Legalización de la marihuana medicinal: cuando el sí es no

Hoy no existe en México una sola persona que haya podido comprar legalmente y en territorio nacional algún fármaco derivado de cannabis. Un rosario de omisiones y de falta de coordinación entre agencias del gobierno llegaron al extremo de volver inoperante la despenalización para el uso medicinal de la marihuana que se aprobó en 2017. 

Quienes por alguna enfermedad (como epilepsia) requieren de algún medicamento cannábico deben, ellos mismos o sus familiares, buscarlo en otros países o interponer amparos para cultivar mariguana en sus casas o recurrir al mercado ilegal. Otra opción es conformarse con comprar localmente suplementos que, muchas veces no cumplen con estándares de calidad y que ya se ofrecen en farmacias, tiendas y vía redes sociales. 

Especialistas y familiares de usuarios de medicinas que usan el componente no adictivo de la mariguana, consideran que la falta de voluntad política fue lo que atoró la publicación de las reglas de operación que se debieron detonar tras la Reforma a la Ley General de Salud que permitió hace 5 años el uso de cannabis medicinal en el país.

No solo se ha perdido un quinquenio de atención a personas cuya salud depende de estas medicinas sino que en el camino también se perdió la posibilidad de crear toda una industria nacional de medicamentos y herbolaria cannábica. 

A lo largo de estos años y aun con alternancia en el poder presidencial, se ha debatido tanto, se ha opinado tanto y se ha movido en los tres niveles de poder mexicano el tema que no queda más que pensar que el gobierno mexicano (de ninguna bandera) no acepta el uso de la marihuana medicinal. 

El consumo de medicinas cannábicas se aprobó en septiembre de 2017; la Suprema Corte de Justicia de la Nación en dos oportunidades sentenció a los organismos responsables de crear los protocolos y la reglamentación de esta ley (la Secretaría de Salud y la Cofepris) a que cumplan con este paso que es ni más ni menos que la puerta al uso efectivo y legal de la mariguana medicinal. Esto es, ni más ni menos que una dilación en el tiempo, sin consecuencia para ninguna institución que termina por violar el derecho fundamental de acceso a la salud.

Cuando legalizar es ilegal

La dificultad para acceder de manera legal a cannabis para uso medicinal viene de lejos, en una cadena de omisiones de las autoridades mexicanas.

La historia podría comenzar a contarse a partir del 19 de junio de 2017, cuando se publicaron las reformas que por primera vez permitían el uso medicinal de la marihuana. 

En ese momento, la Secretaría de Salud tenía un máximo de 180 días para redactar y publicar un reglamento y la normatividad que hiciera posible el uso del cannabis como fármaco recetable. (Puedes consultar la línea del Tiempo de la Legalización de la Marihuana)

El plazo se cumplió el 18 de diciembre de 2018 -apenas dos semanas después de iniciado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador-, y la Secretaría de Salud no publicó la reglamentación. La Suprema Corte de Justicia le dió a esta cartera dos prórrogas para publicar las reglas para el comercio y uso médico de los medicamentos con CBD. 

Tres años y medio después -el 12 de enero de 2021-, el Ejecutivo emitió el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario para la Producción, Investigación y Uso Medicinal de la Cannabis y sus derivados Farmacológicos. 

Pero le faltan muchos elementos que son nodales para ofrecer este producto con fines médicos. Primero, los médicos deben tener un permiso de Cofepris para extender recetas para estos fármacos que tengan un código de barras. Aunque el artículo 27 del Reglamento indica los requisitos para que Cofepris otorgue estos recetarios, la agencia dijo en abril de este año que dentro de sus registros “no existe el trámite para la obtención de recetarios de códigos de barras con fundamento en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario para la Producción, Investigación y Uso Medicinal de la Cannabis y sus Derivados Farmacológicos, por lo cual no existe marco normativo para la emisión de este tipo de autorizaciones”. Esto puede leerse en el oficio No. S00-UT-7931-2022 entregado como respuesta a la solicitud de información 330007922005460, disponible para su consulta en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

El estudio “Hacia una Regulación por la Paz”, consideró que el requisito de estos recetarios especiales excluye a buena parte de la población, particularmente a aquellas de bajos recursos. “Este Reglamento solo permite el uso de productos farmacológicos sujetos a una receta médica con código de barras. Esto mantiene el acceso a esta planta con fines medicinales fuera del alcance de gran parte de la población dado sus altos costos, la falta de disponibilidad de estos productos en el mercado y la complejidad burocrática para acceder a los mismos”.. 

