La puerta del Senado rechina un poco

Aparentemente habría disposición para abordar el tema de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial o con condición de salud mental.

Por Redacción Yo También 

Esta semana aparentemente se abrió una pequeña rendija en la Comisión de Salud de la Cámara de senadores, pero todavía falta saber si los integrantes de la Comisión tendrán la voluntad política, que no fue posible apreciar en su colegisladora, para salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad psicosocial, o con condición de salud mental. 

El 17 de febrero pasado, el pleno de la Cámara de diputados aprobó un dictamen que reforma la Ley General de Salud en el capítulo sobre salud mental. Los resultados del proceso legislativo dejaron mucho que desear. Se optó por hacer un trabajo de marquetería. Con distintos pedazos sueltos, pero sin dar al resultado final la consistencia que se requeriría para iniciar un auténtico proceso de reforma psiquiátrica en México. Se removió todo para final

mente dejar todo como estaba, o casi, porque ahora las personas con los llamados “trastornos por uso de sustancias” también serán objeto de internamiento involuntario legalizado. 

El dictamen aprobado incorpora un lenguaje que casi se podría calificar de elegante para referirse al consentimiento informado, sin embargo, no va más allá de una simple declaración, ya que se conservan múltiples inconsistencias y la persistencia de prácticas que impiden que las personas con discapacidad psicosocial ejerzan su derecho a decidir el tratamiento que quieren adoptar, si es que alguno quieren seguir. 

El derecho al consentimiento informado incluye la posibilidad de negarse a cualquier tratamiento. Aunque eso está previsto en la reforma como regla general, luego vienen las consabidas excepciones, la letra chiquita del asunto, digamos. ¿Para qué crear equipos de respuesta inmediata para atención de crisis de salud mental si de todas maneras se piensa optar por medidas coercitivas como los internamientos involuntarios? No hace sentido tener ambas cosas. 

Los integrantes de la Comisión no han recibido a los representantes de las organizaciones que han venido acompañando este trabajo, incluidas Yo También, Documenta A.C., Sin Colectivo, Human Rights Watch, CONFE y ENTROPÍA, a pesar de que enviaron una carta haciendo una solicitud hace ya más de 15 días. Apenas el 18 de marzo se tuvo un primer acercamiento con asesoras que no habían dado lectura previa a los documentos enviados oportunamente por las organizaciones. El secretario técnico de la Comisión de Salud tampoco estuvo presente, a pesar de que en principio se dijo que estaría. 

1. Consulta amplia con organizaciones. 

Contactar a todas las organizaciones de personas con discapacidad en México mediante canales de información adecuados, e incluyendo el acceso a toda la información pertinente, incluidos los sitios web de las comisiones dictaminadoras, mediante distintos formatos digitales accesibles y ajustes razonables cuando se requiera, como la interpretación en lengua de señas, los textos en lectura fácil y lenguaje claro, el braille y la comunicación táctil.

1. Consulta a niñas, niños y adolescentes. 

Dado que la legislación también comprenderá regulaciones sobre niñas, niños y adolescentes con condición de salud mental, se deben realizar consultas idóneas también con esta población, considerando los principios de autonomía progresiva e interés superior del niño.

1. Consulta a personas bajo cualquier modalidad de tutela o institucionalizadas. 

La consulta deberá realizarse también entre aquellas personas con discapacidad que se encuentran en cualquier modalidad de tutela o institucionalizadas, incluyendo personas mayores, mediante organizaciones que protejan sus derechos. Para tales efectos, se deberán prever mecanismos para facilitar que estas personas expresen su parecer, incluida la posibilidad de hacer disponibles formas para la toma de decisiones con apoyos.

1. Información de los resultados de la consulta.

Informar a las organizaciones de personas con discapacidad de los resultados de esos procesos, en particular proporcionando una explicación clara, en un formato comprensible, de lectura fácil, de las conclusiones, las consideraciones y los razonamientos de las decisiones sobre el modo en que se tuvieron en cuenta sus opiniones y por qué. 

Segundo, se tendría que especificar cómo se piensa garantizar que el acceso al más alto nivel de salud mental no implique afectaciones al derecho a decidir de las personas con discapacidad. Estamos pendientes para ver qué determinan los integrantes de la Comisión de Salud, sobre todo su presidente, el senador Américo Villarreal Anaya. Hasta ahora ni siquiera han acusado de recibo el comunicado que se envió hace ya varias semanas.