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La ONU evalúa a México sobre sus avances en la implementación de la Convención

Fotografía con las banderas de la ONU y de México.

El país aún necesita tener una estrategia estatal y federal homogénea y dar mayor atención a niñas y mujeres. La ONU volvió a recomendar que Teletón deje de hacer con niños con discapacidad como receptores de caridad.

Por Redacción Yo También 

El  Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) publicó finalmente sus Observaciones Finales sobre los informes periódicos relativos a la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Después de la presentación que realizó el 17,18 y 21 de marzo la delegación mexicana, presidida por la Secretaria de Bienestar, el Comité dirigió una lista de 77 recomendaciones a México luego de escuchar y recibir la información del gobierno así como los reportes de  organizaciones de sociedad civil.

Nuevamente, como en la evaluación anterior de 2014, aparece en el informe de Naciones Unidas la Fundación Teletón.

“En la percepción pública prevalece el modelo de asistencia social y médica, porque los derechos de salud sexual y reproductiva de personas con discapacidad están sujetos a prejuicios, estereotipos y prácticas dañinas. Las campañas del Teletón refuerzan la percepción de que las personas con discapacidad son receptores de la caridad de la sociedad”. Y recomienda que se hagan campañas nacionales de sensibilización promoviendo el modelo de derechos humanos que establece la Convención e invita a Teletón a que sus campañas se hagan en línea con este objetivo. 

Fundación Teletón es la única organización civil que ha firmado una alianza con el gobierno de México para brindar terapias de rehabilitación, un contrato de 800 millones de pesos. 

Los puntos más relevantes de las Observaciones enviadas desde Ginebra fueron: 

GENERALES

  • Falta de un Plan Nacional para incluir a las personas con discapacidad en la comunidad a nivel estatal y federal. México debería adoptar políticas administrativas y financieras para apoyarlos a vivir de forma independiente y en la comunidad.
  • Preocupa la inadecuada asignación de presupuesto para implementar la Convención tanto a nivel federal, como estatal y municipal.
  • Se mantiene (sobre todo a nivel estatal) el uso de términos peyorativos en relación con las personas con discapacidad
  • Preocupa que aún prevalezca en el país el modelo asistencial y médico con respecto a la discapacidad. Se recomienda abandonar este concepto y que finalmente se sustituya por un modelo basado en derechos humanos.
  • Para la implementación de leyes y políticas que los afecten, faltan mecanismos para consultas a personas con discapacidad a través de organizaciones de la sociedad civil que los representan.
  • Datos: se recomienda un sistema de recolección de datos y evaluaciones de impacto de leyes y políticas que incluyan indicadores e información desagregada por segmentos (mujeres, niños, adultos).
  • Con personas con discapacidad y las organizaciones que los representan investigar las muertes de niños y adultos con discapacidad en instituciones públicas y privadas. 

JUSTICIA

  • Hace un llamado a las autoridades para que tomen medidas expeditas para poner fin a la institucionalización de las personas con discapacidad (interdicción).
  • Se solicita al gobierno que brinde asistencia legal, consejería y asistencia personal a las mujeres con discapacidad cuando necesiten presentar quejas legales.
  • Insta al Estado a erradicar del sistema de justicia los estereotipos basados ​​en género y discapacidad a la vez que se solicita garantizar que todos los procedimientos y juicios se lleven a cabo con perspectiva de género y discapacidad.
  • Preocupa la institucionalización de niños con discapacidad, sobre todo en zonas rurales y remotas. Falta información y datos del tamaño de esta comunidad y sus condiciones actuales (escolaridad, violencia en instituciones, salud).
  • Otorgar a los niños con discapacidad medidas y apoyos para que puedan expresar sus puntos de vista en cuanto al acceso a la justicia.
  • Revisar la compatibilidad entre la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad con la Convención.
  • Garantizar los derechos a debido proceso, sobre todo en procesos criminales, para que reciban ajustes, apoyos y asesoría adecuada. Se hace referencia a no repetir casos como el de Arturo Medina Vela.

DISCRIMINACION

  • Aún faltan leyes en todos los ámbitos que prohíban la discriminación de personas con discapacidad, en particular de mujeres y niños. Tampoco hay mecanismos claros de reparación y compensación en casos juzgados.
  • Negar un espacio adecuado a una persona con discapacidad es discriminación y esto se relaciona en especial con el tema de mujeres con discapacidad y víctimas de violencia.
  • Más atención a mujeres con discapacidad, particularmente a quienes viven en comunidades indígenas, que están bajo tutela de terceros o internadas en instituciones. Estas mujeres tienen acceso limitado a la justicia en casos de violencia de género.
  • Faltan leyes que protejan la discriminación múltiple, aquella que viven mujeres y niñas con discapacidad, indígenas, migrantes o refugiadas.
  • Revisar el actual Plan de Accesibilidad para que sea común a los ámbitos físicos y tecnológicos, sobre todo en los casos de lugares remotos, rurales y comunidades indígenas.
  • Faltan protocolos para la evacuación en situaciones de riesgo, emergencias humanitarias y desastres naturales.
  • Asegurar que haya albergues para víctimas de violencia cuyas instalaciones sean accesibles (físicamente y en servicios) sobre todo a mujeres. 

SALUD

  • La pandemia y las personas con discapacidad: faltan protocolos de comunicación y atención, recopilación de información sobre enfermedades y muertes de personas con discapacidad a causa del Covid-19.
  • Involucrar a personas con discapacidad en el diseño de un plan futuro ante otra posible pandemia.
  • Garantizar servicios accesibles, incluidos los servicios de salud mental y reproductiva. 

EDUCACION

  • Al Comité le preocupa la persistencia de la educación especial y la falta de una estrategia en todos los niveles de gobierno que garantice una educación inclusiva.
  • El alto índice de deserción escolar de personas con discapacidad a partir de los 15 años.
  • Recomiendan establecer un sistema educativo inclusivo en todos los niveles que incluya medidas de apoyo, provisión de ajustes razonables, financiamiento y capacitación docente.
  • Datos desglosados por género, origen, indigencia y entornos (urbano y rural) así como el tipo de discapacidad para aumentar la matrícula de niños con discapacidad. 

TRABAJO

  • Tomar medidas efectivas para aumentar el empleo de personas con discapacidad, especialmente de mujeres con discapacidad y de personas con discapacidad intelectual y psicosocial, en empleos públicos y privados.
  • Dar educación vocacional y programas de capacitación y orientación para personas con discapacidad en el empleo.

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