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Una de cada 5 pcd, sin acceso a servicios de salud

Fotografía de dos mujeres que están frente a frente. Una es joven, de cabello oscuro y largo, tiene un estetoscopio azul en las orejas, viste una bata blanca. La otra mujer, de edad madura, tiene discapacidad intelectual y cabello lacio abajo de la oreja, viste camiseta blanca y pantalón morado. Está sentada sobre una mesa de exploración. Tiene una banda gris en el brazo que es parte de un baumanómetro.

Los cambios en la estructura de salud pública ha significado un retroceso; además, la discapacidad hace aún más grave que se carezca de una afiliación.

Por Itzel Ramírez

En México, una de cada cinco personas con discapacidad no está afiliada a ningún servicio público o privado de salud, de acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De los 6 millones 179 mil 890 de personas que viven con algún tipo de discapacidad, 1.4 millones viven sin cobertura de servicios médicos, es decir, 23.8 por ciento de las pcd no está afiliada ni al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tanto en su modalidad federal como de cada entidad federativa, a los servicios médicos de Pemex, de las secretarías de Defensa o Marina, al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), al IMSS-Bienestar, o a alguna institución privada.

A nivel nacional, la falta de afiliación a algún servicio médico representa el 23.8 por ciento, lo que significa que poco más de una de cada cinco personas con discapacidad no cuenta con algún esquema de cobertura de servicios de salud.

Aunque entre la población en general la carencia de servicios de salud es todavía mayor (26 por ciento), la condición de discapacidad hace más grave que no se cuente con una afiliación, consideró Olga Montúfar, presidenta de la Red Global de Personas Indígenas con Discapacidad.

“Tenemos un sistema que no garantiza el acceso a la salud de las personas con discapacidad y eso se ha agravado en los últimos años. Nos debe de preocupar que el gobierno lo que nos ofrece a las personas con discapacidad es solamente una beca que realmente no cubre todas las necesidades y que con esa dádiva quieren limpiarse las manos”, dijo Montúfar en entrevista.

Dijo que en su experiencia como activista ha presenciado cómo, al no tener cobertura de servicios médicos, hay familiares de personas con discapacidad que deben cubrir altos costos por atención de emergencias.

“Hemos visto casos de niños con discapacidad que deben desembolsar cuotas exorbitantes por cinco días que están internados, pero también están los casos cotidianos de las consultas, de la compra de medicamentos, de los servicios que se requieren con regularidad y que son absorbidos de manera particular”, mencionó.

Cuando a la discapacidad se le agregan otras condiciones de vulnerabilidad, la carencia de cobertura es todavía más, recordó Montúfar.

Hubo pérdida de derechos en el actual gobierno

La activista dijo que la desaparición del Seguro Popular para transformarlo en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), significó la pérdida de derechos para muchas personas con discapacidad, pues la cobertura no es la misma.

“Las personas con discapacidades psicosociales la verdad es que muchas veces terminan olvidadas y en crisis porque los medicamentos son inalcanzables y el servicio que antes les brindaban no se los dan ahora, con esto no quiero decir que el Seguro Popular era lo máximo, pero era por lo menos un piso mínimo, algo que ahora ya no se tiene”, agregó.

La pregunta que se incluyó en el Censo 2020 para conocer la cobertura fue: ¿está afiliada(o) o tiene derecho a servicios médicos en Seguro Social, ISSSTE, ISSSTE estatal, Pemex, Defensa o Marina, Seguro Popular o para una Nueva Generación o Instituto de Salud para el Bienestar, IMSS-Prospera o IMSS-Bienestar, un seguro privado, otra institución?; en caso de contestar que no, el cuestionario incluyó otro reactivo para corroborar la falta de afiliación: Entonces, ¿no está afiliada (o) ni tiene derecho a servicios médicos?

Los datos del Inegi sobre cobertura en personas con discapacidad no consideran a la población con algún problema o condición mental ni a la población con limitación para realizar actividades cotidianas, poblaciones que junto a las pcd suman 20 millones 838 mil 108 personas.

La información del Inegi indica que de los tres millones 275 mil 692 de personas con discapacidad que se identificaron como tal, 735 mil 876 no están afiliadas a ningún servicio médico; mientras que de los dos millones 904 mil 198 hombres con discapacidad, hay 738 mil 935 sin afiliación.

Afiliaciones en el sector público

El IMSS es la institución con más personas con discapacidad afiliadas, con 2.2 millones, seguido del Insabi con 1.7 millones y del ISSSTE con 402 mil, mientras que el IMSS-Bienestar es el que menos beneficiarias y beneficiarios tiene, con apenas 45 mil 4 personas, superado incluso por las 52 mil 169 que dijeron tener afiliación en alguna institución privada.

De acuerdo con Olga Montúfar, además de las carencias en servicios médicos, el entramado público institucional que sí cubre a algunas personas con discapacidad encierra otros problemas que dificultan el pleno ejercicio del derecho a la salud.

A la falta de medicamentos y saturación de los servicios, las personas con discapacidad tienen que sumar los gastos que supone su condición y los costos de solo tener atención especializada en centros urbanos.

“Hay miles de comunidades en el país que únicamente tienen cerca un centro de salud que, además, da servicio a otras comunidades, de manera que hay un médico y dos enfermeras para atender a más de tres mil habitantes».

“Cuando hay que viajar a la ciudad para tener la atención que no hay en ese centro de salud, las personas tenemos que asumir el costo de los traslados, de los alimentos e incluso del hospedaje, termina siendo realmente caro incluso para quienes sí están afiliados a un servicio de salud”, comentó Montúfar.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) considera dentro de su metodología para la medición de la pobreza que la falta de afiliación o adscripción a alguna institución de salud es considerada una carencia de acceso a servicios de salud. 

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