La irresponsabilidad

Por Katia D’Artigues

Este martes, en la conferencia de la mañana que por estos días no conduce el presidente porque tiene COVID-19, el subsecretario Hugo López-Gatell anunció un portal en el que pidió que las personas mayores -con Clave de Registro Único de Población en mano- se registraran para obtener un folio y así ir programando la vacunación contra el SARS-CoV-2  (que aún no llega, hay que decirlo). 

El portal se saturó, no funcionó; tuvieron que poner un letrero que decía que pronto se arreglaría. A días de esto sigue sin funcionar de manera óptima. Considerando que hay, por lo menos, 15 millones de personas mayores con discapacidad deseosas de ser vacunadas, la mayoría, y familiares preocupados por tener ese folio-esperanza, ¿cómo es posible que no previeran que se saturaría? Era obvio que tendrían que tener varios super servidores, respaldos. Me parece de una increíble irresponsabilidad jugar así con el deseo de vida de muchas personas. 

También me siembra muchas dudas. ¿Que no hay un Censo del Bienestar que ya identifica a la gran mayoría de personas mayores que reciben de manera universal una pensión directa del gobierno? ¿O el censo, como suponemos, es tan malo que no lo pueden usar? 

Yo sé que estamos en tiempos de internet y que tiene que ser a distancia, por la pandemia, pero, ¿a quién se le ocurre hacerlo sólo por este método cuando son las personas mayores las que mayor brecha digital tienen? ¿No pudieron tener a la par un call-center de llamadas telefónicas, otras opciones? ¿Qué pasa con una persona mayor en Chiapas que no tiene ni acceso a internet o que está en una población indígena en la Sierra Tarahumara?

En fin. Que el mismo López Gatell dijo, luego, que ya se tienen detectadas a 11% de la población de personas mayores que -según una encuesta, que no el censo famoso, de Bienestar- tendrían que ir a ser vacunadas a donde estén por falta de movilidad, entre otras cosas. Se llaman “Brigadas Correcaminos” e irán a hogares de personas mayores, asilos, prisiones o casas para aplicárselas. 

Mientras como en la caricatura, y el ‘correcaminos’ no se torne en ‘coyote’ que siempre se encontraba con algo marca Acme y haga ¡pum!,  suena bien. De nuevo, la burra no era arisca, ¿cómo confiar, con la forma en que ha sido manejada la pandemia, en que esto sí lo van a hacer bien?

Otra mala noticia es que –contrario a lo que nos dijo aquí Ricardo Cortés Alcalá en una entrevista que le hice hace dos semanas– tampoco en el registro en línea se pregunta si la persona mayor que se registra tiene una discapacidad o una comorbilidad (diabetes, hipertensión, por ejemplo). Entonces, ¿en dónde quedó que sí se vacunaría de manera preferente a las personas con discapacidad aunque fuera por edad, cuando les tocara, como nos dijo el funcionario? 

Pues al parecer a la mera hora se les olvidó contemplarlo. Qué irresponsabilidad.

¿Será la página de registro de vacunación accesible para personas con discapacidades? Bueno, habrá que checarlo. 

Para acabar con el rosario de las irresponsabilidades de la semana está también la nota de seguimiento que traemos del caso de Arturo Medina Vela, el joven con discapacidad psicosocial por el que desde octubre de 2019 el Comité sobre los Derechos de la personas con discapacidad de la ONU en un caso individual le exigió al gobierno mexicano que le ofreciera una disculpa, que reparara el daño. 

Medina Vela estuvo cuatro años en la cárcel, acusado de robarse un coche (cuando no sabe manejar) e impedido de defenderse a sí mismo por tener discapacidad psicosocial e incluso sometido a un tratamiento forzoso.

Sobre el caso ninguna autoridad mexicana ha dicho ni pío aún de manera oficial. Ninguno de los dos subsecretarios de Derechos Humanos de este gobierno: Alejandro Encinas, de Gobernación, ni Martha Delgado, de la secretaría de Relaciones Exteriores.

Irresponsabilidad al interior y al exterior, también con los compromisos internacionales que tiene México de sí escuchar a la ONU y tomar acciones al respecto que cambien la vida de millones de personas.