Fotografía a blanco y negro, formada por líneas del rostro de Katia D’Artigues, una mujer de mediana edad que utiliza anteojos y aparece de frente, sonriendo a la cámara.
Editorial

La consulta, ay, esa consulta

México firmó la Convención Nacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y se obligó a cumplirla. Sin embargo, no son pocas las ocasiones en que la olvida y hace un lado una de sus premisas fundamentales, justo la que habla de consultar a las pcd cuando se promuevan cambios legislativos que las afecten.

Katia D’Artigues

El martes 29 de junio, la Suprema Corte de Justicia anuló los capítulos de educación indígena y educación incluyente de la reforma del año 2019 a la Ley General de Educación. ¿La razón? Los legisladores olvidaron -otra vez- una obligación que está en la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad (CDPD):  realizar una consulta con los grupos a los que afectaría o beneficiaría esa ley. 

Los y las ministras de la Suprema Corte lo votaron por unanimidad. Declararon la invalidez de 10 artículos y dieron un plazo de 18 meses al Congreso para que convoque a consultas tanto con pueblos indígenas como con personas con discapacidad (pcd), aunque por el momento esos artículos seguirán vigentes.

Los ministros fueron claros: los foros previos a la aprobación de la ley, por lo general llamado “Parlamento Abierto” no es lo mismo que una consulta a estos grupos. En agosto del año pasado, ante la discusión de la Ley General de Salud Mental, dos abogados expertos en derechos humanos, Mariana Díaz Figueroa y David Boone de la Garza hicieron un artículo al respecto. Lo pueden leer aquí.

Ahora bien, ¿qué es la consulta y cómo logramos que sí haya una consulta en las leyes que afecten a personas con discapacidad? Es todo un debate.

Lo primero que hay que hacer es leer lo que dice la misma CDPD, que nuestro país firmó, ratificó y ahora está obligado a cumplir. Está en el Artículo 4 de “Obligaciones Generales” y en el numeral 3 y subrayo algunos conceptos clave:

“3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan”.

El tema es ¿cómo se hace una “consulta estrecha”? ¿cuáles son las organizaciones que representan a personas con discapacidad? 

Eso es algo que primero habría que definir. Y aunque suene a galimatías: lo primero que tenemos que hacer es una consulta para debatir cómo es que haría la consulta, cómo sí debe ser, qué es “estrecha” y quiénes deberían de participar para que las leyes y -ojo- también las políticas- se consideren validadas por “organizaciones que representan a personas con discapacidad”. Tras la consulta para definir la consulta y cuáles son las organizaciones que pueden representar a personas con discapacidad, habría que hacer un proyecto de ley que luego, claro, ¡tendría que ser consultada, también!

En un país donde tenemos tan pocas organizaciones de personas con discapacidad no es un tema menor. Ojo: me refiero a organizaciones formadas por personas con discapacidad y no las que dan servicios a ellos y que cada día son mucho más ante el criminal lavado de manos de este gobierno que sólo da pensiones a 1 millón de pcd, para sobrevivir, pero que hace poco más. También está en falta, desde el inicio del sexenio, como hemos denunciado hasta el cansancio de la falta de un organismo que impulse políticas públicas al interior de los gobiernos: el Conadis o cualquier institución que se decida (que también debería consultarse) y que también es una obligación del Artículo 33 de la misma CDPD. 

No es la primera ley que cae por la falta de consulta a personas con discapacidad. Una de las primeras veces que se discutió fue en 2017, con las acciones de inconstitucionalidad que interpuso la entonces Procuraduría General de la República a la Constitución de la Ciudad de México. Hubo opiniones divididas y se mantuvo, pero toda la Constitución estuvo a punto de ser declarada nula.

Desde entonces se ha hablado de la necesidad de regular esta obligación. El ministro Arturo Zaldívar, quien entonces no era el presidente de la Corte, trazó, en ese momento un pequeño esbozo de cuestiones mínimas: la consulta debería, dijo, ser previa, informada y también en formatos accesibles, por ejemplo. 

También la Observación General número 7 del Comité por los derechos de las personas con discapacidad de la ONU ha dicho que antes de aprobar leyes, reglamentos o políticas, tienen que ser accesibles en todos los sentidos y aspectos. Deben comenzar desde las fases iniciales y las personas con discapacidad deben contribuir al resultado final de todos los procesos.

¿La Ley General de Educación está mal? Hubo avances pero como todas las cosas siempre es mejorable, por supuesto. Al menos está mejor que el proyecto original (Yo También, junto con otras organizaciones, como Conapred, Copred, Mexicanos Primero, cabildeamos la integración de algunas obligaciones como la inclusión y también la eliminación de barreras, medidas a favor de la accesibilidad y también los ajustes razonables). ¿Se puede hacer mejor ahora que el Congreso -tanto la Cámara de diputados como la de Senadores tendrán que re-discutirla a la luz de la consulta? Sí. Agustín de Pavía escribió al respecto. 

Pero más que nunca: ¿qué legislador o legisladora levantará la mano para destrabar el galimatías de la obligación de la consulta? Urge.

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