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Los ‘otros datos’ del gobierno mexicano en su examen ante la ONU

Bandera de la ONU ondeando en un asta.

Durante tres días, un equipo liderado por Bienestar rindió examen sobre los avances de la Convención sobre las Personas con Discapacidad en el país.

Mucha propaganda de la 4T y dudas de la ONU que tuvieron respuestas vacías.

Se prometió una consulta nacional a personas con discapacidad para diciembre de 2022.

Por Bárbara Anderson

Fueron seis horas las que dedicaron los miembros del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) a realizar preguntas y recibir las respuestas por parte del gobierno mexicano sobre implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este es el tercer informe o examen al que se presenta México, una sustentación que debe realizarse cada cuatro años. 

Por primera vez en esta ocasión, la delegación mexicana no viajó a la sede de este Comité en Ginebra sino que mantuvo su diálogo y presentación de resultados a través de videoconferencia. 

Fue la secretaria de Bienestar Ariadna Montiel quien presidió todo el equipo del gobierno nacional, quien sumó a 42 Secretarías para responder las preguntas de los relatores (evaluadores) que con mucha información previa de la sociedad civil organizada de nuestro país llegaron con un cuestionario preciso y concreto.

“Confíen en esta transformación que estamos llevando a cabo en México, trabajaremos por el bien de México. En un mundo donde las personas con discapacidad presentan grandes retos, sepan que cuentan con el Estado mexicano de su lado”, dijo Martha Delgado, subsecretaria de Relaciones Exteriores en su discurso de cierre de la Sustentación. 

El final del debate abierto coincidió en día y hora con la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles, por lo cual Montiel cedió su espacio a Delgado. 

Si bien ahora todo lo presentado en vivo y los documentos enviados directamente a los relatores comienzan un trabajo de revisión y faltan muchas semanas para recibir el dictamen y las recomendaciones, hubo un resumen muy poderoso por parte de la ONU en voz del co-relator para México, el jamaiquino Floyd Morris:

“en estos tres días hemos escuchado de los logros y de los desafíos en la implementación de la Convención en México. Siento que todavía existe un conflicto entre el nuevo paradigma de la Convención y los viejos conceptos médicos y asistencialistas con el que la sociedad trata a su población con discapacidad.

Me preocupan los datos que tenemos de los pueblos indígenas y sobre todo las niñas y las mujeres indígenas con discapacidad que no acceden a sus derechos así como la esterilización forzada de mujeres con discapacidad intelectual en ciertos centros de internación. Aún solo 39% de quienes viven con discapacidad son activos económicamente y sabemos de la relación directa entre pobreza e inclusión laboral. Se debe hacer más por la educación, por un verdadero sistema educativo incluyente y en una mayor promoción para comunicar a la sociedad mexicana que las personas con discapacidad son seres humanos con los mismos derechos de aquellos que no tienen una discapacidad. Porque la discapacidad no respeta a nadie: hoy puedes estar bien y mañana perderlo todo”. 

A diferencia de la Sustentación anterior (2018), en este caso todos los discursos de los funcionarios de las distintas instituciones gubernamentales contenían una alta carga propagandística hacia los pilares de la Cuarta Transformación: el combate a la corrupción, la austeridad republicana, los efectos del neoliberalismo en la desigualdad existente y el combate a la pobreza. 

Las respuestas a preguntas concretas sobre la población con discapacidad fueron en su mayoría respondidas con discursos ambiguos y generales incluso de grupos sociales amplios que siempre terminaban con un ‘que incluyen a las personas con discapacidad’. 

Nunca se puso como contexto mínimo la representatividad de las personas con discapacidad, es decir su participación de 16.5% en la población total nacional. De hecho uno de los errores de Bienestar fue iniciar la Evaluación considerando que viven en el país 6,2 millones de pcd, cuando en realidad según el Censo 2020 son 20,8 millones.

Muchos de los relatores pidieron estadísticas comprobables y ninguno de los funcionarios tuvo las mismas a mano: ni el número de mujeres con discapacidad internadas y esterilizadas en instituciones públicas, ni la cantidad de migrantes con discapacidad en tránsito, ni el total de pcd vacunadas en la pandemia. 

Tampoco inversión en las distintas áreas para cumplir con las metas de la Convención, excepto el dato de las pensiones que fue muy discutido por el panel como una acción asistencialista y no encaminada a buscar igualdad. 

