Por Itzel Ramírez
La creación de un Instituto Nacional de las Personas con Discapacidad, mejoras en la atención de personas con Trastorno del Espectro Autista y la expedición de una Ley de la Pensión Universal para las Personas Adultas Mayores, son algunos de los pendientes que dejó en la Cámara de Diputados la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la 64 Legislatura.
En tres años de trabajo, quienes integraron la comisión pudieron dictaminar solamente 17 de las 104 iniciativas que recibieron, lo que significa que dejaron en la ‘congeladora’ más del 80 por ciento de las propuestas legislativas.
De acuerdo con las cifras disponibles en la Gaceta Parlamentaria, durante la 64 Legislatura (de septiembre de 2018 a agosto de 2021), la comisión dejó sin dictamen 77 asuntos, mientras que 10 fueron retirados por sus iniciadores.
Una revisión a las iniciativas enviadas a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara baja muestra que aunque Morena fue el grupo parlamentario que más iniciativas presentó -un total de 34-, solamente logró el dictamen de tres asuntos, otros tres fueron retirados por sus iniciadores y los 28 restantes quedaron en la ‘congeladora’ legislativa, es decir, sin que se concluyera su análisis y sin que se subieran al pleno para ser votados.
En contraste, Movimiento Ciudadano presentó 11 iniciativas, de las que cinco fueron dictaminadas, dos retiradas y cuatro enviadas a la ‘congeladora’.
Los avances
Entre las reformas legislativas que sí lograron aprobarse dentro de la comisión y también en el pleno fueron las de la adición de personas de talla pequeña entre las personas con discapacidad y del principio de solidaridad social, ambas en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, aunque las modificaciones se encuentran pendientes de aprobar en el Senado.
Igual suerte (pendiente de aprobar en la Cámara alta) corrió la expedición de la Ley para Personas Usuarias de Perros de Asistencia.
Relativas a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad también se aprobaron las reformas para garantizar accesibilidad a la justicia, la obligación para que las autoridades laborales instrumenten programas de capacitación en tecnologías de la información para realizar trabajo a distancia, así como los cambios en materia de formatos complementarios en lectura fácil para personas con discapacidad intelectual, visual o auditiva y en materia de pueblos indígenas.
Otros dictámenes aprobados fueron los referidos a las modificaciones legislativas para garantizar el patrimonio y defensa financiera, así como una vida libre de violencia dentro de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Presupuesto, el freno principal
Laura Barrera Fortoul, diputada presidenta de la comisión en la legislatura que terminó el pasado 30 de agosto, dijo que la falta de dictámenes se debió a la insuficiencia presupuestal.
“Justamente fue por la falta de conciliación con la partida presupuestal. Legislar se convierte en letra muerta si no la acompañas de un presupuesto que haga sentido para ello”,
comentó la legisladora del PRI en entrevista.
Dijo que aunque hay apoyo y sensibilidad entre quienes integran la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, no fue posible generar consenso con el gobierno federal para la aprobación y creación de nuevas políticas públicas.
“Es una comisión que tiene la sensibilidad de todos los partidos políticos, quienes la integran actúan con muy buenas intenciones, pero lamentablemente no hay eco en el Ejecutivo”, refirió la diputada, que logró la elección para la legislatura vigente.
A medio camino
El análisis de los temas que quedaron pendientes de dictaminar se aprecia que aunque sí hay modificaciones que requirieron incluso la opinión de impacto presupuestario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública (como fue el caso de la Ley para Personas Usuarias de Perros de Asistencia), hubo algunas propuestas que fueron armonizaciones legislativas o adiciones y que, a pesar de ello, tampoco fueron dictaminadas.
Un ejemplo de ello es la iniciativa del diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero de Morena, que buscaba la reforma a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para reconocer la infantilización de esta población como una forma de violencia. La iniciativa se presentó el 19 de agosto de 2020 y se quedó sin dictamen.
Otros temas pendientes fueron la propuesta para incluir el régimen de playas incluyentes dentro de la Ley General de Turismo y la de Inclusión de las Personas con Discapacidad, así como las modificaciones para la protección a personas adultas mayores que pertenezcan a la población de la diversidad sexual o la referente a garantizar derecho al acceso a las tecnologías de la información y comunicación de las PCD.
Las iniciativas que fueron a la ‘congeladora’ podrán ser retomadas si así lo determinan quienes integren ahora la comisión, dentro de la 65 Legislatura.
Hasta ahora solamente se conoce que será Gabriela Sodi Miranda, diputada por el PRD, quien presida la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en San Lázaro.
