Después de ocho años, ¡al fin! el pasado 15 de diciembre se ratificó en México (con el apoyo de 93 senadores y senadoras) la Convención Interamericana de Protección de personas mayores. ¿Por qué es esto importante? ¿Qué puede y debe provocar?
Papelito habla, de algo sirve que México haya ratificado la Convención. Ahora el conjunto de leyes que protegen a este grupo de más de 15 millones de personas con más de 60 años en México es más amplio y específico. Debe ser más fácil exigir derechos. Recuerden que, además, desde 2011 cualquier tratado internacional que México ratifique sobre derechos humanos adquiere rango constitucional.
¿Cómo de cuáles derechos hablamos? Diré algunos que son muy interesantes: no ser discriminado por edad (o “edadismo”, según la Real Academia Española), derecho a la alimentación, frenar abusos en cuestión de, por ejemplo, herencias (de nuevo aquí entra el tema de la capacidad jurídica o derecho a decidir).
Que se tienen que promover acciones para que las personas mayores puedan acceder a la tecnología como el resto de la población (ojo, por ejemplo, bancos) y el derecho al cuidado.
También la ratificación de esta Convención (que por algo no se quiso votar en ocho años, desde el 15 de junio de 2015 cuando se adoptó en Washington, D.C.) ejercerá más presión a los gobiernos para que se hagan políticas públicas o acciones de gobiernos y no sólo se den pensiones para garantizar la vida digna y el cuidado de este sector de la población. Tiene, además, un mecanismo de seguimiento que también ejercerá más presión a los gobiernos (al menos a nivel internacional) para que se den cuentas de cómo viven las personas de 60 años y más en el país.
Es importante porque las popularmente llamadas “pensiones para los viejitos” o “adultos mayores” (en realidad el término correcto es “persona mayor”) que han sido un sello indiscutible y muy exitoso del lopezobradorismo desde el gobierno de la Ciudad de México con esta Convención tendrán que ser potencializadas con muchas más acciones. O así debería de ser.
Como hemos dicho muchas veces en este espacio y en otros, no se trata de atacar a las ahora pensiones para el Bienestar.
Esas que dan unos 4 mil pesos mensuales a 11 millones de personas mayores y a un número no claro de personas con discapacidad que se busca que crezca para que sea universal como hemos documentado en este portal. Sólo decimos que no basta con ese dinero.
Con ese dinero se garantiza la supervivencia de las personas, sin duda algo fundamental, pero para decir que viven con dignidad y con el respeto a todos sus derechos falta un largo trecho. No basta la pensión, que es una medida asistencial, se necesita que se les vean a las personas como sujetas de derechos y que se actúe en consecuencia. Desde la capacitación para verles así.
Es muy parecido al caso de las personas con discapacidad (pcd), también protegidas por una Convención específica. En ambos casos las instituciones creadas para impulsar desde dentro del gobierno políticas públicas para que tengan acceso a todos sus derechos están casi en lo mismo: tanto el INAPAM (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores) como el CONADIS (Consejo Nacional para la Inclusión de las personas con discapacidad) no han desaparecido pero son como zombies que se han vuelto poco más que oficialía de partes para tramitar pensiones y ya.
Según datos del INEGI, la esperanza de vida en México es de 75 años y cada vez seremos más las personas mayores. Además, 3 de cada 10 personas mayores viven, además, con una discapacidad. Convenciones como estas nos apoyan a exigir que todas las personas, a cualquier edad, podamos vivir plenamente incluidas en la sociedad y con todos nuestros derechos garantizados.
De ahí la importancia de conocer esta Convención y las demás. Y sí, de levantar la voz para que no sea sólo una ratificación en balde para la foto, para presumir que (sólo en papel) en México se cumplen derechos.
Por Katia D’Artigues
