos, reconocimientos, distintivos, beneficios fiscales e integración al cuerpo laboral administrativo, en el sector privado tales acciones no se han materializado en forma significativa. También vale destacar que el gobierno federal no ha cumplido con su cuota laboral como está dispuesto en la ley de la materia, tampoco las instituciones como lo fueron FONAES y ahora INADEM han logrado consolidar un modelo exitoso empresarial para las pcd.

¿Qué pasó? El INADEM desapareció. El gran proyecto para la inclusión laboral temporal creado en Jóvenes construyendo un futuro sólo tiene a 1 de cada 200 con discapacidad.

Por otra parte, durante la reforma de telecomunicaciones de la presente administración pública se difundió que el uso del internet sería gratuito para las pcd como un derecho humano de acceso a la información.

Establecer un plan de educación continua en línea y que las personas con discapacidad puedan concluir su preparación profesional para contratarse en el mercado laboral. Ofrecer financiamiento a través de NAFIN al establecimiento de pequeñas empresas que puedan atender las personas con discapacidad y con el asesoramiento de personal que colabore en este proyecto.

Así como fortalecer otros programas de acceso al empleo y establecer mecanismos de protección contra cualquier forma de trabajo forzoso, explotación y acoso. Cabe destacar la importancia del acceso al empleo en el mercado de trabajo formal con el apoyo necesario.

¿Qué pasó? Solo se firmó el acuerdo entre Alianza Éntrale! Y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. No hay incentivos para aumentar el porcentaje de pcd que puedan acceder a estos primeros empleos de Jóvenes Construyendo el Futuro. 

Con fundamento en lo anterior durante mi gobierno se impulsará la plataforma digital que proporcione la información inteligente útil y actualizada que sirva al sector con discapacidad y a sus afectados colaterales para que mediante la globalización digital mi gobierno establezca diversos espacios laborales, tales como call center, información turística, adquisición de productos y servicios públicos mediante comunicación directa y de relevo para las personas sordas, así como información de transporte accesible y demás que surjan con el desarrollo de la tecnología.

¿Qué pasó? Todo esto no se ha hecho. 

Para la ejecución del concepto antes mencionado en mi gobierno se implementará la capacitación a las pcd para el manejo y dominio de las diversas tecnologías de la información y comunicaciones (TIC’s).

¿Qué pasó? También está pendiente.

Durante mi gobierno se promoverá el cambio de conciencia de la sociedad hacia las pcd transitando de una concepción de “carga social” a “socialmente útiles”; en función de ejes de acción determinantes como lo son el fortalecimiento e infraestructura social, el registro nacional de población de personas con discapacidad, el fortalecimiento y capacitación para el manejo de empresas protegidas por el gobierno que ya han sido modelos exitosos en otros países.

¿Qué pasó? El Registro Nacional de pcd sigue siendo un pendiente, aunque está en la ley. Las empresas protegidas también es un asunto pendiente. El cambio de conciencia para dejar de ver a las pcd de un concepto de “carga social” a “socialmente útiles” no se refuerza cuando la principal apuesta es dar pensiones y no apostar por educación, trabajo, transporte accesible y accesibilidad en general para la vida independiente. 

¿Contempla algún tipo de estímulo fiscal?

Efectivamente, existen disposiciones legales al respecto y la política económica que han seguido los secretarios de hacienda, de economía y del trabajo deja mucho rezago, apatía, corrupción, negligencia y una verdadera ineptitud y falta de voluntad por atender a las personas con alguna discapacidad y que se pueden integrar al mercado laboral, pero ha faltado difusión de estas leyes y decretos que exentan a las empresas de pagos de impuestos por la contratación de personas discapacitadas y por hacer adecuaciones en sus empresas para facilitar el trabajo de las personas discapacitadas, destruyendo el objetivo de equidad y de mayor inclusión que tiene esta población marginada. Haré que se cumpla la ley y que operen estos decretos y se supervisará su cumplimiento por parte del SAT, que debe promover en el sector empresarial estos beneficios para las pcd, además de facilitar el establecimiento de empresas con responsabilidad social y empresas de personas con discapacidad.

