Por 17 años, Laura intentó -sin éxito- que el colegio público español donde daba clases hiciera los ajustes para que fuera un lugar accesible para ella, una mujer con discapacidad motriz; en junio pasado, la justicia le dio la razón a la profesora y condenó al gobierno vasco a darle una indemnización por la discriminación de la que fue objeto.
La sentencia del Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao concluyó que el gobierno debe pagar a la profesora, jubilada en 2019, un total de 40 mil euros (836 mil 632 pesos) por ignorar reiteradamente las solicitudes hechas para instalar un ascensor que garantizara la accesibilidad del colegio público.
“El Colegio de Enseñanza Primaria Zurbaranbarri se encuentra en las faldas de un monte y sus accesos tienen pendientes prolongadas (cuesta arriba según se entra en el centro), constando de plantas (baja, primera y segunda) y no disponiendo de ascensor, rampas mecánicas o ningún otro artilugio para elevación de personas hasta el año 2021”, explica el texto.
En vez de instalar el elevador, la escuela asfaltó entre 2014 y 2015 la pendiente y se puso un barandal que, sin embargo, no llegaba hasta el centro, a la profesora se le permitió estacionar su auto a mitad de la pendiente y se le eximió de cuidar el patio.
El centro laboral prohibió que a la profesora se le dotara de un asistente para que pudiera acompañar a sus alumnos a las excursiones.
Estas acciones, valoró el juzgado, significaron una discriminación indirecta por incapacidad, lo que significó que la profesora no pudiera “participar en circunstancias de igualdad en la actividad docente”.
La sentencia 266/2022 del pasado 20 de junio también estimó que el incumplimiento del gobierno de Bilbao representaba una falta en “materia de prevención de riesgos laborales con resultado de vulneración de los derechos fundamentales a la integridad física y moral, igualdad de trato y no discriminación”.
Laura, de acuerdo con el resumen de la sentencia, tiene una discapacidad del 33 por ciento por polineuropatía de predominio desmielinizante, aunque ello no afectaba su capacidad como profesora, función que desempeñó para el Gobierno Vasco desde 1982.
Desde que llegó al colegio de Zurbaranbarri, Laura pugnó porque, además de las adecuaciones, se establecieran estándares para el profesorado con discapacidad, otra petición ignorada por las autoridades educativas.
“Mi objetivo es que la Delegación Territorial de Educación y Ciencia tenga en cuenta la normativa a aplicar en el C.P. Zurbaranbarri, donde tengo mi plaza en propiedad, para que se eliminen las barreras arquitectónicas que dificultan el acceso a personas con discapacidad física. Asimismo, que mientras dure esta situación se tengan en cuenta las condiciones laborales de mi plaza en propiedad y se establezca una normativa, si no existe o se modifique en su caso, la cual regularice las Comisiones de Servicio, adjudicaciones y demás eventos en los que el profesorado discapacitado tenga que participar para valorar la preferencia suficiente y necesaria que mantenga las condiciones laborales que por méritos propios les correspondan”, apunta el resumen.
Después de sufrir caídas en el colegio, la profesora incluso solicitó irse a otro centro de trabajo, un cambio que no se concretó.El juzgado estimó que las faltas cometidas por la autoridad van en contra de varias disposiciones españolas en las que se establece que se debe realizar la adecuación del puesto de trabajo, teniendo en cuenta las situaciones de discapacidad en las evaluaciones de riesgos, y adoptando las medidas preventivas y de protección que sean necesarias.
Por Redacción Yo También