Sin acceso claro a los recetarios y con una agencia que dice desconocer el trámite para emitirlos, se complica la forma de prescribir a un paciente una medicina que ya está autorizada en el país. Suena surrealista, pero es tristemente verídico. 

¿Otro palo en la rueda? __

Cofepris en estos cinco años tampoco ha autorizado ni un solo permiso para la importación de estos fármacos, pero sí de 107 para suplementos alimenticios y otros productos derivados de cannabis, según la respuesta a la solicitud de información de folio 1215100934421. 

Es decir que no hay recetarios para prescribir medicinas legalizadas porque no tienen permisos legales para ser importadas al país. 

Esa rara planta que existe nomás en otros países

__¿Y si sembramos la mariguana como también lo permite la Reforma de 2017? 

Tampoco es posible hasta la fecha. Antes, se deben cumplir con algunos requisitos, principalmente el de registro e importación de semillas, un trámite que, (aunque suene insólito), sigue prohibido. 

El artículo 61 del Reglamento indica que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a través del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) es quien debe otorgar los permisos para la importación de semillas. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) es el encargado de las autorizaciones de siembra. A la fecha,  “… se han otorgado cero permisos de siembra con base en el Reglamento, y por tanto existen cero empresas a las que se les haya otorgado permisos, desde el día de la publicación del referido Reglamento”, respondió Senasica el pasado 26 de julio a la solicitud de información 330028322000229 ingresada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

“La Secretaría de Economía no ha habilitado las fracciones arancelarias para la importación ni de semillas ni de materia prima. Aún si estuvieran permitidas, también hay otro obstáculo que son las cuotas cupo, otro trámite para presentar ante Cofepris y que hasta la fecha no resuelven”,

explica Margarita Garfias, una de las activistas pioneras en este tema en el país.

Si, hipotéticamente, el gobierno mexicano tuviera habilitados estos dos requisitos (fracciones arancelarias y cuotas cupo), el trámite para la importación de medicamentos de cannabis tendría un costo aproximado de entre 12 mil y 18 mil pesos para el agente aduanero, sin importar el volumen de los productos. “Esto es una burla, una farsa”, agrega Garfias.

La Cofepris tampoco ha autorizado a ninguna droguería, farmacia o botica mexicana para vender medicamentos en base a cannabis, indicaron registros de la agencia consultados por Yo También. 

Ante toda esta larga lista de restricciones detrás de una despenalización, no hay nada en lo cotidiano, en el día a día de decenas de personas con discapacidad y otros pacientes que podrían beneficiarse con su uso. Hasta ahora, todo queda en el papel. 

La familia de “Grace” Elizalde Benavides (8 años), ganó un amparo que les permite importar, transportar y suministrar un aceite de cannabidiol (o CBD) para tratar un tipo de epilepsia. Fotografía: Infobae.

Algunos pacientes y sus familias han optado por el autocultivo de marihuana, aunque con la reglamentación actual, esta opción supone entrar en una zona gris en la que, salvo el amparo, reina la ilegalidad. “Como tuve que cultivar me preocupaba porque hay penalizaciones muy fuertes en el Código Penal Federal. De inicio cinco años de cárcel por suministrar, si a quien suministras es un menor de cinco años o si es incapaz de resistirse al acto, como mi hijo con discapacidad, otros más. De inicio llevaba una pena de 17 años de cárcel solamente por darle a mi hijo cannabis, más aparte al cultivo, son como 20 años de cárcel”, manifestó Garfias. 

