Esta semana el tema de la representación en el Congreso de las personas con discapacidad y otros grupos históricamente excluidos ha logrado posponer (al menos hasta que esto escribo) la votación de una reforma importantísima que reduciría facultades al Tribunal Electoral. Eso es una gran noticia.
Este intento de reforma constitucional se da tras que el famoso “Plan B” del presidente López Obrador se suspendió hasta que sea discutido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por temas de inconstitucionalidad que también incluyen, por cierto, el retroceso en lugares de representación para minorías.
Fue muy emocionante que esta semana, algo que no había sucedido al menos en este sexenio donde se han aprobado temas muy controversiales, más de 90 diputados y diputadas de partidos que apoyan la reforma como Morena, PT, PVEM y el PRI se rebelaron y dijeron públicamente que no votarán a favor. De estos y estas legisladoras, 60 son de Morena.
La mañana del jueves, la bancada del PAN también decidió que tampoco apoyaría la reforma.
¿Por qué es importante el Tribunal Electoral y qué dice la buscada reforma que ha provocado que tantas personas levanten la voz y digan que no?
La reforma limita al Tribunal y dice que, en materia de asignación de espacios electorales para que se represente lo más fielmente a toda la población, será el Congreso quien parta el pastel, digamos.
¿Esto porque está mal? Bueno pues porque contradice la Constitución en su artículo 1o, párrafo tercero, uno que fue modificado con la histórica reforma en derechos humanos del 2011. En ese párrafo se dice que todas las autoridades, todas, tienen la obligación de “promover, respetar, proteger y garantizar” los derechos humanos en sus ámbitos de competencias.
Y sí: la representación de personas en situación de vulnerabilidad, que por lo general no llegaban al Congreso, a los puestos de poder, es un derecho humano. Uno en el que se ha ido avanzando para mejorar la representación vía las famosas “acciones afirmativas”: lugares reservados para estos grupos que, al llegar a determinados lugares, promueven, con su sola presencia que se vean y hagan las cosas de manera diferente.
En los últimos años, justo ha sido el Tribunal el que -en el ámbito de su competencia, de ahí que es importante que siga teniendo ese poder- ha instruido a otros actores, como a los partidos políticos, a que den espacio a mujeres, a personas con discapacidad, indígenas, migrantes, etc.
Ha sido mucho más progresista que otras autoridades que suelen quedarse en el status quo porque es más sencillo no cambiar y más cuando hay muchos intereses de por medio.
Estas acciones afirmativas han logrado que muchas personas que hoy tienen puestos importantes en el país sean cada vez más diversas: ha permitido que haya nueve gobernadoras mujeres en el país (ahora la mitad de las candidaturas deben ser para mujeres), que haya un Congreso paritario, que haya una bancada de personas indígenas, representantes de personas con discapacidad, de la comunidad LGBT+ y otros.
A los partidos no les ha gustado que el Tribunal les obligue. Ellos dicen que porque les “limita”, pero han tenido que cumplir. Si el Tribunal que puede mirar por encima de los intereses de los partidos y las mayorías legislativas no les obliga, ¿lo harían por ellos mismos? ¿Ustedes qué creen?
Yo lo dudo. Y también, por lo visto, están de acuerdo incluso los y las diputadas que llegaron por principios de paridad y acciones afirmativas y que se rehúsan a aprobar esta reforma.
Ojalá siga así y no se cumpla el despropósito de quitarle esta facultad y otras a un Tribunal Electoral que necesitamos fuerte y más rumbo al 2024.
Por Katia D’Artigues
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