Fotografía de Bárbara Anderson, una mujer de edad adulta, cabello ondulado, ojos grandes, utiliza anteojos y aparece sonriendo frente a la cámara, con efecto de líneas en blanco y negro sobre su rostro.
Editorial

… es el registro, estúpido

Una vez la pandemia por COVID-19 y su impacto en las personas con discapacidad nos reta y, en México, les salimos debiendo ¡todo!

Por Bárbara Anderson

No estoy haciendo bullying a ningún funcionario, solo me acuerdo de aquella famosa frase de Bill Clinton en su campaña electoral frente a George Bush en 1992: “es la economía, estúpido”.

Luego se ha repetido hasta el cansancio en mil otros casos para destacar lo que es esencial en determinada situación. 

Esta semana -después de muchos reclamos de la sociedad civil-, finalmente la subsecretaría de Salud anunció que se procedería a vacunar a las personas con discapacidad entre los 15 y 39 años. 

El rango de edad importa, porque aquellas personas con discapacidad por encima de los 40 años y que pudieron trasladarse a un centro de vacunación ya fueron vacunados. Podríamos decir que ‘cumpleaños mata a condición’. 

Pero el volumen de personas con alguna discapacidad que queda en el rango que anunciaron el martes en la conferencia diaria de la pandemia no es menor: son 4 millones 440 mil 791. 

Estos son los datos que arrojan el corte etáreo de los resultados del censo 2020 donde se contabilizaron 20 millones 838 mil 108 personas con alguna limitación, discapacidad o problema o condición mental. 

Pero no era el número que rondaba en la cabeza de los funcionarios a cargo del Plan de Vacunación contra el COVID-19. No son pocos quienes aún tienen como referente el dato de 2010 que señalaba que en México había 7.1 millones de personas con discapacidad. Si tomamos en cuenta que de este número (acertado o no, eso siempre fue material de discusiones y metodologías) 8 de cada 10 eran personas mayores de 30 a 60 años (y ya estaba en su mayoría vacunados desde la fase 1), el remanente de pcd más jóvenes era de 1.2 millones de mexicanos. 

Cuando se comenzó a discutir la manera en la que se iba a llevar a cabo un plan de vacunación específicamente para pcd, esa era la cifra de vacunas que se pensaban destinar. 

Pero de 1.2 a 4.4 millones hay una diferencia de 270% más (3 millones 200 mil vacunas, una vez y media la población total de Guadalajara). 

Entonces ‘la cifra’ fue un primer tropezón. 

El segundo fue el ‘cómo’: ¿cómo se van a filtrar las pcd para que reciban sus dosis? ¿qué van a presentar para validar su discapacidad? ¿qué sucede con las discapacidades no visibles como son las psicosociales, empezando por ejemplo con la depresión? 

Porque el Censo 2020 -otra vez- peca de cierta vaguedad al determinar que son personas  “con alguna limitación, discapacidad o problema o condición mental”. Si recuerdan las preguntas que hacían los encargados de levantar los datos, se preguntaba si en el hogar había alguna personas con dificultades de movilidad o limitaciones y ‘otras’, quedando en este ítem la esquizofrenia, autismo y síndrome de down. Es decir que las discapacidades psicosociales e intelectuales no estaban del todo consideradas. 

Y todo esto cae en un lugar común: la falta de un Registro Nacional de Personas con Discapacidad. Y no crean que es algo que se nos ocurre como buena idea: es una ley aprobada en 2018 que jamás ha sido cumplida. 

Con un Registro completo no serían necesarias estas danzas de cifras ni estos problemas filosóficos de qué es y qué no es una discapacidad. 

La pandemia vuelve a poner en la mesa esta necesidad, en realidad esta obligación legal de tener implementado el Registro, que ayuda en situaciones extremas como es esta vacunación masiva o para cualquier otra decisión de estado, de presupuesto o de políticas públicas que se necesitan. 

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