Polita Pepper, de la organización Cannativa (un proyecto de educación integral de la planta como alternativa terapéutica), sostuvo que la imposición de medidas tan restrictivas como la del control de la semilla son un reflejo de un gobierno que no responde a las necesidades de la población. “Tardaron 3 años en sacar el Reglamento y aun con él, sigue siendo una ley tan mal hecha, tan elitizada, que todavía no hay una sola empresa que esté produciendo CBD legalmente en México. Lo de querer que las semillas se importen es una locura porque en México hay semillas endémicas desde hace décadas”, agrega, “tenemos generaciones que han cultivado cannabis, es simplemente querer tapar el sol con un dedo creer que si no hay importación no hay cultivos. Los campos, los invernaderos, todo está lleno de marihuana y el gobierno lo sabe”, sentencia Pepper.  

“Es un absurdo que en un país como México tengamos esta situación que es resultado de la negligencia, del conservadurismo de los gobiernos. Ese requisito que ponen de la importación de semilla es la soberbia total cuando en este país donde tenemos millones de plantas y millones de semillas, donde la marihuana crece en todos lados, literalmente en las avenidas hay marihuana, por supuesto que la gente no está importando semillas. Quien está haciendo el ridículo con este tipo de requisitos es la autoridad”, afirma Alejandro Madrazo Lajous, doctor en Derecho por la Universidad de Yale, profesor-investigador del CIDE y experto en temas de regulación de drogas.

Para Madrazo y Pepper, los cambios en la regulación vigente tendrán que venir de la exigencia ciudadana, “a golpe de amparo” y no por voluntad del gobierno ni del congreso.

Cannabis medicinal = letra muerta

Sin reglas claras, con acciones que se autoboicotean entre sí, ni autoridades que cumplan sus responsabilidades y tiempos estipulados por ley, el mercado de cannabis medicinal en México está todavía lejos de alcanzar su potencial y de brindar soluciones a quienes tienen en estos fármacos una real mejora en su calidad de vida. 

De acuerdo con New Frontier Data, firma especializada en el análisis de la industria de cannabis, el mercado de CBD en México mueve 9.2 millones de dólares (mdd) en 2020 y alcanzaría los 675 mdd para 2027. 

La avidez por un negocio de tal magnitud ha hecho que se encuentren en el mercado informal derivados de marihuana como “soluciones medicinales”. 

El uso de fitocannabinoides (compuestos de la cannabis con propiedades terapéuticas ni psocotrópicas), por ejemplo, se vende como un producto terapéutico para “reducir la inflamación” del Trastorno del Espectro Autista o para curar la depresión incluso para deportistas de alto rendimiento. “Charlatanes vestidos de emprendedores”, los califica Margarita Garfias. 

Carlos Avilés Garfias (un joven con epilepsia) gana un amparo para garantizar el derecho al uso medicinal de cannabis.

Ante un vacío regulatorio, la creciente informalidad de estos productos ha orillado a que cada vez más profesionales de salud prescriban, sin conocimiento suficiente, suplementos alimenticios derivados de cannabis como una manera de participar en el reparto del pastel de la marihuana medicinal. “Los médicos con formación y conocimiento para recetar cannabis son escasos, aunque hay muchos que se prestan para cosas truculentas como tomar un curso y de ahí recetar cosas con CBD”, explica Garfias. 

¿Cómo es la experiencia en otros países de América Latina?

En noviembre de 2020, Argentina aprobó el autocultivo de marihuana para pacientes, además de que el estado provee de manera gratuita los aceites con CBD. 

En Colombia, hay medicamentos que con la compra incluyen asesoría y acompañamiento psicológico para las familias. La venta en ese país es libre en muchas farmacias y el CBD puede recetarlo cualquier médico sin necesidad de especialidad, mientras que los fármacos con THC (el compuesto psicoactivo de la marihuana, recomendado para tratar el dolor), sí requieren de registro tanto de pacientes como de especialistas autorizados por el gobierno.

Fármacos versus suplementos

Basta con escribir “marihuana medicinal México” en Google para encontrarse con cientos de páginas en las que se ofertan productos que prometen servir como tratamientos para todo tipo de padecimientos, trastornos, dolencias e incluso que funcionan como controladores del apetito y potenciadores del sistema inmune y del rendimiento físico. 

La oferta va más allá en grupos de Facebook, donde es fácil encontrar quién venda aceites con cannabinoides (CBD) sin ningún tipo de regulación.

