Ser invisibles, una condición que va de la mano de las niñas y mujeres con discapacidad

Por Redacción Yo También

Nota editorial: Este contenido lo publicamos en Yo También el pasado 26 de mayo. Por considerarlo fundamental para entender la relevancia de la conmemoración este 12 de septiembre del primer Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad, volvemos a publicarlo en este día.

Las niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad son invisibles en México. No están ni en el marco jurídico nacional, ni de manera específica en el presupuesto público federal; tampoco en los programas, políticas públicas y acciones en materia de violencia, género, salud sexual, reproductiva y discapacidad.

A esta apabullante conclusión llegaron activistas y representantes de organizaciones por los derechos de las personas con discapacidad que fueron convocadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a participar durante 2020 y los primeros meses de este año en mesas de trabajo, en las que abordaron no solo el tema de la violencia contra ese grupo, sino la vulneración a sus derechos sexuales y reproductivos en todas las etapas de su vida, considerando la experiencia de cada organización; así como las respectivas  atribuciones en el caso de las instituciones federales de gobierno.

Entre las participantes en los análisis están Alma Yareli Rolander, del Centro Interdisciplinario de Derechos, Infancia y Paternalidad A.C. (CIDIP, A.C.), Fátima Reyes Osorio, de Documenta, A.C.; Flavia Anau, de Piña Palmera, A.C.; Laura Bermejo Molina y Karina Bárcena Anguiano, de Libre Acceso, A.C.; Magnolia Téllez Trejo, de CEDISH A.C.; Margarita Garfias, de Familia y Retos Extraordinarios; MaryAngel García Ramos, de Mexicanas con Discapacidad; Olga Montúfar Contreras, de Fundación Paso a Paso; Carmen Rodríguez, del Instituto Irapuatense Down; y Gabriela Martínez Olivares, de CONFE.

El informe especial «Violencia y los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad en México», resumido en 94 páginas, parte de datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que indica que las niñas y las adolescentes de cualquier edad con algún tipo de discapacidad están entre las más excluidas en la sociedad.

«La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones más graves de los derechos humanos, extendida, arraigada y tolerada en el mundo. Esta violencia es tanto causa como consecuencia de la desigualdad y de la discriminación de género. A nivel global, 1 de cada 3 mujeres han sufrido violencia física y/o sexual y en algunos países esta proporción aumenta a 7 de cada 10», indica UNICEF.

Pero todo el contexto se agudiza cuando se incluye el componente de discapacidad. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, las niñas con discapacidad tienen cuatro veces más riesgos de ser víctimas de abuso, en comparación con las niñas sin discapacidad, y son víctimas de familiares, cuidadores o personas cercanas a ellas.

Y esboza que la situación es tal, que el confinamiento obligado por la pandemia de COVID-19 ha agravado esas condiciones. Aunque aún no hay cifras específicas al respecto, el informe 2021 deja claro que es muy probable que la violencia se haya exacerbado en el aislamiento, por lo que recomienda hacer un análisis específico de las repercusiones sociales que vivirá este grupo poblacional debido a la emergencia sanitaria.

Lo que dicen las cifras sobre mujeres y niñas con discapacidad

Según el último Censo de Población y Vivienda 2020, elaborado por el INEGI, en México hay 126 millones 14 mil 24 personas, de las cuales el 51.2% son mujeres y el 48.8% hombres. De esta población el 4.9%, 6 millones 179 mil 890, corresponde a las personas con discapacidad; 11.1% tiene alguna limitación; y el 1.3% refiere tener un problema o condición mental.

Con respecto a lo anterior, de las “personas con limitación” 53.96% son mujeres y 46.03% hombres, mientras de la población con discapacidad, contemplando también a las personas con alguna condición mental, suman 52.10% mujeres y 47.89% hombres.

El tipo de discapacidad más frecuente es la motriz con 47.6%, seguido de la visual con 43.5%, mientras las personas que presentan dificultad para oír, aun usando aparato auditivo

es del 21.9%, para bañarse, vestirse o comer el 18.9%, para recordar o concentrarse el 18.6%, y para hablar o comunicarse el 15.3%. Cabe mencionar, que una persona puede presentar más de una discapacidad por lo que la suma del total será superior al cien por ciento.

