Un discurso que atrasa

El 4to Informe de Gobierno, sus datos erróneos y esa vieja costumbre de infantilizar a las personas con discapacidad.

El jueves pasado fue el 4to Informe de Gobierno y siempre es una oportunidad para entender las prioridades, los logros y las áreas de oportunidad de una administración. 

Se vale elegir qué decir y qué no decir. 

Lo que no se vale es dar datos erróneos y usar términos que no corresponden a los mínimos estándares de ‘lo políticamente correcto’. 

Y fue lo primero que Katia D’Artigues detectó en el discurso en Palacio Nacional y luego en el pesado volumen del documento completo que terminó en el Congreso. 

El Presidente no ha cambiado de opinión ni de postura frente a los y las personas con discapacidad en este país. 

Hasta esta semana podríamos haber dicho que “es que nunca acepta que se equivoca”, pero nos calló cuando reconoció que sí cambió de opinión en despotricar contra la militarización de la seguridad interna. Ahora se ha vuelto un fan de los uniformes camuflados. 

Pues sería una gran señal a los más de 20 millones de hogares que vivimos con alguien con discapacidad que en este sentido también diga “cambié de opinión”. 

Porque en su discurso como siempre, repite que ya hay un millón de niños y niñas pobres y con discapacidad que reciben una pensión. Pero debería echar un ojo a los requisitos etáreos que puso su propia secretaría de Bienestar (de 0 a 29 años y adultos con discapacidad de 30 a 64 años). Y si nos ponemos calculadora en mano, la mayoría no son niños. Ya es hora de cambiar de opinión y también de olvidar esa vieja costumbre de infantilizar a las personas con discapacidad. 

También se agradecería que sus asesores lo ayudaran con un fact checking interno porque según el propio texto del Cuarto Informe este año solo 973,544 personas reciben este bono bimensual. 

Se olvidó de su alianza con Teletón (cuyos datos sobre la cantidad de beneficiarios nuevos también sigue siendo un misterio), y se olvidó de la educación. Hay menos alumnos con discapacidad matriculados en educación básica, y eso que ya eran una rara avis en el intrincado sistema educativo mexicano (solo 25 por ciento de los mexicanos con discapacidad en edad escolar está en un salón de clases). 

El asistencialismo, sí, una imagen de propaganda oficial de una tarjeta Bienestar en manos de una persona sonriendo desde su silla de ruedas, es un mensaje que atrasa. 

Porque esa persona no tuvo mejor acceso a salud, ni ajustes mínimos para gozar de sus derechos en cuestiones de seguridad, cultura, protección civil, vivienda o empleo. 

Sólo 0.17 por ciento de los mexicanos que accedieron al programa Jóvenes Construyendo el Futuro tenían una discapacidad. 

El gobierno consiguió que en un año calendario apenas 2 mil 598 personas con discapacidad consiguieron un trabajo: 6 personas por día, nada más. En ese mismo lapso dejó que cada día 33 mexicanos en edad escolar dejaran la escuela. No hay que ser un estadista para saber que a menos educación menos oportunidades de independencia y acceso a un empleo.

2 mil 850 pesos cada dos meses a menos del 5 por ciento del total de las personas con discapacidad en el país no es la solución a la inclusión, ni a la dignidad de nadie. 

Por Bárbara Anderson

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