Por Katia D’Artigues
El pasado 7 de junio, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se presentó una adición al artículo 256 del Código Penal de la Ciudad de México. Preocupa, expresan varias organizaciones de la sociedad civil que se equipare a particulares que reciben fondos y/o apoyos públicos como “servidores públicos” y, por lo tanto, sujetos a muchas más responsabilidades. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) ya presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia (SCJN).
El comunicado hace ver que la actual definición de “servidor público”, no debe ser aplicado a personas que dirigen organizaciones de la sociedad civil. Los podría coaccionar al aplicarles una norma que no les corresponde haciéndolos potencialmente responsables de conceptos que no aplican como abuso de autoridad, tráfico de influencias, uso ilegal de la fuerza pública, peculado e intimidación, y por supuesto el delito de corrupción.
La CDHCM también presentó la queja correspondiente ante la Sala Constitucional del Tirbunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, porque considera que esta reforma sobrepasa no sólo la Constitución Federal, sino diversos tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
El comunicado firmado por CEMEFI y más de 70 asociaciones, que compartimos íntegro al final de esta nota, respalda las acciones de la CDHCM y anuncian que en prepararán un amicus curiae (es decir, un documento con argumentaciones para respaldar la acción de inconstitucionalidad que harán llegar a la SCJN).
“En cualquier democracia es indispensable la existencia de una sociedad civil fuerte y organizada, que coadyuve con el Estado y la iniciativa privada para hacer avanzar al país. Por ello, nos manifestamos en contra de la criminalización de este sector, y exigimos al gobierno, en sus diferentes niveles, que promueva, por el bien de todos, el asociacionismo y no inhiba la acción de los ciudadanos a favor del bien público, garantizando los derechos de libre asociación y participación ciudadana en todos sus términos”, termina el documento que Yo También también respalda.
Aquí, el comunicado y el listado de asociaciones que lo respaldan y que fue publicado en Twitter.