Las entidades federativas con mayor número de personas con discapacidad, sin contar personas con limitación o con alguna condición mental, son Oaxaca (6.6%), Tabasco (6%), Guerrero (6%), Zacatecas (5.9%) y Veracruz (5.8%). Mientras las que cuentan con menos

población con discapacidad son, Quintana Roo (3.6%), Nuevo León (3.8%), Tlaxcala (4%), Baja California (4%) y Chiapas (4.1%). Sin embargo, estos porcentajes podrían tener alguna variación debido a que al momento de elaborar este Informe Especial, aún no habían sido presentados los resultados del cuestionario ampliado del Censo de Población y Vivienda 2020.

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019 (ENVIPE), la incidencia delictiva es mayor en los hombres para la mayoría de los delitos; sin embargo, en los delitos sexuales las mujeres se ven más vulneradas al contabilizarse 11 delitos sexuales cometidos a mujeres por cada delito sexual cometido a hombres.

Lo anterior se ve reflejado en la percepción de las mujeres respecto a la situación de inseguridad pública, ya que las cifras son más altas en comparación con los hombres.

Adicionalmente, 26.6% de las mujeres de 18 años y más, se sienten inseguras en su casa,

en comparación con los hombres con un porcentaje del 20.6%.

Derecho a vivir su sexualidad y maternar

De acuerdo con el análisis, en el 2015, Disability Rights International publicó el informe “Abuso y negación de Derechos Sexuales y Reproductivos a Mujeres con Discapacidad Psicosocial en México”, sobre la negación de la salud sexual y reproductiva de las mujeres con discapacidad intelectual en México.

Entre los hallazgos de ese informe se establecía que más de la mitad de las mujeres refirieron que sabían poco sobre sexualidad o salud reproductiva, y la mayoría dijo que no visitaba a un ginecólogo regularmente o que nunca había asistido con un o una especialista. El 43% de las mujeres encuestadas mencionó que había sido sexualmente abusada por los propios ginecólogos y algunas habían sido violadas por un proveedor de atención de salud.

A una de cada dos mujeres encuestadas, un miembro familiar les había recomendado la esterilización y casi la mitad de quienes contestaron habían sido ya esterilizadas. Tres de las mujeres que fueron esterilizadas sabían que habían sido sometidas a una cirugía, pero no sabían en ese momento que se les estaba realizando. Cerca de un tercio de las

mujeres embarazadas fueron presionadas para abortar. 

La investigación realizada en México, en los estados de Oaxaca, Jalisco, Nuevo León y

Ciudad de México, abordó el tema de violencia familiar en distintos ámbitos.

¿Y qué pasa en lo económico? También hay violencia

En cuanto a los apoyos, en México se han brindado pensiones por discapacidad para

otorgar apoyo económico. El gobierno federal introdujo las pensiones por discapacidad en

febrero de 2019 para población en pobreza.

La expectativa era que 1 millón de personas con discapacidad, de las aproximadamente 7 millones que viven en México, recibieran esa pensión a fines de 2020, lo que no ocurrió. En mayo de 2020, 837,428 personas recibían la pensión.

Y, en el caso de quienes reciben la pensión federal, el monto parece insuficiente para cubrir incluso el costo de vida básico para los adultos con discapacidad, particularmente aquellos con requerimientos de apoyo más intenso y para las personas que residen en lugares donde el costo de vida es más elevado, como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. El ingreso mensual promedio en México es de 16,537 pesos y la pensión federal por discapacidad es significativamente inferior: 1,310 pesos por mes, o 43.6 pesos por día.

Las limitaciones en cuanto a oportunidades de empleo, vivienda asequible y accesible,

transporte accesible y servicios como asistentes personales, también reducen las posibilidades de que las mujeres con discapacidad vivan de manera independiente. Existen pocos programas estatales y nacionales que brinden estos servicios clave, desarrollen los servicios necesarios o tomen medidas para que los servicios existentes sean accesibles.