Entre tanta promoción, hay algunos sitios que hasta presumen de comerciar productos derivados de la marihuana con permisos otorgados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la agencia mexicana encargada de la vigilancia y regulación de sustancias de consumo humano. 

La realidad es que ninguno de esos artículos pseudo-medicinales derivados de cannabis que se ofrecen puede considerarse como una medicina. A la fecha hay sólo 38 productos cuentan con permisos de la Cofepris: 21 suplementos alimenticios, nueve cosméticos, seis alimentos y dos materias primas.

Isaac Macip, vocero de Cofepris, rechazó la petición de entrevista hecha para la realización de este trabajo con el argumento de no tener “información al respecto” sobre cannabis medicinal. 

En 2017 se publicaron las reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal que abrían la puerta a la importación, producción y comercialización de productos y preparados derivados de cannabis. Todas tenían un punto clave: debían tener concentraciones menores o iguales al 1% de tetrahidrocannabinol (THC), que es el compuesto psicoactivo de la marihuana (el que genera adicción). 

Aunque la normativa mexicana establece la obligatoriedad de que los suplementos incluyan información del lote, los certificados de análisis microbiológicos y fisicoquímicos, las etiquetas en el idioma de origen, muchos de los productos con CBD que se ofrecen en el mercado no pasan estos estándares. 

“Te lo puedo enviar sin etiquetado para que tu le pongas tu propia marca” o “vendemos a granel los cannabinoides, aceites por litro en cualquier dosis que requieras y también productos whitelabel”.

Estas son algunas de las ofertas que se publican en los grupos de Facebook donde pacientes y sus familias buscan medicamentos derivados de la marihuana. 

Uno de esos productos -el aceite de CBD- fue el primero que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) le ofreció a Carlos Avilés Garfias, un joven con discapacidad múltiple y epilepsia refractaria. De esta manera iba a poder cumplir con una sentencia judicial (amparo) que interpuso su familia para que le dieran el medicamento derivado de cannabis que necesita.

Margarita Garfias, madre de Carlos y activista de larga data por la legalización de la mariguana medicinal, rechazó este suplemento.

“Lo que nos ofrecieron era un aceite a granel, no era un fármaco, no era nada que tuviera una conocida estabilidad, ni siquiera estaba acreditado como de uso humano. Buscaron CBD y esto lo juntaron con aceite de oliva y era lo que le ofrecían a Carlos”, afirma Garfias, “lo que hay en México no está regulado, ni siquiera sabemos cómo están hechos”, agrega la activista, que recibió en 2021 el Premio Nacional de Derechos Humanos. El dinero de este premio ella lo usó para viajar a Colombia para obtener los dos medicamentos que necesita su hijo para controlar sus eventos de epilepsia. 

“Viajar a Colombia puede ser mucho más barato para conseguir los suplementos. Aquí el que más recomiendan cuesta casi seis mil pesos con cinco mil miligramos de CBP, pero es un suplemento y no hay garantía de que tenga esa cantidad de miligramos. Un medicamento con esa misma cantidad de miligramos y con todos los estudios y estándares necesarios cuesta en Colombia mil 400 pesos mexicanos”,

explica Garfias.

Margarita Garfias

“El grueso de esos suplementos alimenticios son importados, provienen de grandes empresas extranjeras que en medio de toda la confusión por la falta de regulación adecuada han logrado importar estos productos que no se producen a nivel nacional”, explica Alejandro Madrazo Lajous. Según su análisis, el gobierno mexicano ha apostado por favorecer a las empresas internacionales en detrimento de la herbolaria mexicana y de las comunidades que, desde hace cientos de años, han usado la marihuana con fines medicinales.

“En cierta manera cada vez que se ha pronunciado la Corte (Suprema Corte de Justicia de la Nación) en contra de Cofepris, es un reconocimiento de que en México no se efectiviza de manera práctica un reglamento como el de cannabis medicinal. Y eso necesariamente es por falta de voluntad política de las autoridades, de este gobierno y del anterior, donde nadie asume, nadie toma la iniciativa”, agrega Polita Pepper.

