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‘No se puede ignorar la violencia que viven las mujeres con discapacidad’

Fotografía de una mujer usuaria de silla de ruedas, de perfil. Viste pantalón oscuro, blusa roja de manga corta y un chaleco azul marino. Sobre la cabeza lleva una gorra blanca. Está sola en lo que parece ser una zona de puestos ambulantes, cubiertos con lonas blancas, además de un contenedor de madera.

GIRE presenta un informe que hace un recuento de 10 años en temas de derechos para las mujeres.

Por Katia D’Artigues 

GIRE presenta un informe que hace un recuento de 10 años en temas de derechos para las mujeres. Para las mujeres con discapacidad hay una constante: no hay datos o son hasta legalmente violentadas. Se les niega el derecho a ser madres, las esterilizan sin su consentimiento y aunque sabemos que viven más violencia sencillamente no les preguntan.

Está en blanco y negro gracias a GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida), una de las organizaciones feministas más importantes del país: las mujeres y niñas con discapacidades son prácticamente olvidadas o doblemente violentadas en temas como su acceso a una vida sexual, a la anticoncepción o a su derecho a ser madres. Sufren de manera cotidiana -incluso legalmente- violencia obstétrica y no son consideradas cuando se trata de hacer política pública en materia de vida laboral y reproducción por el prejuicio arraigado de que no pueden (¿o deben?) ser madres.

Incluso hay una norma en vigor que “indica” que cuando una mujer tiene “retraso mental” se le debe esterilizar.

Con el estudio “El camino hacia la justicia reproductiva: una década de avances y pendientes” que puedes leer completo aquí, la organización documenta cotidianos casos de violaciones a derechos humanos de mujeres y adolescentes con discapacidades en cinco temas: el derecho al aborto, violencia obstétrica, muerte materna, conciliación entre la vida laboral y personal y reproducción asistida.

Hablo con Verónica Esparza, abogada investigadora de GIRE, para analizar el reporte más cercanamente con ojos de discapacidad. El documento hace una revisión sistemática de la última década basada en temas nacionales, internacionales, marcos normativos, estadísticos, peticiones de información pública y también incluye experiencias de personas y familias que GIRE ha acompañado para dar un panorama general de las barreras que enfrentan las mujeres pero también las personas con capacidad de gestar.

Me dio gusto ver que hay 88 menciones a discapacidad en el informe, que incluyen el capacitismo (discriminación hacia las personas con discapacidad por prejuicios) como una forma que impacta la capacidad de una persona de determinar su proyecto de vida. 

Sí, en los informes previos buscamos las barreras que enfrentan determinados grupos como personas con discapacidad o indígenas. También pedimos a las autoridades información. Desafortunadamente vemos que casi siempre que la pedimos no hay datos, no hay desagregación de esos datos (cuántas mujeres con discapacidad hay por ejemplo) y eso hace difícil entender cuáles son las necesidades de ese grupo. El 53% de la población con discapacidad son niñas y mujeres. Y sabemos que tienen un mayor riesgo de ser víctimas de abusos.

Por eso en el informe, por ejemplo, cuando no tenemos datos, además de consignarlo, contamos los casos que hemos acompañado. En el caso de aborto, el de Jessica, una adolescente de 17 años con parálisis cerebral agravada con un entorno económico precario. Tuvo una crisis convulsiva, vivía en Chiapas. Cuando la llevaron al médico, el personal de salud descubrió que estaba embarazada fruto de una violación sexual. Se solicitó la interrupción de su embarazo pero se lo negaron porque excedía los 90 días de gestación. 

Se tramitó un juicio de amparo que llegó a la Suprema Corte por facultad de atracción. En la Primera Sala se determinó que por su situación de vulnerabilidad interseccional, tomando en cuenta sus derechos de persona con discapacidad, con perspectiva de género pero también por interés superior de la niñez (dado que era adolescente) no se podía poner una limitante temporal. Y se necesitaba invalidar ese artículo que establecía el código penal. 

¿Y se decidió a tiempo para que ella pudiera interrumpir su embarazo?

Sí, Jessica pudo interrumpir su embarazo. Fue un caso y un precedente importante. En aborto la transparencia y datos fncionan siempre como mecanismo de rendicion de cuentas. En organizaciones como GIRE es necesario poder monitorear los perfiles de personas que buscan un aobrto y cuantas personas con discapacidad hay… y nos hemos topado con que no se desagregan la información y lo evidenciamos a través de otras formas, como estos casos que hemos acompañado.

En México hay muchos hoyos negros de datos con respecto a personas con discapacidad. 

Sí. El Comite de la CEDAW (Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres, por sus siglas en inglés) lo señaló. Le preocupa las cifras de violencia obstétrica, la ausencia de datos de las barreras que enfrentan las mujeres con discapacidad. 

Es común que que las mujeres con discapacidad sufran violencia obstétrica en embarazos, partos. O son forzadas a interrumpir embarazos por considerarse incapaces de ser madres o forzadas a usar anticonceptivos. También se les brinda poco apoyo para criar a sus hijos e hijas.

