Trabajadores con discapacidad sin protección social
La Cepal presentó un reporte latinoamericano que vincula la inclusión laboral y la falta de cobertura a quienes tienen empleo. México es uno de los peores países de toda la región.
3 de abril de 2023
Bárbara Anderson
85 millones de personas con discapacidad (pcd) viven en la región más desigual del mundo: América Latina y el Caribe. Si bien es un crisol de diferentes situaciones, es una población muy heterogénea, hay algo que los une no importa dónde residan: la exclusión social y la falta de acceso a derechos básicos.
La Cepal y Grupo Social Once acaban de publicar un reporte –Personas con discapacidad e inclusión laboral en América Latina y el Caribe- que releva y pone blanco sobre negro la enorme precariedad laboral y la baja protección social que tienen las personas con discapacidad que se encuentran empleadas.
Actualmente la mitad de las pcd en edad laboral está desocupada y las razones se repiten país a país: falta de accesibilidad en la vía pública, en el transporte y en los lugares de trabajo, la falta de ajustes razonables, la discriminación y la persistencia de esterotipos negativos.
Aquellos que están trabajando no tienen un panorama más alentador porque en este grupo -analizan ambas organizaciones- abundan los empleos mal remunerados, informales y con limitadas perspectivas profesionales. “Esta informalidad conlleva a la falta de acceso a protección social, de maternidad y de pensiones”, agrega el reporte.
Los países de la región quedan a deber en su promesa -como adheridos a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad- en lo que refiere a “diseñar políticas de sus sistema de protección social como inclusivas y no excluyentes.
Dentro de la región, México está a la retaguardia en planes de educación que incuben futuros profesionales, en planes de protección social que no sean solo entregas de pensiones ni en análisis detallado de las necesidades que mantienen a las pcd como uno de los grupos más vulnerables y con menor acceso a sus derechos básicos.
Hay barreras tangibles (como la accesibilidad física o la falta de planes de inclusión laboral) y barreras intangibles como la discriminación y los estigmas de que las pcd son menos productivas o que generan más costos laborales a las empresas.
El resumen de este pesado reporte culmina con una frase muy poderosa:
“la invisibilidad de las personas con discapacidad no presume su inexistencia”
Equitativo más no homogéneo
Uno de los puntos más interesantes del estudio es casi una obviedad pero que no es tema de discusión en muchos países, incluido México: los sistemas de protección social no deben ser los mismos para un trabajador con discapacidad que uno sin discapacidad.
Y la razón son los costos que enfrentan en cada grupo: una pcd tiene muchos más gastos fijos permanentes desde la adecuación de sus viviendas, las terapias, productos de apoyo y medicinas que necesite, los costos más elevados de transporte, las tareas de cuidado primario que muchas veces deben pagar sus familias.
“El diseño desde su base debe estar pensado de manera diferente, tomando en cuenta que un pcd ocupará muchos más recursos que alguien sin discapacidad”, explica el reporte, “y no solo pensar en los costos directos de la pcd sino en los indirectos, como el que un miembro de la familia deba renunciar a su trabajo para realizar tareas de cuidado. Esto provoca que haya hogares con la mitad de ingresos y más gastos que en un hogar sin alguien con discapacidad”.
Con esto queda claro que los sistemas no solo deben velar por las necesidades de los trabajadores sino también por su grupo nuclear, y eso no se resume solo a la entrega de prestaciones monetarias.
“Alrededor de 1 de cada 5 personas que viven en pobreza extrema tiene discapacidad y 7 de cada 10 hogares con algún miembro con discapacidad son susceptibles de caer en pobreza”,
afirma el reporte basado en datos también del Banco Mundial 2022.
Pobreza y discapacidad combinadas se correlacionan en todos los países evaluados con violencia, abandono y tasas de abandono por encima de la media de la población latinoamericana.
Desafortunadamente México es uno de los países donde es mayor el porcentaje de personas con discapacidad que viven en pobreza. La discapacidad en el ámbito de la pobreza implica una menor escolarización, algo que es directamente proporcional a la posibilidad de contar con una oportunidad laboral en el futuro.
En cuestiones de gastos asociados a salud, otro de los derechos más vulnerados, nuestro país es uno donde menos se toma en cuenta esta situación.
“En México, los hogares con algún miembro de la familia con una discapacidad gastan un 97 por ciento más en atención ambulatoria que los hogares sin pcd. Los hogares mexicanos con pcd gastaron 15 por ciento del gasto total familiar en salud, mientras que en los hogares sin pcd representa el 9 por ciento”, agrega como otro de los factores de desigualdad presentes en nuestra sociedad.