También se quedó pendiente de contestar cómo piensa el gobierno reconstruir su relación con la sociedad civil organizada, un factor clave para la implementación y apoyo a la Convención.

Donde sí se notó un avance por parte del Poder Judicial en cuanto a dictámenes, amparos, implementación de cambios y en modificaciones al ejercicio jurídico con enfoque de discapacidad versus las demás instituciones invitadas a la evaluación como la SRE, Bienestar, INE, INAI, Inmujeres, SEP, SSA o la SE.

Una de las promesas de Ariadna Montiel a la ONU fue realizar en diciembre de este año una consulta nacional.

Algunos puntos importantes que se dijeron en estos tres días de sesiones por parte del gobierno mexicano: 

CONADIS

Fue pregunta recurrente en los tres días de la evaluación pero recién ayer, poco antes del cierre se aclaró la situación actual y futura del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad (Conadis). 

Si bien todos los relatores hablaron de acefalía de este organismo desde diciembre de 2018, la secretaría de Bienestar sostuvo que hasta la fecha Ariadna Montiel es quién funge como presidente de la junta de gobierno y están en proceso de designar a un subsecretario que tome las funciones ejecutivas del mismo. Mientras tanto, desde julio de 2020, Daniel Vélez Ramírez es el como encargado del Despacho de la Dirección General de Conadis, con lo cual “esta dependencia sigue cumpliendo sus funciones con algunos cambios en la optimización de recursos pero nunca perdiendo sus capacidades”. 

EDUCACIÓN

La SEP declaró que en estos años se han diseñado baños y mobiliario accesible para escuelas, así como materiales didácticos y educativos ajustados. “Solo en 2021 se entregaron 8969 libros en Braille en las primarias”, por ejemplo, y se abrió un formato de bachillerato para personas con discapacidad que, si bien no está acreditado aún, tiene la ventaja de no requerir examen de admisión. Se ha dedicado presupuesto (sin dar cifras) a mejoras de accesibilidad física en universidades y se entregaron 52,448 becas Benito Juárez a estudiantes. 

Confinamiento: se dio capacitación a 218 maestros en tecnología para las clases en línea del programa Aprende en Casa y se grabaron 42 programas de TV accesibles.

BECAS BIENESTAR

Por primera vez tiene carácter constitucional un beneficio como la pensión para personas con discapacidad, misma que alcanza a 3,576,625 personas (1 millón de ellas menores de 29 años). En diciembre de 2021 se invitó a los Estados a sumarse a la universalización de esta pensión y sumar a otros 5 millones de pensionados de todo el país. 

“Con el plan de austeridad y el combate a la corrupción conseguimos el presupuesto para las becas de Bienestar”, dijo Carlos Castillo desde la Secretaría. La inversión suma 227,316 millones de pesos. La principal meta de esta pensión es erradicar la pobreza, bajo el lema “Primero los pobres”, incluidos aquellos con discapacidad. 

TRANSPARENCIA

El INAI promocionó los tres días su plataforma nacional de transparencia como la base de datos más grande del país (con 7 millones de entradas) que cuenta con un apartado de accesibilidad para personas con discapacidad. 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Según Bienestar, en materia de discapacidad, existe un trabajo importante que en el pasado asumieron esta responsabilidad del Estado. «Trabajamos con ellas con un diálogo constructivo y de respeto, y se ha hecho una única excepción de trabajar con una organización en un programa de rehabilitación para las personas con discapacidad.”

Prometieron enviar una lista de todas las OSC con las que trabajan de manera constante y en qué temas en particular. 

SALUD

Se repitieron las cifras globales de personas vacunadas contra Covid-19 sin decir qué porcentaje eran personas con discapacidad y se promocionaron las Guías Accesibles para personas con discapacidad con la que cuenta el sitio coronavirus.gob.mx (que son autoría de Yo También, por cierto). Durante el confinamiento se dieron teleterapias virtuales de rehabilitación y líneas de apoyo psicológico. “Las 401 conferencias desde el 29 de marzo de 2020 al 11 de junio de 2021 fueron todas accesibles, con intérprete de Lengua de Señas Mexicana”. Pero se obvió decir que esta facilidad se consiguió por un amparo de la Coalición de personas sordas de la Ciudad de México (CoPeSor) a mediados de marzo de 2020. 

