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Fotografía a blanco y negro, formada por líneas del rostro de Katia D’Artigues, una mujer de mediana edad que utiliza anteojos y aparece de frente, sonriendo a la cámara.Fotografía a blanco y negro, formada por líneas del rostro de Katia D’Artigues, una mujer de mediana edad que utiliza anteojos y aparece de frente, sonriendo a la cámara.

“Sólo lo que se nombra existe” y las niñas y mujeres con discapacidad

Las omisiones en presupuesto, programas públicos y hasta en los discursos llevan a que, por ejemplo, una niña con discapacidad hoy en día tenga al menos 4 veces más riesgos a vivir violencia que otra sin discapacidad, y esa situación se multiplica hasta llegar a la edad adulta.

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26 de mayo de 2021

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Katia D'Artigues

Por Katia D’Artigues

En el mundo feminista, o de los feminismos porque son muchos, se cita de manera constante una frase que es cierta:: “Sólo lo que se nombra existe y sólo lo que existe se nombra”. 

Se refieren a la cultura patriarcal que -desde el lenguaje- elimina lo femenino por la creencia arraigada de que sólo refiriéndose a lo masculino se puede incluir a las mujeres, cuando no es así (por más que la Real Academia E

spañola insista en ello).

Eso recordé al leer una nota que publicamos esta semana en Yo También y que puedes leer aquí: el resumen de un informe dolorosísimo que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) llamada «Violencia y los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad en México».

Lo que revela este informe es que, si las mujeres sin discapacidad luchamos por ser nombradas y tomadas en cuenta, hay mujeres y niñas con discapacidad que no sólo la pasan peor sino que son absolutamente invisibilizadas. Para muchas leyes, presupuestos, políticas públicas simplemente no son nombradas, no existen.

El informe, realizado con mujeres destacadas de la sociedad civil (con y sin discapacidad pero dedicadas y comprometidas con el tema) como Alma Yareli Rolander, del Centro Interdisciplinario de Derechos, Infancia y Paternalidad A.C. (CIDIP, A.C.), Fátima Reyes Osorio, de Documenta, A.C.; Flavia Anau, de Piña Palmera, A.C.; Laura Bermejo Molina y Karina Bárcena Anguiano, de Libre Acceso, A.C.; Magnolia Téllez Trejo, de CEDISH A.C.; Margarita Garfias, de Familia y Retos Extraordinarios; MaryAngel García Ramos, de Mexicanas con Discapacidad; Olga Montúfar Contreras, de Fundación Paso a Paso; Carmen Rodríguez, del Instituto Irapuatense Down; y y Gabriela Martínez Olivares, de CONFE, lo deja claro.

Aunque el Artículo 1o. Constitucional -que este próximo 10 de junio cumplirá ya 10 años de su reforma histórica en Derechos Humanos al incorporar a la Constitución todas las Convenciones de Derechos Humanos en un par de líneas que amplían derechos a toda la población-, todos los días en este país los reglamentos, las leyes secundarias, las políticas públicas ‘matan’ y ‘violan’ a la Constitución.

Si las mujeres y las niñas con discapacidad no están mencionadas expresamente en todos lados, sencillamente son invisibles. 

¿Por qué pasa esto? Por muchas razones: porque no estamos acostumbrados a la diversidad, incluso entre mujeres; también porque para acceder a sus derechos, como las demás, sí necesitan de presupuestos, de ajustes razonables, de que las vean. Ejemplos hay muchos, en todos lados, pero hay muchos datos en ese informe y muchas cosas hay que hacer para cambiar la dolorosa realidad, comenzando desde la conciencia de las personas servidoras públicas que trazan programas y también de los y las diputadas que deben de incorporar al presupuesto anual de la Federación recursos etiquetados para ellas. 

Las mujeres y niñas con discapacidad, pues, no sólo no son vistas, sino que viven mucha más violencia (sexual, económica, negación de sus derechos a una salud sexual y reproductiva) que, además, se ha recrudecido con el encierro por la pandemia. Esos datos algún día, ojalá, los conoceremos. Al menos como referencia en otros países porque en este, como hemos escrito en muchos momentos, adolecemos de muchas cifras para trazar políticas públicas adecuadas. Y eso suponiendo, de manera bien intencionada, que más allá de becas y acceso a deportes adaptados como planteó este gobierno en su Plan Nacional de Desarrollo y en las pocas propuestas de los partidos políticos rumbo al 6 de junio (como dejamos en claro la semana pasada, lo pueden leer aquí) que haya mucho más -y exijamos que así sea- en todos lados. Es una cuestión de mera justicia, de respeto a los derechos humanos.