«Hay una erosión significativa en el ejercicio de los derechos»

Por Itzel Ramírez

El Senado de la República ha sido, en tiempos recientes, escenario de algunas de las reformas más importantes en materia de derechos de las personas con discapacidad.

La reforma laboral, la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial o la propuesta de cambios a la Ley de Instituciones de Seguros, son solo algunos de los temas que se han discutido en la Cámara alta y que tienen impactos tangibles en la vida de las personas con discapacidad.

En cada una de esas discusiones, el senador independiente Emilio Álvarez Icaza Longoria ha estado presente, proponiendo reservas, planteando reformas más ambiciosas, con la mirada en la protección más amplia para las personas con discapacidad.

Con la experiencia a cuestas de haber sido secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el senador se refiere a la trascendencia de las reformas aprobadas en el Senado.

Con dos reformas fundamentales pendientes de aprobación, una sobre educación inclusiva y otra sobre acceso a créditos de vivienda, ¿cómo podemos evaluar el trabajo de esta Legislatura?

Tiene que ver con una agenda que busca reducir brechas, hay una discusión en el Senado, déjeme decirlo, como de democracia social, es decir, cómo generamos que todos los grupos de la población puedan ir ejerciendo distintos derechos y en este caso tanto las condiciones de vivienda como de educación son uno de los obstáculos, de las barreras invisibles que tienen las personas con discapacidad.

Hay una política pública que en realidad lo que hace es dificultar en muchos temas y el fenómeno de la armonización a partir de la Convención y otros instrumentos es ir poco a poco tumbando barreras, yo esperaría que estas reformas pudieran entrar lo más pronto.

¿Cuáles son los pendientes que más urgen, que considera fundamentales para el avance de la agenda de derechos de las personas con discapacidad?

La discriminación está muy normalizada, entonces hay distintos tramos que todavía, me refiero a tramos legislativos, a leyes, a obra pública, a gestión pública, a política pública, que los principios universales en materia de ejercicio de derechos humanos para todas y todos que está plasmado en la constitución no son suficientes para garantizar derechos, entonces lo que ha sucedido es que estamos trabajando piezas legislativas específicas, laborales, educativas, incluso estábamos discutiendo un tema que tiene que ver con evitar la violencia sexual y el acoso sexual para las mujeres con discapacidad.

¿Cómo se genera una protección específica en términos de garantía de derechos y cómo la ley se convierte en un piso base?

Yo pienso que los temas en materia de seguridad social, de salud pública, de educación, de vivienda van a ser parte de la agenda que vamos a ver, incluso vamos a tener la visita la próxima semana de un grupo de personas con discapacidad intelectual para discutir los términos de su representación y participación política y en términos de igualdad jurídica.

Luego de legislar, ¿qué sigue para que esas reformas no se hagan ‘letra muerta’, cuál es la obligación ahí del Senado?

Tenemos dos desafíos, uno corresponde al Senado y otra no, la primera es poder ir terminando este armado legislativo de armonización que garantice derechos para todas y todos, ese es un primer proceso.

Hay un segundo ejercicio en leyes federales y generales de armonización estatal, ahí creo que tenemos el brinco más fuerte, muchos de los principios de orden federal no han llegado al orden estatal ni municipal, entonces en materia legislativa el más grande es armonización.

El otro tema es un tema de política pública y ahí tienen especialmente responsabilidad los poderes ejecutivos, el cumplimiento de la ley no es necesariamente área legislativa y ahí pienso que infelizmente estamos viviendo un debilitamiento muy constante en la política pública, vamos, ni siquiera hay titular.

La política pública se ha centrado en la transferencia de recursos y está más que demostrado a nivel internacional que no basta la transferencia financiera para garantizar derechos, infelizmente esta administración no lo entiende y más infelizmente cuando ves que el modelo se reproduce en los gobiernos donde está la mayoría, el modelo de López Obrador lo están reproduciendo en las entidades, eso hace un enorme daño, porque no solo son temas de dinero, son temas de garantía de derechos, entonces lo que estamos viendo esencialmente es un debilitamiento de la política pública.

Parece que estamos en un escenario contradictorio. De un lado las reformas legislativas de las que hablamos, pero del otro están las propuestas impulsadas por Morena de materializar la interdicción o de cortar apoyos a refugios de mujeres, ¿cómo ve esta situación?

Significa que no se han asumido los principios, los paradigmas que están en la Convención, entonces hay una especie de disociación, hay una especie de desconocimiento, no considera las obligaciones del Estado mexicano en la materia. Esta Convención estaría incluso por encima de este código, el problema es que las y los operadores de justicia se refugian en estos códigos desatendiendo la Convención. La Convención estaría solo bajo la Constitución, tendría una jerarquía mayor, pero como no se conoce, entonces empiezan a promoverse principios y entendimientos y lógica preconvencional y es muy preocupante porque se esperaría que en este momento avanzáramos con mucha vehemencia en materia de derechos y lo que veo constantemente son alertas y alarmas de las organizaciones que dicen, ‘oye esto es un atraso, esto es peligroso, esto está mal’ y todo el tiempo tenemos que estar al acecho y a la zaga a ver qué va a retroceder, es muy estar a la expectativa.

¿Cuál es el balance de este sexenio?

Hay un debilitamiento de la política que va a hacer mucho daño, la ley es un piso y estamos avanzando en ese firme pero no se puede edificar y no se puede avanzar más aceleradamente, lo que yo creo que el resultado va a ser que en este sexenio va a acabar presentándose una disminución o una erosión, una afectación significativa en el ejercicio de los derechos y no solo por la afectación en política pública, querer desaparecer Conadis es no entender la necesidad de una política pública específica pero también de carácter transversal, no se entiende y eso es muy grave, pero lo otro es que uno de los grandes motores de política pública y de interés público incluyente viene de las organizaciones de la sociedad civil y este gobierno como ninguno está atacando y no están exentas las organizaciones de las personas con discapacidad, bien donatarias o no y entonces esa disminución de capacidad social es disminuir el tejido social y eso va a acabar afectando también.