La cabeza de esta editorial puede sonar obvia, ¿están de acuerdo?
Pongamos un ejemplo: si yo digo que voy a “promover” que el mundo sea un mundo más justo, no es lo mismo que diga que lo voy a “garantizar” (aunque de igual manera es muy difícil lograrlo).
También si “llamo” o, su primo formal, “exhorto” a todas las autoridades a que hagan algo, no es lo mismo que si, mediante una ley, por ejemplo, les obligo a hacerlo para garantizar algo, un derecho.
Hay muchos incentivos para hacerlo: uno puede poner plazos para que lo logren e implementen y hasta multas si no lo logran. Así todas las personas se ponen las pilas.
También digamos que yo puedo decir que algo será “universal”, es decir para todas las personas, y por eso aumento el presupuesto histórico… pero, si no lo logro, es claro que la declaración es falsa. Atole con el dedo, decimos de manera popular.
Pues esto es lo que ha pasado en los últimos días en nuestro país. Vamos por partes.
En el Senado esta semana pasaron un “punto de acuerdo” -que es como una llamada a misa: va el que quiere- donde se “exhorta” y “con pleno respeto a sus autonomías” a que los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) de las 32 entidades federativas tengan sistemas aumentativos y alternativos de comunicación en sus sitios oficiales de internet para que las personas con discapacidad tengan acceso a la información.
Por supuesto que esto es mejor que nada, por lo que agradecemos mucho a la senadora Kenia López Rabadán que haya presentado este punto de acuerdo justo como lo prometió en un foro que organizamos, en agosto, varias organizaciones de la sociedad civil. Fue aprobado, además, por unanimidad.
Luego vino una reforma a la Ley General para la Inclusión de las personas con discapacidad también para lograr la accesibilidad física y a las comunicaciones.
Los senadores fueron a la “congeladora” (ese lugar donde van a descansar las iniciativas que se presentan pero no se han aprobado y que es un lugar más grande que la Antártida en la Era del Hielo) y desempolvaron una iniciativa que presentaron en la Cámara de diputados en 2016, ¡hace seis años ya!
La idea es buenísima y justa: lograr que todas las personas con discapacidad -y sus animales de servicio- no tengan restricciones para acceder a cualquier lugar (es decir, accesibilidad universal) en “condiciones dignas y seguras”. Y también que puedan acceder a las comunicaciones “incluido el internet y la banda ancha”.
Pero… el verbo. Ah, el verbo. Dice “promoverá”. No “garantizará”.
Son pasos importantes, sin duda y no queremos pasar por malagradecidas porque estas son reformas que se lograron por la presión de la sociedad civil organizada… pero… no es suficiente.
Desde aquí hacemos un llamado a Kenia y a muchos otros senadores y senadoras aliadas así como a los y las diputadas para que mejoren esto.
Anden, sí se puede y además, se debe: ¡pongan “garantizar”, plazos y multas! Si no se hace así, con “dientes”, la mera verdad es que las autoridades siempre dirán, típico, que hay algo más importante en lo que invertir que lograr que ¡20 millones de mexicanos y mexicanas! se puedan informar.
Y ya que hablamos de cosas a mejorar (por ponerlo bonito)
No se pueden perder el reportaje que nuestra colega Itzel Ramírez hizo sobre la Pensión para el Bienestar de las personas con discapacidad ¡basada en datos oficiales!
Si bien el presupuesto del año que entra aumentó en 5 mil millones de pesos, cifra nada menor, la verdad -aunque Ariadna Montiel van varias veces que dice lo contrario- aún no se llega a este número. ¡Incluso dijo, en el Senado, que 6 de cada 10 personas con discapacidad reciben una pensión! Mmm, pues la verdad, no. Que no le digan, que no le cuenten.
¿Lograrán con el aumento de 5 mil millones este año el objetivo de llegar a 1 millón 618 mil 85 beneficiarios como dice la secretaría de Hacienda? No soltamos el tema. ¿Que es un programa “universal”? Pues realmente no, quizá algún día.
¡Que tengan un muy buen puente!
Por Katia D’Artigues
