Opaco, sin metas y sin objetivos cumplidos, así opera el programa de la 4T para la discapacidad

Por Itzel Ramírez

La apuesta más importante del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para atender a las personas con discapacidad resultó en un programa opaco, que no cumple con sus objetivos y que acumula irregularidades por más de 90 millones de pesos, de acuerdo con los resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2020 hecha por la Auditoría Superior de la Federación.

Concebida como la política pública que reduciría “la brecha de ingresos monetarios respecto a las personas sin discapacidad”, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente presenta fallas en su registro, pagos duplicados, pagos a personas fallecidas y a beneficiarias sin registros poblacionales vigentes, entre otras irregularidades señaladas por la ASF.

Las deficiencias del programa, encontró el ente fiscalizador, incluso imposibilitan el cumplimiento de su objetivo.

“Se determina que el control interno para el cumplimiento del objeto del programa ‘Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente’, es adecuado sólo en su diseño; sin embargo, su aplicación no es apropiada para contribuir al logro de su objetivo”, se lee en el informe de la ASF.

La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente consta de un apoyo económico mensual entregado a través de transferencias bimestrales y que para este 2021 ascendió a 2 mil 700 pesos; está dirigido especialmente a atender a las personas con discapacidad permanente “de 0 a 64 años de edad que habitan en municipios o localidades indígenas o afromexicanas y personas de 30 a 67 años de edad que habitan en zonas con alto y muy alto grado de marginación, diferentes a los municipios o localidades indígenas o afromexicanas”, según su objetivo general.

En la revisión, la ASF encontró que una de las mayores debilidades del programa es la falta de documentación para validar los registros de personas beneficiarias, lo que ha ocasionado transferencias monetarias sin respaldo.

Unos 77 millones 347 mil 600 pesos fueron entregados a cinco mil 393 personas beneficiarias con Claves Únicas de Registro Poblacional (CURPs) inactivas o no válidas, mientras que otras mil 6 personas beneficiarias no contaron con CURP -requisito para acceder a la pensión-, pese a lo cual recibieron transferencias por un total de 13 millones 393 mil 400 pesos.

Por ambas irregularidades -que suman 90 millones 741 mil pesos de recursos entregados- la ASF solicitó a la Secretaría de Bienestar una aclaración que justifique y compruebe el gasto.

Otra inconsistencia fue la referente a las 142 personas beneficiarias que recibieron pagos adicionales (desde uno hasta seis bimestres), por un monto total de 882 mil pesos; a 28 personas beneficiarias se les asignó diferente número de identificación dentro del padrón, pese a tener el mismo nombre, CURP o domicilio, lo que ocasionó que recibieran transferencias duplicadas por más de 177 mil pesos; 21 adultos de más de 67 años recibieron más de 176 mil pesos aun cuando rebasaron la edad máxima para ser parte del programa.

Incluso, la ASF encontró que durante 2020 Bienestar realizó transferencias por dos millones 246 mil pesos a 324 personas beneficiarias que habían fallecido entre febrero y diciembre de 2019.

Asimismo, 662 personas beneficiarias que recibieron apoyos por más de 2 millones 572 mil pesos después de su fecha de defunción, que ocurrió entre enero y agosto de 2020, indicó la ASF.

El gobierno federal destinó, a través de este programa, 18 mil pesos como apoyo económico para el pago de marcha de 14 beneficiarios de los que no se encontró su registro de fallecimiento dentro de Registro Nacional de Población (Renapo).

También se encontró que Bienestar no tiene un mecanismo para controlar cuál es el número máximo de beneficiarios que puede tener a cargo un representante o adulto auxiliar, con 22 casos en los que una sola persona representó a cinco o más de cinco beneficiarias y beneficiarios.

La falta de control incide en las instituciones de cuidado, indica el informe.

“(El programa) no indica la documentación que, en su caso, deberán presentar las asociaciones civiles, como son las casas hogares y/o asilos, etc, y tampoco se fijó un límite máximo de beneficiarios que puede tener a cargo un representante o adulto auxiliar”, se lee en el documento.

A estos hallazgos, la revisión añade que la base de datos del Padrón de Beneficiarios tiene deficiencias al no indicar si quienes reciben los recursos pertenecen o no a población indígena o afromexicana, tampoco se informa el género, el registro de municipio o localidad ni si se trata de una zona de alto o muy alto grado de marginación.

De igual forma, el sistema operado por la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios, la unidad administrativa responsable de la operación del programa “no prevé el registro de las características de la población beneficiada” ni permite que se identifiquen las duplicidades o el límite de edad de quienes solicitan la pensión.

“…los registros que integran el padrón de beneficiarios no están alineados para cumplir las Reglas de Operación”, concluyó el análisis.

Los hallazgos de la revisión de la Cuenta Pública 2020 son similares a los de 2019, cuando el mismo programa tuvo observaciones por falta de documentación que justificara y comprobara el gasto, pagos duplicados, pagos a personas fallecidas y sin registro, entre otras irregularidades.

Pese a cambios en las Reglas de Operación en 2020, la Secretaría de Bienestar no pudo conformar un sistema funcional en el que se conocieran plazos, solicitudes, registros e incorporaciones de personas beneficiarias, actualización y validación del padrón, entre otros procesos.

Las fallas en el programa llegan incluso al personal de la secretaría, pues de acuerdo con la ASF, no se especifica qué tipo de personal debe evaluar si las personas tienen discapacidad notoria o evidente como excepción para presentar el certificado de discapacidad.

«Por lo que en todos los casos se debe presentar el documento expedido por una instancia de salud que certifique la discapacidad”, apunta el informe.

El proceso de registro no cuenta ni siquiera con algún documento o lista que permita notificar de forma no verbal si se ha aceptado la solicitud de incorporación al programa.

Tales deficiencias motivaron recomendaciones para que se implementen medidas que corrijan el programa y atiendan las necesidades de las personas beneficiarias.

El ejercicio por 11 mil 580 millones 855 mil pesos del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente atendió durante 2020 a 880 mil 317 personas con discapacidad psicosocial, intelectual, auditiva, motriz o visual, con Ciudad de México, Estado de México y Veracruz como las entidades con mayor número de registros, de acuerdo con la ASF. 

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