Acude una mujer con una discapacidad psicosocial a su centro de salud a dar a luz a su primer hijo. Los médicos le “ligan las trompas” a la mujer porque deciden arbitrariamente que no es apta para ser madre, ni siquiera para otorgar su consentimiento. Esta escena retrata un delito del que se habla poco: la violencia obstétrica.
La falta de comunicación adecuada –por ejemplo, ofrecer opciones de parto o medicación– y de apoyo emocional, el trato deshumanizado, la falta de accesibilidad física y de respeto a la autonomía, la esterilización forzada, la negligencia en el cuidado y la discriminación basada en la discapacidad son las formas en que las mujeres con discapacidad sufren violencia obstétrica en México y el mundo. La definición jurídica de este delito puede variar según la legislación de cada país, pero en general implica cualquier acción u omisión por parte del personal de salud que cause daño físico, psicológico o emocional a la mujer con discapacidad durante el embarazo, parto o posparto. En nuestro país, está tipificada en el artículo 183 del Código Penal Federal.
Y aunque quizá la historia inicial parece de película, en la triste realidad el 55.6 por ciento de las mujeres mexicanas con discapacidad (que tienen mucha dificultad o no pueden hacer al menos una de las actividades de la vida diaria: ver, oír, caminar, vestirse) y 39.6 por ciento de mujeres con limitación (que tienen poca dificultad para realizar al menos una de las actividades de la vida diaria), entre 15 y 49 años, sufrieron al menos una manifestación de violencia obstétrica en su último parto, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), presentada en agosto de 2022.
¡Es mucho, son muchas víctimas! Pero es aún peor si miramos a través de la comparación con las mujeres sin discapacidad ni limitaciones: en ellas la prevalencia es del 30.7 por ciento. Queda claro que mujer, discapacidad y atención obstétrica es una intersección de vulnerabilidad de urgente visibilización con el agravante de que cuando vamos a un médico damos por hecho la confianza.
Aunque en nuestro país no existe una ley específica que aborde la violencia obstétrica en mujeres con discapacidad específicamente, la buena noticia es que, en marzo de 2022, la Cámara de Diputados aprobó reformas a las leyes generales de Salud y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para reconocer este tipo de agresiones.
Otro instrumento legal para proteger los derechos de las mujeres con discapacidad en el embarazo es la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que establece el derecho a recibir atención médica y servicios de salud en condiciones de igualdad, respetando sus necesidades específicas.
Socializar que existen estos mecanismos de defensa es el primer paso para crear conciencia respecto a los derechos de las mujeres con discapacidad frente a la atención obstétrica y que acudir al ginecólogo para ellas no sea… todo un parto.
@MaElenaEsparza es Doctoranda en Historia del Pensamiento por la UP, egresada del Programa de Liderazgo de Mujeres de la Universidad de Oxford y fundadora de Ola Violeta A.C.
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