El 12 de julio se conmemora en México el Día del Jurista, una fecha que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la abogacía en el país y si esta profesión puede ser una alternativa viable para las personas con discapacidad.
La carrera de Derecho es una de las más populares y demandadas en México, siendo la segunda con mayor cantidad de profesionistas, con un total de un millón 245 mil 762 egresados. Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), las universidades privadas ofrecen una mejor formación en Derecho, ocupando el lugar número 15 en calidad de inversión, mientras que en las universidades públicas se sitúa en el puesto número 26.
En cuanto a la inclusión de las mujeres en el campo del Derecho, se destaca que el porcentaje de mujeres en nuevo ingreso es del 54.9 por ciento, lo cual es un avance significativo ya que es un 10 por ciento mayor al porcentaje de abogadas que actualmente ejercen, que es del 44.3 por ciento.
Derecho, carrera con alto porcentaje de desempleo
Sin embargo, es importante mencionar que la carrera de Derecho también tiene un alto porcentaje de desempleados, llegando al 4.4 por ciento, lo cual puede ser atribuido a la gran cantidad de egresados y la competencia en el campo laboral. Además, un 28.6 por ciento de los profesionales en Derecho ejercen de manera independiente o en pequeñas prácticas, lo que se considera una forma de informalidad.
A pesar de estas cifras, la cantidad de jóvenes que estudian Derecho representa el 8.8 por ciento de la profesión, ubicándose en el puesto número 42 de las 50 carreras más populares entre los jóvenes mexicanos. Además, es la segunda carrera con mayor cantidad de alumnos, con un total de 402 mil 837 estudiantes, lo que evidencia la demanda constante y la confianza de los jóvenes en este campo de estudio.
Los profesionales en Derecho enfrentan riesgos inherentes a su profesión, como la responsabilidad legal y profesional. Sin embargo, el salario promedio de un profesional en Derecho es de 13 mil 313 pesos, ubicándose en el puesto número 13 de 50 en términos de remuneración. Esto puede influir en la falta de retribución y rentabilidad de la carrera, ya que sólo el 7.4 por ciento de los profesionales en Derecho cuentan con estudios de posgrado.
Es importante mencionar que el Derecho puede servir como una herramienta para la movilidad social, ya que los años de estudio son menores en comparación con otras carreras y el ingreso promedio equivale a una persona de clase media. Según el INEGI, la clase media baja tiene un promedio de ingresos mensuales de 12 mil 977 pesos y la clase media alta tiene un ingreso promedio mensual de 23 mil 451 pesos. Se estima que esta clase representa aproximadamente el 34 por ciento de la población nacional.
Las personas con discapacidad en el Derecho
Sin embargo, la situación laboral y profesional de las personas y juristas con discapacidad en México es preocupante; según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022, casi una cuarta parte de las personas con discapacidad son consideradas de poca ayuda en el trabajo. Además, sólo el 60 por ciento de la población estaría dispuesta a contratar a una persona con discapacidad, mientras que el 65 por ciento nos rechaza y el 56 por ciento considera que somos una carga para la sociedad.
Estas actitudes negativas se traducen en dificultades para encontrar empleo, siendo la falta de accesibilidad a entornos públicos y el costo de los tratamientos las principales causas de esta problemática. Además, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022 del INEGI, las personas con discapacidad enfrentan una discriminación económica, ya que tienen un ingreso promedio es 4 mil 553 pesos, 30 por ciento menos que la poblacion general.
En el ámbito educativo, también existen desigualdades, la tasa de analfabetismo es más alta entre las personas con discapacidad motriz y discapacidad intelectual, y la tasa de asistencia a la escuela es significativamente más baja para las pcd en comparación con las personas sin discapacidad.
Estas diferencias educativas se traducen en una mayor exclusión del mercado laboral para las pcd sin instrucción formal. Según la ENADIS 2017 sólo el 10.6 por ciento de ellas logra insertarse laboralmente, en comparación con el 52 por ciento de la población general en el mismo rango de edad y nivel educativo. A nivel profesional de licenciatura existe una brecha de inclusión laboral del 10 por ciento entre profesionales con discapacidad y sin ella; existen 50 por ciento de posibilidades de ser alto funcionario director o jefe si eres persona con discapacidad.
Sin embargo, ser un abogado con discapacidad puede convertirse en una oportunidad para promover la inclusión y defender los derechos de las pcd. Aunque enfrentamos barreras adicionales debido a nuestras discapacidades, la sociedad cada vez valora más nuestras habilidades y conocimientos legales.
Según la ENADIS 2022, aproximadamente el 32 por ciento de las personas con discapacidad han experimentado negativas de información necesaria para la realización de trámites. Estos trámites suelen estar relacionados con programas gubernamentales para personas con discapacidad o atención médica.
¿Qué se hace contra la discriminación?
Es alarmante que el 88.7 por ciento de las personas discriminadas no haya denunciado estas situaciones, lo cual refleja la falta de confianza en las instituciones y la percepción de que denunciar sería una pérdida de tiempo. Aquí es donde la labor del abogado con discapacidad puede marcar la diferencia, promoviendo la inclusión y defendiendo los derechos de estas personas.
Además, existen oportunidades de trabajo en el sector gubernamental y en escuelas y centros médicos que atienden a pcd. Ser un abogado con discapacidad exitoso implica alcanzar ingresos equivalentes a los de cualquier otro jurista, y aunque el camino puede ser desafiante, es posible lograrlo.
Afortunadamente, la carrera de derecho actualmente presenta menos barreras para la inclusión laboral. El nuevo Código Nacional de Procedimientos garantiza que cualquier jurista puede representar clientes a nivel nacional a través de medios electrónicos, incluso las audiencias y el expediente son accesibles. Además, la Ley General de Educación y la Ley General de Educación Superior garantizan que los materiales y el entorno educativo sean accesibles, y se deben contar con unidades de inclusión en las universidades.
La abogacía puede ser una herramienta de movilidad social para las personas con discapacidad en México. A pesar de las barreras y discriminación a las que nos enfrentamos, tenemos la capacidad de promover la inclusión y defender los derechos de nuestra comunidad. Es hora de cambiar la percepción y demostrar que, con determinación y apoyo, podemos alcanzar el éxito en la profesión legal.
*Agustín de Pavía es maestro en Derecho, experto en el tema de Derechos Humanos e Inclusión, reconocido nacional e internacionalmente. Ha participado en CONAPRED y COPRED. Cofundador de Yo También, plataforma de la que fue su primer director.
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