Fotografía a blanco y negro con efecto de líneas sobre el rostro de Katia D'Artigues, una mujer de edad adulta con rostro redondo, utiliza anteojos y aparece sonriendo frente a la cámara; y Bárbara Anderson, una mujer de edad adulta, cabello ondulado, ojos grandes, utiliza anteojos y aparee sonriendo frente a la cámara.
Editorial

Una verdad blindada por la Sedena

Por primera vez desde el inicio de la guerra contra el Narcotráfico se revelan datos sobre cómo se duplicó el número de efectivos militares que fueron dados de baja con alguna discapacidad y el nulo apoyo posterior de las FFAA. Mientras en México los datos se ocultan, la ONU está analizando un caso testigo de un soldado que se suicidó y que sentaría un precedente que nadie esperaba que saliera de ningún cuartel.

Por Bárbara Anderson y Katia D’Artigues

Hace un año, lanzamos la convocatoria al Primer Concurso de Periodismo y Discapacidad. La consigna era inversa: no premiaríamos notas ya publicadas (porque son mínimas) sino que daríamos fondos al mejor proyecto de investigación.

Setenta solicitudes de información a la secretaría de la Defensa Nacional, 10 recursos de revisión y muchas horas de entrevistas con abogados, especialistas en Derecho Militar y ex militares rindieron sus frutos para esta investigación inédita que realizó Verónica García de León: en el Ejército y la Marina se duplicaron las bajas de personal con alguna discapacidad, pero solo una minoría, un 1.2% lo hace con su haber de retiro completo y todos los beneficios y coberturas. 

También hay aristas internacionales: el Instituto Federal de la Defensoría Pública ya llevó un caso ante el Comité de los derechos de las personas con discapacidad en las Naciones Unidas para que se pronuncie sobre un caso, el “Pablo” que presentamos en este reportaje. Podría venir una recomendación internacional. 

Es la primera vez que se publica un reportaje que recopila datos desde 2006 a la fecha, desde el inicio de la Guerra contra el Narcotráfico que declaró Felipe Calderón hasta el revival de su poderío en la actual administración.

Entre 2006 y 2021 creció 115% el número de retiros de militares (tanto del Ejército como de la Marina) que presentan alguna discapacidad. Pero su condición es ‘camuflada’ por la Dirección de Justicia y sus médicos peritos quienes en 99% de los casos indican que las condiciones eran preexistentes a su ingreso a las Fuerzas Armadas (o congénitas) o bien adquiridas fuera de ‘actos de servicio’.

En 14 años, miles de militares fueron dados de baja y presentaron alguna discapacidad. De ellos solo 19 lograron en un juicio ante Tribunales Federales consiguieron que les reconocieran que su condición fue adquirida estando en su puesto y con ello los beneficios que significan tener una pensión de por vida y apoyos médicos.

“El peor enemigo de los elementos son la propia Sedena y Marina”,explica con brutal sinceridad César Gutiérrez, abogado militar con más de 20 años de experiencia.

Hay algo que nadie ha dicho en tres sexenios: la Sedena está violando derechos humanos de su propia gente, de soldados y marinos que están en indefensión y que tienen no solo pocas oportunidades de ganar un litigio sino que hasta desconocen cómo pelear por lo que constitucionalmente les corresponde. 

Estos datos estaban camuflados hasta hoy. Que esta investigación sea el inicio de un proceso de reconocimiento de derechos.

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