Editorial

Una de cal y una de arena

Fotografía de Bárbara Anderson, una mujer de edad adulta, cabello ondulado, ojos grandes, utiliza anteojos y aparece sonriendo frente a la cámara, con efecto de líneas en blanco y negro sobre su rostro.

Una acción positiva en favor de la inclusión es casi seguro que ni siquiera arranque por falta de recursos.

Por Bárbara Anderson

¿Cuántos de los 477 mil trabajadores del IMSS viven con alguna discapacidad? ¿En cuál de las 35 delegaciones que tiene el Instituto en el país hay mayor incidencia? ¿Cuál es la discapacidad más recurrente? 

No se sabe. Por eso es una excelente noticia que el próximo 3 de diciembre se lance el primer Registro Institucional de Personas con Discapacidad en esta dependencia, que es una de las más grandes del mundo en atención a la salud. El impulsor es Rosemberg Román, titular de la subjefatura de División de Atención a Personas con Discapacidad, un funcionario que vive con una discapacidad y que entiende el valor de los datos, de los censos y de los registros. 

Su idea es que este primer relevamiento abra la puerta a uno mayor: el Registro de Derechohabientes con discapacidad del IMSS. Y estamos hablando de una población de más de 68 millones de mexicanos, la mayor institución de este tamaño en Latinoamérica. 

Tal vez este pequeño paso dentro del Instituto se convierta en un gran paso que dé lugar al tan necesario Registro Nacional de PCD (coticen o no en el IMSS). 

Porque sin datos no se pueden planear políticas públicas. 

Así como sin dinero no se pueden poner en marcha reformas. 

Y esta es la noticia de arena de la semana: mientras en el Senado se aprobó ayer por unanimidad una reforma a la Ley General de Inclusión de Personas con Discapacidad que da a la comunidad sorda la posibilidad de elegir si estudia o no usando la Lengua de Señas Mexicanas (LSM) y promueve a que la SEP cree un modelo bilingüe (tanto español y LSM, como lenguas indígenas y LSM). Y también promueve que la Secretaría de Salud capacite a personal médico en esta lengua para poder atender de manera adecuada a la población que vive con discapacidad auditiva. Y,  porqué no, también que la Justicia cuente con intérpretes para que accedan a este derecho con este ajuste en la comunicación (ni más ni menos). 

Hasta aquí todo muy bonito: reconocen a esta comunidad y sus necesidades en los derechos más fundamentales como son el acceso a la educación, la salud y la justicia. 

Pero eso sí, no hay dinero para llevarlo a cabo. 

Haga de cuenta que le dan a usted el derecho a tener el mejor carro que necesite, pero nunca le dan un crédito para comprarlo. 

“Sin presupuesto no hay proyecto”, me decía un político hace unos meses. Y en el mismo tono ayer el senador Emilio Alvarez Icaza dijo que «derechos sin presupuesto no garantizan ninguna transformación». 

Porque (como decía Ripley “aunque usted no lo crea”) al final de ésta tan bien redactada reforma hay un inciso, una letra pequeña, un ‘artículo transitorio’ escondido que dice que para todo lo antes señalado no se asignarán recursos extras. 

¿Cree usted que la SEP, o la SSA o el Poder Judicial implementarán alguna de las recomendaciones de esta reforma en pleno austericidio gubernamental sólo porque está bien redactado? ¿Cuál es el incentivo para poner en marcha una gran idea? Ninguno. 

Esperemos que por su paso en la Cámara de Diputados algún legislador detecte que las capacitaciones, los modelos educativos y los intérpretes de LSM cuestan dinero. 

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