Hace un mes, en 7 de cada 10 mujeres con discapacidad sufrieron violencia compartimos los estremecedores resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que revela lo que se vive en México.
Las cifras confirman que, a lo largo de su vida, la totalidad de las mujeres y niñas enfrentan un índice de violencia alto, del 70.1 por ciento. Pero que para aquellas con discapacidad la tasa aumenta a 72.6 por ciento.
La encuesta contempla cinco categorías de violencia: psicológica, física, sexual, económica y patrimonial, que en el último caso se refiere a cualquier acto u omisión que afecte la supervivencia de la víctima.
Estos resultados fueron analizados por Human Rights Watch, que subraya un aspecto revelador: “la encuesta no captó en forma suficiente información sobre mujeres y niñas con discapacidades psicosociales o condiciones de salud mental”.
De acuerdo con la publicación El fuerte impacto de la violencia de género contra las mujeres con discapacidad en México, es importante que cuando en México se recaben datos sobre violencia contra las personas con discapacidad se haga un esfuerzo coordinado para reunir información sobre niñas y mujeres con discapacidad psicosocial, a fin de comprender cabalmente la magnitud del problema.
Otra área que no está presente, dice, son las mujeres que se encuentran institucionalizadas, lo cual de por sí representa un abuso contra las personas con discapacidad.
“No se dispone de datos nacionales acerca de las personas con discapacidad que viven en instituciones, donde es improbable que se denuncien la mayoría de los eventos violentos”,
alerta.
De ahí que pida que los organismos públicos en todos los niveles analicen estos nuevos datos y reconsideren sus políticas y prácticas con el propósito de contribuir a la seguridad de las mujeres y niñas con discapacidad.
En México está en trámite un proyecto legislativo para que las mujeres con discapacidad cuenten con servicios accesibles que las protejan frente a la violencia.
“El año pasado, una coalición de organizaciones de mujeres con discapacidad y otras organizaciones no gubernamentales, entre ellas Human Rights Watch y Yo También, presentaron una propuesta para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia estableciendo la exigencia de que los albergues para mujeres hagan accesibles sus servicios a las mujeres con discapacidad y, entre otras cosas, presten los servicios de apoyo necesarios para que puedan escapar de la violencia.
“Si bien el Senado aprobó la propuesta en noviembre de 2021, esta se encuentra detenida en la Cámara de Diputados”.Ahora que cuenta con evidencias concretas sobre los altos índices de violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad que surgen de la encuesta del INEGI, el poder legislativo debería capitalizar esta oportunidad de impulsar el proceso legislativo y asignar los fondos que sean necesarios, indica la organización.
“Estas reformas ofrecerían protecciones largamente postergadas a mujeres y niñas con discapacidad que llevan tiempo sufriendo, sin ninguna ayuda ni posibilidad de recurso”.
Por Redacción Yo También
