‘A veces es mejor hacerse invisible’

Por Katia D’Artigues

Olga, de 45 años, y con parálisis cerebral vive con sus padres y hermanos. Sus padres la insultan y regañan, frecuentemente. Le dicen “idiota” cuando por sus movimientos espásticos los golpea sin querer. Su padre incluso la arroja de la silla de ruedas. Ella habla con su madre, pero no quiere angustiarla porque tiene diabetes. Aunque ha pedido dispositivos de movilidad para ser algo más independiente, su familia no los compra porque dicen que se puede lastimar si se mueve por sí sola.

Javier tiene 27 años y discapacidad física. Si se moja la ropa, su madre, como castigo, no lo llevará a la escuela, que es la única salida que tiene. Por eso pide que le pongan un pañal.

Oscar se fracturó la columna cuando por un ataque de epilepsia cayó en el lugar donde trabajaba. Ahora a sus 35 años vive con una tía donde pasa todo el dia en una cama en la sala. Hay meses que no sale de la casa; le ponen bolsas para que orine alrededor de la cama. No puede bañarse más cuando lo deciden otros… y a veces espera hasta el fin de semana.

Guadalupe Huerta Mora, que este jueves dio su testimonio en una presentación en línea del reporte “A veces es mejor hacerse invisible. Violencia familiar contra personas con discapacidad en México”, de Human Rights Watch, tiene una lesión en la columna por golpizas que le dieron su esposo y familiares en 2010. Cuando estaba en el hospital no pudo acceder a medidas de protección como separarse de sus agresores al mudarse a un albergue; un juez negó esta petición. Tras estar seis meses en el hospital, regresó al lugar donde sus familiares abusaban de ella.

Violencia común, falta de medidas de seguridad, discriminación

Este informe recopila hechos de violencia ejercidas en 2018 y 2019 por familiares contra personas con distintas discapacidades -24 mujeres y 14 hombres-  que viven en Oaxaca, Jalisco, Nuevo León y la ciudad de México. Las agresiones van desde violencia física, sexual, abuso psicológico, descuido, confinamiento y amenazas verbales. 

El informe, realizado por Carlos Ríos Espinosa, investigador senior de esa organización para México, documenta también las muchas barreras que hay para que las personas con discapacidad que viven violencia puedan denunciarla. A veces es materialmente imposible dado que dependen de sus familiares-agresores para todo.

Aunque algunos reciben pensiones de parte del Estado -ya sea federal o estatal en el caso de Jalisco- poco pueden decidir sobre cómo utilizar esos recursos. También el ingreso mensual de 1,310 pesos es significativamente menor a la media nacional de 16 mil 537 pesos. 

La respuesta de protección contra la violencia de diversos actores del Estado, ya sea el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o protección judicial deja mucho que desear. Falta capacitación.

En el caso de personas con discapacidad psicosocial puede ser, incluso, peor. Como los albergues para mujeres que sufren violencia no saben cómo atenderlas, las mandan a hospitales psiquiátricos, donde pueden incluso sufrir más violencia.

En el caso de los entre 52 o 70 albergues para mujeres con discapacidad que viven violencia, el 80% de ellos no son accesibles, una condición de entrada para recibirlas. No hay alguna alternativa para garantizar la vida sin violencia de hombres con discapacidad. 

Fiscales y expertos entrevistados dicen que pocas personas están preparadas para garantizar ajustes razonables conforme está garantizado en el “Código Nacional de procedimientos penales”. Destacan el uso de intérprete en Lengua de Señas mexicana como casi el único ajuste pero el uso de imágenes, lectura fácil u otros están fuera del radar. Uno de ellos dijo: “Habitualmente cuestionan la capacidad de la persona para participar en los procedimientos”. 

¿Vida independiente? ¿Dónde está?

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad establece el derecho de las personas con discapacidad a vivir en comunidad y de manera independiente. Aunque esta obligación está y forma parte de las obligaciones del Estado al firmar dicho tratado internacional de derechos humanos, poco se ejerce. 

No hay apoyos de parte del Estado para que pcd pueden vivir de forma independiente de sus familias si lo desean, como apoyos para tener una vivienda accesible a un costo que puedan pagar y mucho menos servicios de apoyo como asistentes personales que pueda elegir la propia persona y que trabajen de acuerdo a sus instrucciones. Lo dificulta aún más que no se asegura que puedan tener acceso a servicios generales como transporte público, atención a la salud, educación, recreación, información y comunicación. 

“El derecho a vivir de manera independiente también significa que el gobierno debería abstenerse de colocar en instituciones a personas con discapacidad que son víctimas de violencia familiar como una forma de protección permanente”.

Recomendaciones

El documento termina con una serie de recomendaciones al gobierno mexicano. Entre ellas están:

1. Asegurar que las pcd puedan denunciar de manera segura la violencia familiar y el abandono: que los mecanismos sean accesibles.

2. Asegurar que todas las pcd, incluidas aquellas que necesitan un alto grado de apoyo, puedan acceder a refugios en igualdad de condiciones.

3. Capacitar a funcionarios que deben hacer que se cumpla la ley: lo mismo profesionales de servicios sociales que otras que incluyan perspectivas de género y discapacidad.

4. Hacer campañas informativas en formatos de fácil comprensión para generar conciencia sobre la violencia familiar contra pcd y las formas de obtener apoyo. 

5. Asegurar que escuelas, establecimientos de salud y otros proveedores de servicios que trabajan con pcd puedan y sepan presentar denuncias por violencia familiar.

6. Modificar la legislación civil y penal para revisar las políticas que obligan a familias a brindar apoyos a los familiares adultos con discapacidad y, en cambio, asegurar que la ley y políticas garanticen su derecho a la vida independiente con el apoyo necesario.

7. Recabar datos desglosados sobre violencia contra pcd. También sobre aquellas personas que adquirieron su discapacidad como resultado de la violencia familiar u otra.

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