Por Redacción Yo También | Fotografía Expansión
La adopción en México de un nuevo modelo de atención de salud mental, para pasar del internamiento forzoso a la atención integral y comunitaria tiene varios retos; primero, mejorar la infraestructura pública de salud general, que ahora se encargará también de la psiquiátrica, y al mismo tiempo afrontar las carencias económicas y del entorno que existen en las familias para cuidar a las personas con trastornos psicosociales.
El portal SinEmbargo elaboró un reportaje en el que se analizan las ventajas del modelo, las opiniones de expertos en salud mental y de las familias que experimentan la calidad de la atención en los hospitales psiquiátricos.
La reforma a la Ley General de Salud, publicada en mayo pasado, establece que la salud mental y las adicciones deben ser atendidas en establecimientos ambulatorios de atención primaria, servicios de psiquiatría en hospitales generales, hospitales regionales de alta especialidad y en institutos nacionales de salud, es decir, en los entes que se encargan de la salud en general, donde se integrará la especialidad de padecimientos psicosociales.
En el dictamen se incluyó la prohibición de construir más hospitales con especialidad en psiquiatría para dar prioridad a los servicios integrados de salud, como lo publicamos en Yo También.
El análisis de SinEmbargo explica que los hospitales psiquiátricos que existen hoy en día “deberán, progresivamente, convertirse en centros ambulatorios o en hospitales generales dentro de la red del Sistema Nacional de Salud”.
Algunas organizaciones han pedido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que solicite a la Suprema Corte de Justicia que inicie una petición para declarar anticonstitucional este nuevo modelo, de acuerdo con lo reportado por el sitio de noticias.
“Los colectivos sobre reinserción social como Reinserta, Fundación Reintegra y la Organización Comunitaria por la Paz cuestionaron que la ruta para eliminar este modelo psiquiátrico de internamiento forzoso -que de fondo ven como un ahorro presupuestal-, generará una ‘sobrecarga’ en las tareas del cuidado de las familias, en particular de las mujeres; y arriesgará a los pacientes que no tienen redes de apoyo a terminar en situación de calle o en la cárcel (aun cuando son inimputables)”, asegura el texto.
Y es que, continúa el reportaje, no todas las familias tienen la posibilidad de contar con diagnósticos, tratamientos, espacios de seguridad ni oportunidad de cuidar a las personas con discapacidad psicosocial “incluyendo los que tienden a suicidarse, cometieron algún delito o pueden cometerlo sin el tratamiento adecuado”.
Otras organizaciones, como Orgullo Loco México, han manifestado la importancia de que esta modificación cambie la manera en la que se trata los trastornos mentales, para erradicar los estigmas de la población con discapacidad psicosocial.
“(…) esta iniciativa plantea que el internamiento psiquiátrico no es la única vía hacia la salud mental (…), ya no estigmatiza a las personas como un objeto de tratamiento psicofarmacéutico que deben ‘encerrarse para no dar problemas’, sino como seres con derechos a identidad, vivienda, trabajo, estudio, recreación y obtener un tratamiento alternativo de recuperación que encare de raíz la causa cultural y social de su conducta”, añade el texto.
En un país como México, donde por cada 100 mil habitantes hay apenas 3.68 psiquiatras -frente a los 5 que recomienda la Organización Mundial de la Salud-, y en el que el 60 por ciento de ellos están en Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, la situación para atender a los pacientes con trastornos psicosociales se complica todavía más, apunta el reportaje.
El reportaje completo puedes leerlo aquí.
