Personas con discapacidad y la nueva presidencia de la Corte
Entre los cinco ministros y ministras que buscan relevar en la presidencia a Arturo Zaldívar, hay claras diferencias en la visión para incluir a pcd y que accedan a la justicia.
16 de diciembre de 2022
Katia D'Artigues
¿Qué proponen en materia de discapacidad los tres hombres y dos mujeres que han levantado la mano para buscar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF)? ¿Por qué es importante saberlo?
El 2 de enero de 2023 se renovará la presidencia del más alto puesto en el Poder Judicial de la Federación (PJF) por cuatro años. Es un poder que es contrapeso a los otros dos, Ejecutivo y Legislativo, y que ha sentado importantes precedentes para la inclusión, con un paradigma basado en derechos humanos, de las personas con discapacidad a veces declarando leyes como inconstitucionales.
Aunque es una elección en la que sólo los votos de los 11 ministros y ministras cuentan, es esencial saber qué proponen en materia de discapacidad para ver si se le dará continuidad a los avances realizados sobre todo durante la administración de Luis María Aguilar y también de Arturo Zaldívar, cuando se hicieron políticas para la inclusión de personas con discapacidad (pcd).
Esquivel y Piña tienen más clara la perspectiva de discapacidad
Los proyectos públicos de las cinco personas tienen claras diferencias. Llama la atención que son las dos mujeres -Yasmín Esquivel y Norma Piña-, quienes más mencionan a las personas con discapacidad por mucho, con 11 y 9 menciones, respectivamente.
Los tres hombres -Javier Laynez, Alfredo Gutiérrez y Alberto Pérez- todos tienen dos menciones en particular al tema aunque Laynez hizo un apartado de “versión accesible” en lenguaje más sencillo y tiene más propuestas para incluir todos los grupos en situación de vulnerabilidad.
Piña propone algo que nadie más: que haya un área al interior de la SCJN que dependa del área de Derechos Humanos, que se encargue de promover políticas públicas transversales e interseccionales tanto en el ámbito administrativo como en el jurisdiccional para incluir a pcd.
Esquivel plantea realizar, por primera vez, un concurso de oposición exclusivo para personas con discapacidad.
Todos hacen énfasis en que la comunicación debe ser más sencilla y ciudadana pero ninguno menciona en particular plena accesibilidad para pcd, salvo Piña al mencionar que se deben hacer ajustes razonables.
A continuación un resumen de lo que proponen las cinco personas aspirantes en materia de discapacidad.
Yasmín Esquivel Mossa
En su proyecto de 84 páginas con tipografía grande, tiene 11 menciones a discapacidad. Se podría decir que desde el título se les incluye porque se llama “Justicia para TODAS las personas”.
Esquivel plantea un eje de “Suprema Corte Inclusiva”, donde propone que se haga un informe anual de inclusión con cifras sobre “paridad de género e inclusión de personas con discapacidad, entre otros”.
Propone implementar “medidas diseñadas con enfoque integral” no sólo para combatir limitaciones sino obstáculos sociales que dificultan la inclusión de pcd.
Para el CJF, apoyos a personal que tiene a su cargo a pcd privilegiando el teletrabajo, inamovilidad de adscripción (que tengan que mudarse de ciudad) y el acondicionamiento de CENDIS para que reciban a niñez con discapacidad.
Plantea el primer concurso de oposición para el ingreso de personas con discapacidad, que se realizaría “de la mano de personas expertas en la materia”.
Un “Programa Nacional de Intercambio de Experiencias y Buenas Prácticas” para desarrollar transversalmente la perspectiva de derecho de las personas en situación de vulnerabilidad para identificar dificultades y restricciones para el goce de sus derechos.
Norma Lucía Piña Hernández
En sus 34 páginas hay nueve menciones a discapacidad.
Habla de hacer ajustes razonables cuando se requieran para pcd en la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales que plantea para toda la SCJN.
Plantea en la Escuela Federal de Formación Judicial que haya un porcentaje de plazas reservadas para “grupos en condición de vulnerabilidad” para buscar que no sea elitista.
Que, para consolidar el esquema de carrera judicial, se consideren además de méritos condiciones como discapacidad y género, entre otros.
En un apartado completo de “Unidad en materia de perspectiva de discapacidad” plantea contar un área específica en coordinación directa con el área de Derechos Humanos para servir tanto a las áreas administrativas como jurisdiccionales en materia de inclusión de pcd y también para eliminar las barreras actitudinales, físicas y comunicativas.
Plantea una política de comunicación social que ciudadanice el lenguaje, difunda información en lenguaje incluyente y también en lenguas de pueblos originarios.
Habla de utilizar instrumentos para la impartición de justicia en la Judicatura con accesibilidad e inclusión a grupos en condición de mayor vulnerabilidad. Plantea que se hagan públicos sus resultados.
Javier Laynez Potisek
Tiene dos versiones de su proyecto. Uno, de 19 páginas, que no menciona a la discapacidad de manera directa y otro “versión accesible”, de 31 con lenguaje sencillo y a renglón seguido que sí menciona el tema dos veces.
Sin embargo, dedica todo un eje, el tercero, indirectamente al tema al hablar de “Derechos Humanos, Accesibilidad y Atención de Grupos Vulnerables”.
En este eje habla de la importancia de seguir trabajando para que toda persona acceda a la justicia facilitando, por ejemplo, el lenguaje y haciéndolo más accesible.
También que trabajará para fortalecer medidas para que al interior del PJF las personas que pertenecen a grupos vulnerables puedan permanecer en el trabajo, desarrollar su potencial.
Plantea crear un Manual para la redacción de sentencias accesibles y sencillas y que se elaboren con base en ese todas las sentencias que involucren pcd, niñez, personas migrantes y pueblos indígenas, entre otros.
Hacer un diagnóstico para encontrar soluciones a los obstáculos para acceder a la justicia con participación de personas afectadas. Plantea a nivel nacional den las Casas de la Cultura Jurídica.
Habla de simplificar el acceso a la información, aunque no dice para pcd en particular.
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena
En sus 41 páginas sólo hay dos menciones a pcd.
-Se buscará, en capital humano, la inclusión de “colectivos desaventajados” como pcd, personas trans o indígenas.
Que en la Escuela Federal de Formación Judicial se fortalezcan programas de estudio basados en los manuales de la SCJN para juzgar con perspectiva de discapacidad.
Aunque no menciona discapacidad en particular, se habla de la construcción de un sistema inteligente de servicios de la SCJN y CJF que de acceso a los servicios de manera “sencilla e intuitiva”. También que en comunicación social tanto de la SCJN como el CJF, deberá usarse un lenguaje sencillo, accesible y dirigido al público en general.
Alberto Pérez Dayán
En sus 42 páginas sólo menciona dos veces a personas con discapacidad.
Plantea “cursos de sensibilización sobre temas de equidad de género, discapacidad, hostigamiento, acoso sexual y discriminación”.
Fomentar el teletrabajo en funciones que no impliquen atención al público y tener en consideración particularmente a “personas trabajadoras que tengan bajo su cuidado a personas con discapacidad o personas adultas mayores con alguna situación de dependencia”.
Como los demás habla de la necesidad de facilitar el acceso a la justicia mediante la información, incluso mediante la implementación de inteligencia artificial aunque no menciona accesibilidad.
Por Katia D’Artigues