¿Adiós a las consultas médicas para obtener el certificado de discapacidad?

Redacción Yo También

En un hecho histórico en México, la justicia federal concedió un amparo que permitiría que las personas con discapacidad cuenten con una credencial única y nacional, con vigencia de varios años, y que sustituiría a la serie de documentos que requieren tramitar constantemente para demostrar su condición.

El 28 de febrero de 2020, el Despacho DAVALE Consultores S.C., conoció que la Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Laura Gutiérrez Velasco, otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a Agustín De Pavía Frías, persona con discapacidad y abogado de ese bufete.

La jueza notificó al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Innovación, Desarrollo de Tecnologías e Información en Salud que deben elaborar la norma oficial mexicana que posibilite la creación de ese documento único y nacional. Sin embargo, la dependencia respondió que desconoce cuál es el procedimiento que debe llevar a cabo y que la justicia federal no lo establece ni precisa.

El despacho DAVALE Consultores S.C., solicitará la facultad de atracción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y le pedirán tome en cuenta varios aspectos:

  • No se respetaron los derechos de las personas con discapacidad
  • Se pasaron por alto puntos contenidos de derechos humanos contemplados en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 
  • Se incumplen los ordenamientos de las reformas a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y a la Ley General de Salud para garantizar que toda persona con esta condición cuente con un certificado con validez nacional, conforme al modelo social de la discapacidad. 

Este amparo es posible debido a que en julio de 2018, ya en la ruta final del sexenio de Enrique Peña Nieto, se hizo un cambio a la Ley General para la Inclusión de las personas con discapacidad, que obliga a hacer un Registro Nacional de personas con discapacidad y que aún no se tiene. La última versión de esa ley se puede consultar aquí.

En el cuarto transitorio de la reforma de 2018 se daba a la Secretaría de Gobernación y “autoridades competentes” un plazo no mayor a 180 días (es decir, a febrero de 2019) para “instalar el Registro Nacional de Personas con Discapacidad y llevar a cabo los ajustes técnicos que permitan la impresión del comprobante de la Clave Única de Registro de Población con o sin la información del Certificado de Discapacidad, según los fines que al interesado convengan”.

Desde hace 12 años, cuando México ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el país se obligó a eliminar las barreras a las que estas se enfrentan en el ejercicio de sus derechos y a facilitar su inclusión a todas las actividades (el modelo social).

Hasta ahora se ha postergado la emisión de un certificado de discapacidad con validez nacional que implicaría, por ejemplo, que desde la CURP se conozca la condición de la persona y se le reconozcan sus derechos en todos los trámites y servicios que realicen.

De acuerdo con la ley, la Secretaría de Salud debe expedir los certificados de discapacidad conforme a la funcionalidad de las personas y no a su condición, como insiste el modelo social (que cambió con base en la misma Convención citada).


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