Por ejemplo, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), de 2016, había 7,8 millones de pcd; 54.1% mujeres, pero no hay datos de violencias. No hay datos oficiales de violencia y violaciones.

En el 2016 sí se incluyeron preguntas de atención en embarazo, parto y puerperio pero el INEGI contempló como razón para suspender la entrevista si la persona tenía discapacidad o la dejaba a la discreción de la persona que hacía la entrevista.

No lo puedo creer.

Sí. Ya lo habíamos señalado en un anterior informe. Nos parece un hallazgo importante porque no se estaba tomando en cuenta la experiencia de las pcd.  Esperamos que en la próxima edición que se hará el año que entra sí lo incluyan porque sabemos que es frecuente que sufran violencia obstétrica. 

Todo esto contribuye a invisibilizar las problemáticas que enfrentan. 

También hay otro dato que es grave. Ante esta situación de discriminación se suman normas en el marco jurídico nacional como la Norma 005 (su nombre completo es NOM-005-SSA2-1993): refiere el “retraso mental” (así está citado) como una  “indicación” para practicar una otb o ligadura de trompas, es decir un método de esterilización. La última modificación fue en el 2004. Hemos sido insistentes en que equivale a decir que las mujeres con discapacidad no deben reproducirse. 

Además es esterilización forzada.

Exacto. Si no se les dice de manera previa e informada… pues no es libre. Hemos insistido en que debe actualizarse esa norma, lo hemos puesto en varios informes, comunicados. La actualización debe respetar los derechos de pcd. 

En julio de 2018, la CEDAW también expresó preocupación por reportes de esterilizaciones forzadas de niños y niñas con discapacidades intelectuales y psicosociales.

En el 2019 la relatora especial de violencia contra las mujeres habla de violencia obstétrica y reconoce que las esterilizaciones forzadas se hacen con base a la creencia de que ciertas poblaciones como las pcd son incapaces de tomar decisiones.

¿Hay datos de muerte materna con respecto a mujeres con discapacidad?

La muerte materna es la máxima violencia obstétrica, pero no, no hay datos.

¿Y de conciliación entre la vida laboral y reproductiva?

En ese sentido, por un lado existen las limitaciones para las mujeres con discapacidad que no tienen un trabajo formal para poder acceder a estancias infantiles. Y también si las mujeres tienen niños o niñas con discapacidad que los reciban y estén preparados para atenderles. El Estado debe brindar servicios de apoyo y promover también la mejor distribución del trabajo de los cuidados.

Está pendiente en el Senado darle forma al Sistema Nacional de Cuidados. Debe incluir servicios publicos con base en diseño universal, con ajustes razonables, con una perspectiva interseccional.

Ahí la bronca va a ser el dinero. Que haya presupuesto para crearlo.

Sí, justo en webinars que hicimos en GIRE se tocó el tema. Cuando hay temas así de ambiciosos (como el Sistema Nacional de Ciudados) a veces terminan en la ‘congeladora’ (es decir, no se discuten) o posponiéndose. 

Otro hallazgo que vimos que afecta a las pcd es la eliminación de los programas de estancias infantiles. GIRE, junto con otras organizaciones promovimos, en 2019, la visibilización de que en las reglas de operación de las estancias no se tenian lineamientos suficientes para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Las estancias infantiles no tenían capacitación para ello. 

¿Y en el caso de reproducción asistida?

No hay regulación, no hay marco legal. Aquí también GIRE lo que ha hecho es acompañar casos y hacer peticiones de información pública. En México hay muy pocos hospitales públicos que usen técnicas de alta complejidad como fertilización in vitro que es la más conocida. 

Pero sí hay criterios discriminatorios por razones de edad, estado civil, condiciones de salud. En el caso del protocolo de un hospital de la SEDENA establece como requisito para que una pareja acceda (a la reproducción asistida) que ambos se sometan a una valoración psicológica. Las personas con discapacidad en general no son vistas como titulares de derechos y aquí se les podría privar de manera injustificada si tienen una discapacidad psicosocial a acceder a una técnica así en igualdad con otras personas. 

Las pcd tienen derecho a ejercer de manera libre y responsable su derecho a el número y espaciamiento de sus hijos.

¿Cuáles son sus recomendaciones en particular para las pcd?

Necesitamos más estadísticas públicas y datos desagregados. Será muy importante lo que arroje la próxima ENDIREH. Hay que reformar los códigos y marcos normativos que estigmatizan y no se ajustan a la Constitución, como la Norma 005 de Planificación Familiar y hay que emitir una Norma de reproducción asistida que no vulnere derechos humanos. 

La autodeterminación de las mujeres con discapacidad está ligada a la garantía de sus derechos. La justicia reproductiva está lejos de ser alcanzada mientras no se armonice la legislación y no haya datos. Tenemos que hacerlo con base no en ‘intuiciones’, no se puede ignorar lo que sucede. Debemos escuchar a las mujeres con discapacidad. 

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