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La lucha por el Instituto de la discapacidad… otra vez

Fotografía en donde aparece un símbolo de discapacidad, una representación gráfica en líneas de color blanco de una persona usuaria de silla de ruedas sobre fondo color azul marino, al rededor, en forma de círculo, aparecen cuatro manos cuya piel es de distintas tonalidades, dos de tono de piel claro y dos manos de tono de piel moreno oscuro.

Ha sido una lucha de todo este sexenio: tener un instituto, un sistema, un ‘algo’ que cree políticas públicas para las más de 20 millones de personas con discapacidad en el país.

Por Katia D’Artigues

Esta semana la diputada del PRI, Norma Aceves García, anunció que presentaría una iniciativa para una petición reiterada de la comunidad de personas con discapacidad: la creación de un Instituto Nacional para la inclusión de las personas con discapacidad.

Desde su cuenta de Twitter y Facebook y también vía sus contactos de Whatsapp, la diputada legisladora la iniciativa que también busca “defender y fortalecer los institutos estatales de inclusión de personas con discapacidad” además de un “sistema nacional” para la inclusión de este sector de la población.

Una obligación internacional y una promesa incumplida de AMLO

Dicho Instituto no es una petición nueva, sino histórica de la comunidad de personas con discapacidad y sus familias. Además de una obligación establecida en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en su artículo 33, que dice:

“Los Estados Partes, de conformidad con su sistema organizativo, designarán uno o más organismos gubernamentales encargados de las cuestiones relativas a la aplicación de la presente Convención y considerarán detenidamente la posibilidad de establecer o designar un mecanismo de coordinación para facilitar la adopción de medidas al respecto en diferentes sectores y a diferentes niveles”.

En el 2018, incluso fue una de las promesas de campaña -literalmente escritas en blanco y negro- que el entonces candidato López Obrador hizo llegar a Yo También en el 2018, vía su coordinadora de campaña, Tatiana Clouthier (ahora secretaria de Economía). 

En ese año, este medio hizo un ejercicio de mandar a todos los y la candidata a la presidencia las mismas preguntas sobre cuáles serían sus principales acciones hacia las personas con discapacidad de llegar al gobierno.

Con respecto a personas con discapacidad, además del millón de pensiones para el Bienestar, AMLO escribió:

“La Asociación Armando un Camino de Vida, A.C. me ha propuesto y estoy de acuerdo, como alternativa de solución, la creación del Instituto de Atención a la Discapacidad, que opere a nivel nacional como un organismo que conjuntamente con la sociedad civil, tenga la responsabilidad de organizar, administrar y supervisar todas las acciones que permitan resolver la problemática que enfrenta la sociedad más vulnerable y que esté dirigido por personas con alguna discapacidad, para que se enfrente de cara a la adversidad y no se vea como un botín político con la corrupción que prevalece hasta el momento”.

Incluso dijo que este Instituto -que se coordinaría con el DIF y la sociedad civil- estaría dirigido por una persona con discapacidad que sería directora o director general y se consideraría parte de su gabinete.

El cuestionario completo lo pueden leer aquí.

Conadis sin titular, pero con presupuesto. ¿Y el sistema prometido?

El Instituto no se ha creado. Y el Conadis, Consejo nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las personas con discapacidad, creado en la Ley General para la Inclusión de las personas con discapacidad sigue existiendo, al menos en el papel, aunque durante todo este sexenio no se ha nombrado a ninguna persona titular. Depende de la secretaría de Bienestar e incluso tiene un presupuesto propuesto por la secretaría de Hacienda de 32 millones de pesos para este próximo 2022 bajo el rubro de “Desarrollo Integral para personas con discapacidad”.

Sobre su futuro ha habido muchos dimes y diretes. En junio de 2019, en el marco de la Doceava conferencia de Estados Partes firmantes de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, la secretaría de Relaciones Exteriores anunció que se planeaba crear, en su lugar un “Sistema” a la manera del de la Infancia. Esto fue confirmado por la propia subsecretaria, Martha Delgado, en su momento.

Pero tampoco avanzó. Luego la misma Delgado en otra entrevista pidió tiempo e incluso dijo que había que buscar a alguien dentro del gobierno que “quisiera atender” el tema de la discapacidad.

Mientras tanto la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, a quien el mismo presidente le “encargó” el tema de la discapacidad, se asume como titular del Conadis, como ella misma lo dijo en la presentación de un informe sombra en septiembre de 2019. 

Instituciones estatales, ¿en peligro?

Además del Conadis, que es un consejo federal, existen diversos institutos, o consejos estatales -con mayor o menor autonomía-, que atienden a personas con discapacidad. Dependen del diseño institucional y soberanía de cada estado de la federación.

La semana pasada preocupó la decisión de la nueva gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, de desaparecer el Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad (ITPCD), que será absorbido por la secretaría de Bienestar, una dependencia que entrará en funciones a partir de enero de 2022. Tenía 20 años de funcionar, desde que en 2001 una luchadora con discapacidad, Carmen Mazarrasa Corona, gestionó y creó el Instituto que se convirtió en un primer referente nacional. Puedes leer sobre su súbita desaparición aquí.

Aún quedan en el país 6 institutos estatales, 4 consejos y 3 direcciones estatales que funcionan de manera más o menos independiente y que atienden a personas con discapacidades. Aún así, sólo funcionan en 13 de 32 entidades que forman el país. 


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