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Salud Mental con (algunos) derechos

Fotografía de tres personas, una mujer joven sentada en una silla, vestida de una playera a rayas horizontales de color blanco y rosa y pantalón de mezclilla azul, se encuentra sentada entre dos hombres, uno le toca su hombro y viste de suéter verde con pantalón gris y el otro, toma la mano de la mujer y viste playera morada y pantalón azul de mezclilla, no se alcanza a apreciar el rostro de ninguno de los tres.

Después de 16 iniciativas presentadas en los últimos años, el Senado dio un paso importante en el tema de salud mental aunque con algunos matices.

Tras 16 iniciativas presentadas en los últimos años para legislar sobre salud mental en tono de derechos humanos, ayer el Senado aprobó una iniciativa que hace énfasis en la importancia de los servicios comunitarios, estrategias para apoyo en la comunidad y manejar crisis, pero también en el derecho a decidir de los usuarios… salvo en crisis.

Por Katia D’Artigues 

El jueves, tras que la votación se detuviera el martes por razones técnicas, se votó por unanimidad en el Senado una reforma a la Ley General de Salud en materia de Salud Mental y Adicciones. 

Es una ley mejor que ve la salud mental desde un enfoque de derechos humanos: donde acerca la psiquiatría a servicios comunitarios (justo ahora, cuando más se necesita), con el eje de la recuperación del derecho a decidir de las personas usuarias de estos servicios pero que a la mera hora pasó dos reservas (avaladas por todos los senadores y senadoras) que se contraponen.

Una de Miguel Angel Mancera, del PRD, que modifica el término de “consentimiento informado” (pasó de una fracción en el Artículo 27 a un Artículo 51 bis) en el que aunque se dice que los usuarios tienen el derecho a decidir libremente sobre la aplicación de los procedimientos y diagnósticos… permite que en casos de crisis, “de incapacidad transitoria o permanente” la autorización para proceder podrá ser dada por un “familiar que lo acompañe o representante legal”. En caso de que esto no sea posible “el prestador de servicio de salud” podrá decidir intervenir dejando constancia en el expediente clínico sobre todo si su vida peligra.

En otra parte dice: “No se entenderá que la persona no puede dar su consentimiento cuando se estime que está en un error  o no tiene conciencia de lo que hace”. 

Por otro lado, otra reserva de Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural, al Artículo 75 dice:

«El internamiento sólo podrá llevarse a cabo de manera voluntaria y cuando aporte mayores beneficios terapéuticos para la persona que el resto de las intervenciones posibles se realizará por el tiempo estrictamente necesario y en el hospital general o de pediatría más cercano al domicilio del usuario”.

Entonces, sí… pero no. 

Un largo camino

Es una ley que no se ha hecho al vapor, que tomó en cuenta 16 iniciativas diferentes presentadas desde 2018. Para hablar del tema el año pasado se realizaron, por ejemplo, tanto un parlamento abierto en la comisión de Salud de la Cámara de diputados (que tuvo algunas fallas técnicas) y también otro co-organizado por la diputada Martha Tagle y parte de la sociedad civil que ha defendido el derecho a decidir de personas con discapacidad psicosocial desde hace años, como Documenta y otras organizaciones más (incluyendo Yo También) reunidos en un colectivo llamado “Salud Mental Con Derechos”. 

Compromiso medio cumplido

Es un medio compromiso cumplido tras que el 4 de octubre pasado, el Estado Mexicano ofreciera una disculpa pública a Arturo Medina Vela, un joven con discapacidad psicosocial e intelectual que estuvo en prisión contra su voluntad, internado en un ala psiquiátrica y le fueron vulnerados sus derechos a defenderse. En esa disculpa que se hizo por petición de la ONU, en la secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas se comprometió a reformar varias leyes, entre ellas la Ley General de Salud en lo relativo a internamientos involuntarios y restricciones a la capacidad jurídica (es decir, el derecho a decidir) de las personas usuarias de servicios de salud mental.

La ley que se votó ayer en el Senado no garantiza del todo que las personas con discapacidad psicosocial se les considere personas que pueden tomar decisiones propias y se les respete su capacidad jurídica. 

¿Por qué es importante?

Va de regreso a la Cámara de diputados. ¿Cuál es el reto para que funcione esta nueva manera de entender a la salud mental en clave de derechos humanos y respetando la decisión de las personas? Entre ellas invertir dinero para dedicarle aún más presupuesto al tema de la salud mental que urge y más tras la pandemia. El dictamen no autoriza nuevas partidas presupuestarias y se tendrá que rehacer un modelo con lo que se tiene.. ¿Es esto posible?
Según este documento del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria redactado ya tras la emergencia por Covid, en 2018 15 millones de mexicanos y mexicanas presentaron alguna condición de salud mental. ((y esto va en crecimiento). 

Los países de ingresos medios y altos destinan 2.4% y 5.1%, respectivamente, de su presupuesto de salud para salud mental (OMS; OPS 2018). De 2013 a 2021, México asignó, en promedio, 2.1% del presupuesto de la secretaría de Salud

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