Los hogares donde viven pcd tienen menor acceso a conexión a internet (por sus costos) lo que agudiza las desigualdades.
Las barreras laborales
La inclusión laboral es un derecho que ha sido pasado por alto con mucha liviandad en todas las economías de la región, llevándose con ella un montón de derechos que comienzan a ser inaccesibles.
En toda la región la brecha promedio entre quienes trabajan y viven o no con una discapacidad es de 26 por ciento, la más alta a nivel mundial. Pero incluso dentro de Latinoamérica y el Caribe hay distancias muchas más profundas:
En el Banco Mundial se realizaron estimaciones del estatus del empleo entre personas de 18 a 59 años (con y sin discapacidad) y descubrieron que las tasas de inactividad de las pcd en edad laboral son 20 por ciento más altas que de las personas sin discapacidad.
La ‘inactividad laboral’ es una señal de todas las barreras principales para la inclusión laboral que están presentes en estas economías: la falta de acceso equitativo a la educación formal y a la capacitación para la vida independiente, las barreras del entorno (falta de accesibilidad en espacios públicos y privados, como las empresas) y las barreras actitudinales, es decir la discriminación y prejuicios que aún abundan entre los empresarios y trabajadores.
Y en muchos casos, cuando no se encuentran fuentes de empleo, las personas se convierten en emprendedores o en trabajos por cuenta propia. Esto es muy notable en toda la región excepto (nuevamente) en nuestro país:
Una barrera que impacta en las tasas de inactividad de las pcd es el desincentivo a la formalidad. Hay una directa relación entre el volumen de transferencias monetarias a esta minoría y la disminución de incentivos para continuar con capacitaciones y en la búsqueda de salidas laborales.
En algunos países las pensiones no son compatibles con un empleo formal y las personas deciden recibir un monto fijo a buscar un crecimiento profesional, teniendo en cuenta que se sienten en muchos casos como una carga para sus familias.
Hay otras restricciones, tal vez menos visibles, pero que atentan contra la oportunidad de que las pcd sean laboralmente independientes y tiene que ver con las restricciones de capacidad jurídica. En más de la mitad de los países de Latinoamérica y el Caribe se les niega la capacidad jurídica a las personas con discapacidad psicosocial.
Cuestiones tan básicas como poder abrir una cuenta bancaria o firmar un contrato laboral atentan contra la inclusión laboral.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) midió hace unos meses “la fuerza de trabajo potencial”, es decir el porcentaje de personas que deseaban trabajar pero que ciertas barreras le impedían estar en la economía activa. Dentro de esta fuerza de trabajo potencial se encuentran las pcd que están laboralmente inactivas. En toda la región el dato más exacto lo tiene Argentina, donde las pcd que desean trabajar representan 14 por ciento de la población en edad laboral.
Otro punto no menor son los sindicatos, estas organizaciones creadas para defender los derechos de los trabajadores. En toda la región no existe ni un solo ejemplo de sindicatos con perspectiva de inclusión de pcd y es nula su incidencia en contratos colectivos de trabajo que luchen por la igualdad de oportunidades laborales.
En algunos países, incluido México, se ha buscado la inclusión laboral a través de cuotas. Este modelo sólo ha sido efectivo en Brasil donde existe una plataforma en línea RadarSIT donde se monitorea en tiempo real a todas las empresas y organizaciones públicas que cumplan con las cuotas y hay un ranking de las entidades que más y menos cumplen. Alimentan estos datos las empresas, los gobiernos y los propios empleados.
En el resto de los estados, es más una declaración de buena voluntad carente de mediciones y un sistema de premios y castigos por cumplimiento o por desacato a la ley.
Protección social con enfoque médico (y no de derecho)
Según la OIT, en Latinoamérica y el Caribe es muy heterogéneo el tipo de políticas públicas de protección social. Hay un puñado de países que se conocen como ‘pioneros’ en este tema y que pueden servir de modelo para aquellos otros más rezagados, entre ellos México.
Los que llevan la punta de lanza y los casos más cercanos a una calidad mínima de servicios son Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba y Uruguay. En muchos de ellos se han ampliado sus planes de protección a la vejez a otros grupos como las pcd, pero la adaptación ha sumado el pago de servicios y apoyos que necesitan cada tipo de discapacidad.
