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La terrible experiencia de vacunar a un adulto con discapacidad intelectual en Cuautitlán

Fotografía de una enfermera con cubrebocas, cofia y bata quirúrgica de color azul celeste, aparece de espaldas a la cámara, se alcanza a percibir un poco de su perfil derecho, se puede notar que su piel es de color moreno claro, lleva en sus manos una jeringa incrustada en un frasco que contiene un líquido de color blanco, frente a sus manos se ve la tapa de una hielera, utilizada comúnmente te para transportar vacunas.

Joaquín Rivero sufrió una trombosis pulmonar con la primera dosis de AstraZeneca y la indicación médica fue recibir su segunda vacuna de Pfizer, algo a lo que se negaron los responsables de vacunación, quienes amenazaron incluso con detener a la persona con discapacidad y su acompañante por parte de la Guardia Nacional.

Por Bárbara Anderson

El sábado 15 de enero Gina Katz acompañó a su hermano Joaquín Rivero para aplicarse la segunda dosis de su vacuna contra COVID 19. Joaco -como lo llaman sus familiares- tiene 52 años y desde los cuatro años (a causa de una meningoencefalitis) vive con discapacidad intelectual. 

La cita era en el auditorio Enrique Bátiz, en Cuautitlán Izcalli en el Estado de México. 

Fotografía de Enrique Bátiz, un hombre adulto mayor sentado en una silla de plástico de color negro, lleva sobre su rostro una careta de plástico transparente sostenida de una diadema de color amarillo al rededor de su cabeza, es un hombre calvo, con la piel rojiza, trae puesto un cubrebocas de color azul claro, lleva puesta una chamarra de color negro, playera azul y pantalón café claro.

Joaquín llegó pertrechado con doble tapabocas, máscara y un folder con una serie de estudios y una recomendación de sus médicos personales, Alberto Lifshitz y Raquel Gerson: aplicarle sólo vacunas de Pfizer o Moderna. 

Junto con esa prescripción venía una serie de estudios (PET, tomografía, reportes del Hospital Ángeles Lomas) que daban cuenta de un evento del que pudo salvarse en mayo como efecto colateral de la primera dosis aplicada. 

“El 26 de mayo había recibido su primera dosis de AstraZeneca y eso le produjo una trombosis pulmonar. Llegó a saturar al 51% de su capacidad, con picos de fiebre de 40 grados. Tardó ocho semanas en salir de su cuadro más grave”, explica su hermana. 

A mediados del año pasado, la Agencia Europea de Medicinas (EMA) publicó un reporte sobre algunos casos de trombosis vinculados con la aplicación de esta vacuna, que si bien eran pocos versus el total general de vacunados, sí estaba registrada esta relación. 

En México no hay registros pero los médicos que atendieron a Joaquín tienen la seguridad de que hubo una relación directa entre la aplicación y el coágulo que se alojó en su pulmón. 

“Cuando llegué pedí por el médico a cargo de la vacunación para explicarle la situación pero me dijeron que estaba haciendo tareas estadísticas, que no podía atenderme”, agrega Katz, “la servidora de la Nación a cargo de este centro comenzó a tratarnos muy mal, a decirnos que nos tocaba por sistema otra vez AstraZeneca”. 

Gina Katz explicó a esta funcionaria (quién escondió su gafete y jamás dio su nombre) que su hermano tenía una discapacidad y que era necesaria una segunda dosis ante el pico de Ómicron y que ella no iba a dejar que volviera a pasar por la misma situación que casi lo orilla a la muerte meses atrás. 

“Un discapacitado fifí”

“No puede tener discapacidad si no tiene sillita… es un discapacitado fifí”, dice Gina que respondió la funcionaria y que si bien en ese centro de vacunación contaban con vacunas de casi todas las marcas (Moderna, Cansino, Pfizer y AstraZeneca) solo le aplicarían la que el sistema indicaba. 

Ante la negativa de los hermanos, la servidora llamó a la policía municipal de Cuautitlán Izcalli para sacarlos del centro de vacunación. Cuando llegaron, ambos reconocieron a Gina y a Joaquín: “pero si son los de CADI, no señora, no vamos a hacer nada con ellos, los conocemos de toda la vida”. 

CADI son las siglas de la asociación civil Capacitación y Desarrollo Integral un centro multidisciplinario que lleva 30 años en ese municipio y que fundó el doctor Gregorio Katz Guss (padre de Joaquín y Gina) que brinda apoyo para la vida independiente de personas con discapacidad intelectual. De hecho hay una enorme panadería (Pancadi) que los policías conocían perfecto. 

Gina siguió firme en no irse del auditorio sin la vacuna adecuada y el siguiente paso no fue llamar al médico, sino a la Guardia Nacional. 

“Tuvimos a 7 militares detrás nuestro que cortaron cartucho como si hubiéramos cometido un delito”, recuerda la hermana de Joaquín quien ya estaba asustado pensando que lo iban a meter a la cárcel. 

Gina alcanzó a usar su celular para avisar a su familia y una campaña veloz y muy viral en redes sociales que organizó la periodista Karla Iberia Sánchez, permitió que finalmente Joaquín recibiera su dosis y que desalojaran militares y policías del auditorio Enrique Bátiz. 

“Todo hubiera sido mucho más sencillo si desde el principio nos hubiera recibido alguien del sector salud, no un funcionario sin conocimiento ni capacidad para evaluar un estudio ni una recomendación médica”, agrega Katz. 

Lo cierto es que hasta la fecha no existe un protocolo de atención de personas con discapacidad en ningún centro de vacunación. “Los protocolos se inventaron para que la gente sin sentido común no se equivoque”, dice Xavier Tello, analista en temas médicos, “no existe ni un plan, ni un modelo, ni un programa que tome en cuenta excepciones como la que presentó este caso. ¿Quién está en condiciones de evaluar, recibir o tomar en cuenta una receta médica en los centros de vacunación? Nadie”.

México es de los pocos países en el mundo que no cuentan con un Jefe Nacional de Vacunación en la peor pandemia del siglo. Según los lineamientos que se marcaron desde la primera aplicación, el 24 de diciembre de 2020, el jefe máximo de la campaña es el Presidente de la República, los responsables de la logística de las dosis las Fuerzas Armadas y la secretaría de Bienestar -con sus brigadas correcaminos- en la aplicación final.

Más allá del manejo diario de estadísticas, no hay muchas otras funciones que caigan dentro del área -ni más ni menos- que de la Secretaría de Salud. 

“Joaquín tuvo la suerte de vivir en Cuautitlán, de tener un padre conocido, de vivir en una institución conocida y de tener acceso a una periodista conocida. No quiero pensar la enorme cantidad de casos como este que han terminado de otra manera por ser desconocidos”, concluye Xavier Tello.

A continuación un video de Joaquín Rivero haciendo su declaración oficial de los hechos ocurridos, el video es testimonial, no cuenta con subtítulos ni interpretación en Lengua de Señas Mexicana:

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