Las omisiones de la Cofepris llegan incluso al nivel de cancelar normativas sin emitir nuevas disposiciones que permitan la comercialización de marihuana medicinal. En octubre de 2018 la comisión emitió los Lineamientos en Materia de Control Sanitario de la cannabis y derivados de la misma, donde se establece que se pueden dar autorizaciones a los pacientes para la importación de medicamentos, así como de fabricación y comercialización de alimentos, suplementos y bebidas; estos lineamientos fueron revocados el 29 de marzo de 2019, con el argumento de que “excedían” el propósito de la reforma a la Ley General de Salud de 2017, ya que autorizaban la comercialización de productos derivados de cannabis para usos distintos a los médicos y científicos.

Hasta la fecha, no han sido sustituidos por nuevos lineamientos.

Grace y Carlos: salud a fuerza de amparos

El año 2015 marcó en México un hito en lo que a cannabis medicinal se refiere, pues en septiembre de ese año una familia de Nuevo León consiguió un amparo para obtener un aceite con cannabinoides (CBD) para tratar la epilepsia farmacorresistente de Graciela “Grace” Elizalde Benavides, una niña de ocho años que tiene síndrome de Lennox-Gastaut. 

El amparo otorgó la protección únicamente a esta familia para no cometer un delito al importar y suministrar a la niña un producto, un suplemento, -de nombre comercial Charlotte’s web-. Actualmente, el aceite se consigue en el país a través de una firma autorizada por Cofepris.

En México la mariguana medicinal no se consigue con recetas sino con amparos.

Carlos Avilés Garfias tiene epilepsia refractaria. Su expediente médico tiene todos los registros que muestran cómo una fórmula magistral con THC y un fármaco con CBD le permitieron dejar ciertos antiepilépticos. Su familia esperaba que la legalización en 2017 les daría la oportunidad de acceder de forma gratuita al tratamiento por parte del IMSS. 

Una primera omisión en la publicación del reglamento en 2018 llevó a Margarita, su mamá, a solicitar la protección de la justicia federal para que se urgiera a las autoridades a cumplir con su obligación. En 2019 la SCJN ordenó a la Secretaría de Salud a publicar en 90 días hábiles un reglamento para garantizar el derecho de Carlos Avilés Garfias al uso medicinal de cannabis y también obligó al hospital a darle estos medicamentos gratis.

Hoy, aunque el Reglamento está publicado, el IMSS todavía no ha dado una sola gota de medicamentos con base en cannabis a Carlos; solo le han ofrecido un aceite, un suplemento, que no es lo que él requiere, según sus médicos.

“La Secretaría de Salud es un monstruo de mil cabezas. Cuando se da la sentencia de Carlos turnan a la Secretaría, ahí al recibir la sentencia dicen ‘si se está atendiendo al niño en el IMSS, entonces el IMSS que le dé el medicamento y se acaban las broncas’ pero en el IMSS le pasan la bola a la clínica o a la zona regional y así se la llevan”,

afirma Garfias. 

Según un reporte de la agencia informativa Radar BC, en febrero de este año 28 pacientes con enfermedades terminales no habían recibido de instancias públicas el tratamiento con cannabis a pesar de un amparo colectivo otorgado por la SCJN. 

“El secretario de salud, Adrián Medina Amarillas, explicó que la orden de la SCJN no ha sido acatada debido a que no cuentan con esa facultad. Comentó que el uso de la cannabis no está regulado, por lo tanto no se encuentra en el cuadro básico de salud. ‘Nosotros no tenemos manera directa de proporcionarles el medicamento’, expresó. Agregó que importar la cannabis desde el extranjero también representa un problema, ya que intervienen muchas dependencias federales. “Es todo un proceso que se debe seguir para que se pueda importar y que lo pueda regular la Cofepris’”, se lee en la nota. 

Otros casos de amparos en Morelos y en el Estado de México dan cuenta de la lucha que significa para las familias el acceso a los medicamentos en medio de una política que no tiene visos de modificarse.

Por Itzel Ramírez

Línea del tiempo

Consulte el detalle de este proceso en la ‘Línea del Tiempo de la Legalización de la Marihuana‘.