En muchos países se consideran las pensiones no contributivas (como Bienestar) como un manera de corto alcance para cubrir necesidades básicas, más no se tienen en cuenta todas las necesidades que conlleva vivir con una condición de vida.
De la manera en que están estructuradas las pensiones en muchos estados, se convierten en un régimen de protección social que no permite a las pcd buscar un empleo formal.
“Los programas generales y las pensiones no contributivas están diseñadas desde un modelo médico que sólo considera a las pcd como ciudadanos que no tienen oportunidad de inserción laboral y que su única fuente de ingresos es el estado”, agrega este reporte de Cepal, “no es poco frecuente que en la región se consideren lo mismo discapacidad que incapacidad laboral”.
El organismo recomienda, luego de evaluar a todos los países de la región, diseñar sistemas de protección social que incorpore explícitamente a las pcd con prestaciones que sean acordes con sus condiciones y sus actividades laborales. Es fundamental vincular prestaciones monetarias y en especie que cubran todos los gastos adicionales derivados de la discapacidad independientemente de su estatus laboral.
De acuerdo con datos de la OIT, en la actualidad 40 por ciento de las pcd se encuentran excluidas de cualquier plan de pensiones o apoyos monetarios, debiendo afrontar sin apoyo estatal todos los costos de vivir con una condición de vida permanente.
Las aulas olvidadas
Lo mismo ocurre con el acceso a la educación. “Las pcd tienen en toda la región menos probabilidades de terminar su educación formal en todos los niveles”, afirma el reporte y usa una frase que me gustó y que debería ser pintada en todos los muros de los colegios:
“se necesita una educación con un enfoque de universalismo sensible a las diferencias”
Básicamente es entender las incidencias de las diferentes discapacidades en las personas en edad escolar y cómo tapar los huecos para impedir que se salgan del sistema educativo, que se tomen en cuenta las necesidades heterogéneas de esta minoría.
En la región Chile y Panamá son los países con la menor brecha en cobertura educativa entre alumnos con y sin discapacidad; México se queda a mitad de tabla y muy por debajo se encuentran Bolivia y Perú.
Y la tasa de finalización de la secundaria es un excelente indicador para medir las posibilidades de inclusión laboral, porque es un grado fundamental para conseguir abrirse paso en cualquier empleo de base. Aquí México cae en los promedios regionales y presentando una de las brechas más marcadas entre egresados con y sin discapacidad:
En general, en toda la región se estima que
sólo 10 por ciento de los jóvenes entre 25 y 29 años logra terminar sus estudios superiores
lo que muestra la enorme brecha con la que luchan para conseguir una oportunidad laboral.
Y si nos subimos un escalón más, México muestra la menor tasa de finalización de estudios universitarios de todos los países de la región, con 4.5 por ciento, siendo el promedio regional de 7 por ciento.
La Cepal calcula que la cantidad de años de escolaridad de un adulto en promedio en la región es de 11.3 años siendo de nuevo los mexicanos quienes tienen la cantidad más baja de asistencia a las aulas con un promedio de sólo 5.6 años.
Mientras que a nivel global, la Unesco ha calculado que en 25 por ciento de los países la educación de alumnos con discapacidad se brinda de manera separada del resto del alumnado en América Latina este porcentaje se eleva hasta 40 por ciento; sólo en 10 por ciento de los países de nuestra región se consideran sistemas educativos inclusivos.
Costa Rica y su canasta para pcd
Un gran ejemplo de cómo distinguir dentro de los grupos vulnerables a aquellos que cuentan con personas con discapacidad es el que lleva adelante Costa Rica, donde han desarrollado un set de canastas básicas, una “canasta no alimentaria para personas con discapacidad”, que incluye medicinas, terapias, pañales, costos de transporte especial y mejoras edilicias.
Con un mapeo muy exhaustivo por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) los ticos han podido medir algo que muchas veces se da por sentado de la relación de discapacidad y pobreza. “Observamos un aumento de 93 por ciento de hogares en situación de pobreza en los que vive una pcd y de 112 por ciento en aquellos de pobreza extrema, misma que escala hasta 146 por ciento en los casos donde la discapacidad es física”, explica el reporte de Cepal y la Once.
Por Bárbara Anderson
Para conocer el informe de Cepal y Grupo Social Once: Personas con discapacidad e inclusión laboral en América Latina y el Caribe: Principales desafíos de los sistemas de protección social
En más sobre el tema: