El nuevo informe sobre derechos humanos “Derecho al trabajo” del Foro Europeo de la Discapacidad, publicado en abril, revela que persiste la brecha en el acceso al empleo de calidad para las personas que viven con discapacidad.
El informe muestra que sólo el 51.3 por ciento de las personas con discapacidad activas y en edad de trabajar en la Unión Europea (UE) tienen un empleo remunerado. Además, las mujeres y los jóvenes están en desventaja: sólo el 49 por ciento de las mujeres y el 47.4 por ciento de los jóvenes con discapacidad tienen un empleo remunerado.
La situación es especialmente mala en cuatro países de la UE. Grecia e Irlanda encabezan este “salón de la vergüenza”, con menos de un tercio (32.6 por ciento) de personas con discapacidad empleadas. Les siguen Croacia, con sólo el 37 por ciento, y España, con el 39 por ciento.
La situación empeora cuando se considera el empleo a tiempo completo, especialmente para las mujeres con discapacidad. En 11 países, menos del 20 por ciento de las mujeres con discapacidad trabajan a tiempo completo. Entre los infractores están: Irlanda, Bélgica, España, Italia, Malta, Polonia, Hungría, Croacia, Rumanía, Bulgaria y Grecia. Esto sucede a pesar de que las mujeres con discapacidad tienen, en promedio, más estudios que los hombres con discapacidad.
El abismo entre las tasas de empleo de las personas con y sin discapacidad -la “brecha de empleo de las personas con discapacidad”- es evidente, y varía enormemente. La media de la UE es de 24.4 puntos porcentuales, pero las diferencias en los Estados miembros con peores resultados son mucho mayores: Irlanda, con casi 40 puntos porcentuales, 38.6; Bélgica, 36.3 puntos porcentuales, y Bulgaria, 33 puntos porcentuales. La diferencia más baja (Portugal) sigue siendo de 18.2 puntos porcentuales.
Razones de la brecha laboral por discapacidad
El informe detectó varias razones que explican este desfase, entre las que destacan la falta de ajustes razonables, la discriminación estructural y los prejuicios que sufren las personas con discapacidad, y la falta de acceso a una educación inclusiva y de calidad.
En lo que respecta a las medidas de adaptación razonable, los problemas más comunes son los financiamientos y el apoyo limitados, la excesiva burocracia para acceder a las medidas de adaptación razonable (una carga tanto para los empresarios como para los trabajadores) y la escasa disponibilidad de información sobre las ayudas estatales. A pesar de que la Directiva de la UE sobre igualdad en el empleo está en vigor desde 2000, no existen directrices sobre adaptación razonables, y a menudo se niegan incluso peticiones sencillas, como la de trabajar a tiempo parcial. Esto da lugar a prácticas desleales; por ejemplo, Zuzana, de Chequia, tuvo que dejar de trabajar por falta de acceso a asistencia personal.
El sesgo estructural y la discriminación se dan en todos los niveles: desde los servicios de empleo durante la búsqueda de trabajo hasta cuando se está empleado, pasando por el proceso de contratación. Por ejemplo, Annika, de Austria, tenía treinta y tantos años cuando le dijeron que solicitara una pensión de invalidez, ya que a los servicios de empleo no se les ocurría dónde colocarla a pesar de sus calificaciones profesionales.
Margrét, islandesa que trabaja en una embajada, cuenta que a menudo los supervisores deciden no asignarle tareas debido a su discapacidad, sin consultarla. No es un caso aislado: una encuesta realizada en Alemania en 2019 informó de que el 58 por ciento de los encuestados con discapacidad sufría discriminación en el trabajo. Y eso cuando superan los procesos de contratación, a su vez plagados de problemas de accesibilidad y prejuicios.
Ganar menos
El informe también revela que las personas con discapacidad siguen ganando menos cuando trabajan, a pesar de que necesitan más ingresos para hacer frente a los costos adicionales de vivir en una sociedad discriminatoria e inaccesible.
Los gastos de vivienda y transporte, por ejemplo, suponen una carga desproporcionadamente alta para las personas con discapacidad en comparación con las personas sin discapacidad.
El informe explica que las personas con discapacidad también soportan mayores costos por estar empleadas, como pagar un transporte especial debido a la inaccesibilidad del transporte público, un suplemento por asistencia personal en horarios más convenientes, etc.
Por eso el informe presentado pide a los países de la UE que sigan concediendo subsidios de discapacidad incluso cuando las personas trabajan tiempo completo, como medio para compensar estos costos. En los estados miembros de la UE sigue siendo habitual que los trabajadores con discapacidad pierdan la mayor parte o la totalidad de su subsidio de discapacidad al empezar a trabajar. De hecho, las personas con discapacidad tienen más probabilidades de caer en la pobreza laboral que las personas sin discapacidad.
Modelos de empleo nocivos
El informe también destaca el uso habitual de modelos de empleo perjudiciales que, aunque creados con buenas intenciones, terminan segregando y, en algunos casos, aprovechándose de las personas con discapacidad.
Los modelos de empleo protegido, donde las empresas emplean a una mayoría de personas con discapacidad en entornos cerrados, son especialmente problemáticos, ya que los trabajadores suelen tener salarios más bajos (a veces por debajo del salario mínimo), malas condiciones, menos oportunidades profesionales y falta de estabilidad.
Recomendaciones:
El informe establece una serie de recomendaciones para que las autoridades públicas, incluida la UE y sus países. Como que:
- Permitan a las personas conservar las prestaciones por discapacidad cuando tengan un empleo remunerado;
- Prohíban la práctica de pagar a las personas con discapacidad por debajo del salario mínimo y promuevan modelos de empleo que faciliten la transición hacia la inclusión en el mercado laboral abierto;
- Fomenten prácticas eficaces para acceder a adaptaciones razonables y emplear a personas con discapacidad afectadas por otras formas de marginación.
Yannis Vardakastanis, Presidente del Foro Europeo de la Discapacidad dijo:
“Nuestro informe muestra claramente que existe un abismo entre nuestras propias experiencias y las de las personas sin discapacidad. La UE y sus Estados miembros no pueden seguir excluyéndonos, y por eso pedimos una Garantía de Empleo y Competencias para las Personas con Discapacidad que contribuya a igualar las condiciones”.
La eurodiputada Katrin Langesiepen, Presidenta del Intergrupo sobre Discapacidad del Parlamento Europeo y Vicepresidenta de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, declaró:
“Tener un trabajo es vital en nuestras vidas. Como se muestra en esta publicación, existe un problema muy real de personas con discapacidad que quedan totalmente excluidas del mercado laboral y una crisis paralela para las que consiguen encontrar trabajo, que cobran por debajo del salario mínimo, están empleadas en entornos segregados y se ven privadas de sus derechos básicos”.
Por André Félix del Foro de Discapacidad de la Unión Europea | Traducción de Graciela González
Coordinador de Comunicación | Contacto: [email protected] | Haydn Hammersley
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