Por Redacción Yo También
La bancada del PRI, a través de la diputada federal Norma Aceves, propuso reformar el artículo 35 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD), con el fin de ofrecer un mejor marco jurídico que pueda garantizar su inclusión a la sociedad.
La legisladora del Partido Revolucionario Institucional plantea que el Sistema Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad sea responsabilidad de la Secretaría del Bienestar, que se creó en la actual administración federal, y no siga a cargo de la Secretaría de Salud.
Actualmente, esta secretaría es la responsable de coordinar y dar seguimiento a todos los programas, acciones y mecanismos interinstitucionales, públicos y privados, que permitan cumplir con las políticas para el desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad.
“Las dependencias y entidades del Gobierno Federal, los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como, las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios a las personas con discapacidad, en coordinación con la Secretaría de Salud, constituyen el Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad”, establece el capítulo XII de la LGIDP.
La legisladora propone cambiar la secretaría responsable, pues está convencida que al estar en el sector salud se pierde el enfoque que garantiza los derechos humanos, que dicta la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y sigue con una visión asistencialista que aborda la discapacidad desde un punto de visto estrictamente médico.
“Esta armonización, más que responder a la denominación de una secretaría o a un tema de forma, tiene un impacto legal, al reconocer que la Secretaría de Bienestar es la encargada de coordinar el Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y, con ello, dar certeza jurídica y eliminar cualquier posibilidad de confusión o interpretación distinta en detrimento de la legislación”, expresó Aceves.
La bancada del PRI, a través de la diputada federal Norma Aceves, propuso reformar el artículo 35 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD), con el fin de ofrecer un mejor marco jurídico que pueda garantizar su inclusión a la sociedad.
La legisladora del Partido Revolucionario Institucional plantea que el Sistema Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad sea responsabilidad de la Secretaría del Bienestar, que se creó en la actual administración federal, y no siga a cargo de la Secretaría de Salud.
Actualmente, esta secretaría es la responsable de coordinar y dar seguimiento a todos los programas, acciones y mecanismos interinstitucionales, públicos y privados, que permitan cumplir con las políticas para el desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad.
“Las dependencias y entidades del Gobierno Federal, los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como, las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios a las personas con discapacidad, en coordinación con la Secretaría de Salud, constituyen el Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad”, establece el capítulo XII de la LGIDP.
La legisladora propone cambiar la secretaría responsable, pues está convencida que al estar en el sector salud se pierde el enfoque que garantiza los derechos humanos, que dicta la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y sigue con una visión asistencialista que aborda la discapacidad desde un punto de visto estrictamente médico.
“Esta armonización, más que responder a la denominación de una secretaría o a un tema de forma, tiene un impacto legal, al reconocer que la Secretaría de Bienestar es la encargada de coordinar el Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y, con ello, dar certeza jurídica y eliminar cualquier posibilidad de confusión o interpretación distinta en detrimento de la legislación”, expresó Aceves.