¿Qué pasó? Los estímulos fiscales siguen existiendo pero sigue faltando “difusión de estas leyes y decretos”. 

En mi gobierno las pcd los afectados colaterales estarán contemplados para que de manera conjunta y colectiva cuenten con capital semilla y capacitación para el manejo en el amplio universo del mercado laboral, en donde mi gobierno tomará acciones determinantes para que también este sector tan vulnerable forme parte del producto interno bruto del país, así como de otras políticas financieras que en mi gobierno se establezca.

¿Qué pasó? No ha habido una política que hable de estos “afectados colaterales” que son la familia. 

7) Sólo 40 % de los edificios del gobierno federal y las páginas de dos instituciones (IMSS y CONAPRED) tienen páginas web 100% accesibles, ¿qué haría para revertir estas cifras?

Este aspecto ya está contemplado, pero no solo esto, sino que se supervisará que todos los edificios públicos sean oficiales o del sector privado cuenten con la accesibilidad necesaria como rampas, puentes, elevadores, estacionamientos y todo lo necesario para que las personas con discapacidad puedan transitar como cualquier otra persona.

¿Qué pasó? No ha sucedido hasta el momento.

8) Las pcd son dos veces más propensas a ser víctimas del crimen; las mujeres con discapacidad sufren el doble de violencia de género. ¿Tiene alguna propuesta para abordar los problemas de adecuaciones en el sistema de justicia para que las pcd accedan a la justicia?

Ahora como parte de los derechos humanos se habla de atención a víctimas de la violencia, pero como ocurre con todo en los gobiernos del PRIAN es pura simulación me han informado que en toda la provincia del país no se atiende a las víctimas de la violencia, en particular porque alegan no tener recursos, no existen los encargados de estas oficinas y porque no les interesa hacer esta tarea. Yo voy a poner solución a esta situación, pero no solo para víctimas, mujeres con discapacidad, sino a todas las mujeres que son abusadas, golpeadas y maltratadas en México.

En mi gobierno se atenderá de manera prioritaria el acceso a la justicia de toda la población y principalmente a los grupos vulnerables considerando que el protocolo de actuación para la impartición de justicia elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación prevé la aplicación de los ajustes razonables para cualquier tipo de discapacidad, sin embargo en mi gobierno se tendrá principal atención de la difusión, actualización y seguimiento, a través de las instituciones ya dispuestas para este fin tales como CONAPRED, CNDH, Poder Judicial y en estricta colaboración con los mecanismos de participación social reconocidos por la normatividad aplicable de la nación.

¿Qué pasó? Sí está contemplado en el proyecto de trabajo de Conapred tratar de incidir en tener indicadores para mejorar el acceso a la justicia. El Poder Judicial también ya anunció que actualizará el protocolo de actuación para la impartición de justicia de personas con discapacidad para el año que entra. Veremos que plantea hacer la CNDH que recién estrena titular. En este primer año el acceso a la justicia no fue uno de sus ejes de acción. 

9) Las familias que tienen una persona con discapacidad necesitan también apoyos y capacitación; algunos de sus integrantes (sobre todo mujeres y jóvenes) dejan de ser productivos o de estudiar por atenderlos. ¿Tiene alguna propuesta para garantizar el cuidado de las pcd, con respeto a su voluntad, y apoyo a sus familias?

Sí, está en proyecto que conjuntamente con el DIF, el INADIS (sic) y la sociedad civil, sean instituidos una serie de mecanismos para atender este problema como serían guarderías, estancias, la capacitación, escuelas y otros especialmente para personas con discapacidad.

¿Qué pasó? No se ha hecho nada aún en este sentido. Por el contrario, las estancias infantiles inclusivas que atendían a niños con discapacidad fueron recortadas; este año tienen la mitad del presupuesto las Escuelas de tiempo completo. Se sabe que apenas se está pensando, pero para el año que entra legislar en el Senado sobre el llamado Derecho al Cuidado que incluye a pcd. Hay en marcha un par de iniciativas.