Más del 74 por ciento de los mexicanos y mexicanas con discapacidad carecen de seguridad social directa, una diferencia de 12.5 puntos porcentuales extras versus las personas sin discapacidad. “Este es uno de los indicadores de carencias sociales con mayor disparidad”, afirma el reporte Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2022 (IEPDS 2022), publicado recientemente por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
Este documento presenta un diagnóstico de los contextos económico y social en el país de 2018 a 2022, y revela cuáles son los retos para la incidencia distributiva y la atención integral a la población de los programas y acciones de desarrollo social. Se trata de la primera radiografía que calcula la pobreza multidimensional y los indicadores de carencias sociales y afectaciones asociadas a la pandemia.
Hay un primer foco rojo a la vista: en esos primeros cuatro años del actual gobierno, crecieron las brechas y desigualdades en el ejercicio de los derechos sociales de ciertos grupos poblacionales, ni más ni menos que los más vulnerables como las personas con discapacidad y la población indígena.
El aumento de las población con discapacidad en pobreza y el menor acceso a educación, salud, alimentos y cobertura social no ha sido a causa de un ajuste en los presupuestos, ya que el programa directo de pensiones a personas con discapacidad (pcd) permanente que opera la secretaría de Bienestar tuvo un incremento de 7 mil 205.6 millones de pesos desde 2019 a 2021 (+87 por ciento).
Carencia por carencia
El informe de CONEVALl revela que 49.5 por ciento de la población mexicana con alguna condición de vida se encuentra en situación de pobreza y las carencias con mayor brecha negativa fueron el acceso a la seguridad social (46 por ciento no tiene ninguna cobertura, siquiera por pensiones no contributivas). Sin embargo, la brecha se hace mucho más profunda en el caso de las pcd ocupadas -es decir, con empleo- pero que no cuentan con seguridad social directa. En el país sólo 25.7 por ciento de las pcd ocupadas cuentan con este derecho que les permite acceso a salud, protección y futura pensión.
La segunda mayor carencia es en un derecho que habilita a otros derechos como es el de la educación. En estos cuatro años aún hay 45.9 por ciento de la población con alguna condición de vida fuera del sistema educativo. En este punto, las pcd están en una condición incluso peor que las comunidades indígenas en las cuales 35.1 por ciento presenta rezago educativo.
“Estos datos podrían ser resultado de la falta de disponibilidad de centros educativos especializados o con la infraestructura adecuada para atender a esta población”, agrega el reporte de CONEVAL.
Otro factor donde hay un enorme rezago es en el acceso de las pcd a alimentación nutritiva y de calidad, donde un tercio de la población no cubre esta necesidad tan básica (31.8 por ciento), mientras que 21.9 por ciento de la población sin discapacidad lo tuvo.
En 9 por ciento de los hogares mexicanos no existe diversidad dietética, pero el dato se eleva a 15 por ciento en aquellas viviendas donde alguno de sus miembros viven con alguna condición.
En salud también la diferencia se acentúa en pcd, una población donde 24.8 por ciento no tiene acceso a este derecho de manera plena, siendo las personas con discapacidad psicosocial o neurodiversas las que tienen la mayor carencia (3 de cada 10).
¿Los pobres primero?
Los resultados de la medición multidimensional de la pobreza mostraron que, a nivel nacional, de 2018 a 2020 se presentó un incremento en el porcentaje de población en situación de pobreza.
Particularmente en el caso de las pcd, en 2020, 56.5 por ciento contaba con ingresos inferiores a la línea de pobreza versus 52.5 por ciento de la población sin discapacidad. Para el CONEVAL, una familia de cuatro personas se encuentra actualmente en situación de pobreza por ingresos si su ingreso mensual es inferior a 11 mil 290.8 pesos. Esta cifra es muy superior al salario mínimo actual, que equivale a 6,310 pesos mensuales.
En pocas palabras,
más de la mitad de la población con discapacidad no cuenta con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades.
Además, casi 2 de cada 10 pcd (18.6 por ciento) percibe ingresos menores a la línea de pobreza extrema. En este caso CONEVAL calcula este segmento como aquellas personas que acceden a un ingreso mensual per cápita de mil 950.26 pesos si vive en el ámbito urbano o mil 496.32 pesos en el caso de vivir en zonas rurales.
En el segundo semestre de 2019, el gobierno federal anunció 30 proyectos y programas prioritarios “diseñados para apoyar a los más necesitados y reactivar la economía nacional desde abajo y para todos”, operados por la Secretaría de Bienestar. Entre ellos se encuentran las Pensiones para pcd permanente.
Pero a medida que ha ido transcurriendo el tiempo, todos estos programas sociales han sufrido cambios y ajustes en su diseño y operación pero que desafortunadamente no han servido para mejorar las estadísticas precisamente de su población meta, excepto en el caso de las pensiones a adultos mayores.
“Los cambios en la política social tienen implicaciones en la cobertura de los programas y en la distribución de los recursos, dando lugar a un aumento en el peso de las transferencias sociales en el ingreso de los deciles más altos. Es necesario tener mecanismos que fortalezcan el acceso a los programas sociales de las personas en los deciles más bajos de ingreso para efectivamente disminuir brechas en la población beneficiada”, reza el informe.
Acceso al estudio completo de Coneval.
Por Bárbara Anderson
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