El director de Servicios de Atención Psiquiátrica, Juan Manuel Quijada, indicó que la Ley General de Salud armoniza con la Convención para dar servicios acordes a una vida equilibrada y saludable para todos, además de atender a los grupos vulnerables con énfasis en salud mental.

La Segob afirmó que están elaborando un diagnóstico para identificar las necesidades de las pcd en eventos de riesgo por desastres naturales, en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

JUSTICIA

Se indicó que todos los órganos de impartición de justicia deben eliminar la figura de interdicción, declarada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como inconstitucional, ya que quita los derechos personales a las personas con discapacidad. Y que se impulsa eliminar la prohibición en todos los Estados del matrimonio de personas con discapacidad intelectual. “Los juzgados deben tomar sus medidas para dar los apoyos necesarios para el acceso igualitario a la justicia”. 

La SCJN realizó ajustes a los procedimientos en lectura fácil, se adaptaron salas de audiencia en el Consejo de la Judicatura Federal, se dieron cursos de capacitación y sensibilización a 715 personas del Sistema judicial con perspectiva de DDHH e interseccionalidad. 

Se aumentaron los abogados dedicados a la defensa de indígenas y personas con discapacidad e incluso ya hay 11 de ellos que se comunican en Lengua de Señas Mexicanas. Ante las denuncias de tortura y malos tratos en centros de atención a pcd se informó que todo está bajo investigación de Conapred. 

EMPLEO

El gobierno federal impulsa una ley que obligue a que 5% de las vacantes en puestos públicos sean ocupados por pcd, una propuesta aprobada en Diputados y que se encuentra en el Senado. 

El Programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” ha dado capacitación a 10 mil beneficiarios con alguna discapacidad. 

La propia Secretaría del Trabajo tiene a 111 beneficiarios del programa «Jóvenes….” con discapacidad.

Está en el Congreso una propuesta de ley para que las empresas privadas con más de 20 empleados tengan 5% de su plantilla laboral con pcd. Y según la Secretaría de Trabajo tienen un registro de 5,572 sitios laborales que cuentan con personal con algún tipo de discapacidad.

MUJERES

Conapo tiene como meta erradicar el embarazo infantil y bajar a la mitad el embarazo adolescente para 2030 y esto ‘incluye a aquellas que tienen una discapacidad’. Conapo cuenta con un programa para evitar el abuso sexual a niñas y mujeres, incluyendo aquellas que viven con discapacidad, son índigenas o afromexicanas. 

La cartilla de sexualidad de personas con discapacidad que realizó Inmujeres se encuentra en formatos accesibles.

Inmujeres afirma que tienen indicadores con perspectiva de género, que hay 56 Centros de Atención a mujeres con diagnósticos de vulnerabilidad y 108 refugios que son accesibles.

Con respecto a la salud sexual y las pcd, se informó que está en marcha un Programa junto a Conapo que permite el acceso a información y capacitación reproductiva sin distinción de género y con accesibilidad. 

POLITICA

El INE comunicó que en las elecciones 2021 se impulsaron las acciones afirmativas para que cada partido sume candidatos con discapacidad. Para facilitar el sufragio se distribuyeron plantillas y urnas en Braille, mamparas con ajustes para silla de ruedas o talla baja, el acceso de acompañantes y perros guías. Hubo 3200 funcionarios de casilla con alguna discapacidad y 308 mil personas con discapacidad emitieron su voto. 

Aún está en trabajo el modelo final del Protocolo para el voto de personas con discapacidad. Y está pendiente una evaluación sobre la efectividad de las acciones afirmativas de elecciones 2021 y 22. 

RELACIONES EXTERIORES 

Trabaja en la institucionalización de una campaña internacional para atender a personas con discapacidad en el extranjero y a familiares de personal del servicio exterior que vivan con pcd. 

Descuento del 50% en emisión de pasaportes a pcd y apoyo en estaciones migratorias para deportaciones de pcd. 

Tiene una alianza con la Cruz Roja para apoyar y repatriar a los migrantes víctimas de accidentes y mutilaciones en su paso por nuestro país (como las que han sucedido en el Tren la Bestia).

MIGRACIONES

Hay 40 personas especializadas en temas de discapacidad dentro del Instituto Nacional de Migraciones recorriendo las distintas estaciones migratorias y apoyando en lo que necesiten los migrantes con discapacidad.

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