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#JusticiaParaG: un caso que pone a prueba el sistema de justicia

A lo delicado que resulta un caso sobre abuso sexual, para este joven con autismo se suma enfrentar ante la justicia a su agresor, un hombre al que su defensa presenta como persona con discapacidad auditiva.

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31 de agosto de 2023

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Katia D'Artigues

El sábado pasado, Tania de la Garza y su hijo de 15 años, G, quien vive con autismo, regresaban de unas felices vacaciones en Yucatán que se convirtieron, en unos minutos, en una pesadilla.

La misma De la Garza lo contó en un hilo de Twitter, desesperada: como su vuelo se había retrasado y hacía frío por el aire acondicionado del aeropuerto de Mérida, su hijo entró al baño de los hombres para cambiar sus shorts por pantalones. 

Como tardó en salir, Tania se preocupó y le gritó para que saliera. Entonces G salió, desconcertado, y le dijo que un hombre lo quiso meter al baño de personas con discapacidad, se desnudó de la cintura para abajo, tomó su pene y lo comenzó a mover.

La madre pidió apoyo. Llamó a un supervisor de la vigilancia privada contratada por el aeropuerto, Multiserv, quien, reporta, se puso a platicar con el presunto agresor y se burló de lo sucedido. Ante la petición de que no lo dejara ir y llamara a la policía, le dijo que no se iría porque “estaba de turno”. 

Tania insistió: pidió que fuera la Guardia Nacional, que tiene presencia en los aeropuertos. 

Este sujeto es de la empresa de seguridad privada contratada por el aeropuerto de Mérida, quien minimizó lo sucedido, no llamó a la @GN_MEXICO_ , dejó salir del aeropuerto al agresor sexual, después de hablar con el y se burlaba de lo sucedido @fgeyucatan #justiciaparaG pic.twitter.com/aZ9evrlsCe

— Tania De la Garza (@delagarzatan) August 31, 2023

Como abogada que es, presentó una denuncia ante la Fiscalía del Estado, quien inició una investigación el lunes. El comunicado de la dependencia a cargo de Juan Manuel Léon León reportó un día después que el presunto agresor fue detenido. 

¿Qué ha pasado del lunes para acá? El martes el presunto agresor se presentaría a una “audiencia de vinculación”, el primer paso. Pero esta se suspendió porque alegó que necesitaba “ajustes razonables”. 

“La defensa del presunto agresor argumentó que es sordo y no entiende nada”, me dijo De la Garza. 

Fíjese qué cosas: el presunto agresor de este joven con autismo también alegó ¡discapacidad!

Un caso paradigmático

Las personas con discapacidad(pcd) tienen derecho a “ajustes razonables” y a “ajustes de procedimiento” en el acceso a la justicia, de acuerdo con la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en su Artículo 13.Es decir: se tienen que hacer accesibles los procesos judiciales para que las mismas pcd puedan participar en el acceso a la justicia (ajustes razonables) y que puedan participar en él (ajustes al procedimiento).

También tienen derecho a “sistemas de apoyos”: otras medidas que permite el juez para que las pcd puedan participar.

Esta semana en una columna que escribió para Yo También, Victor Lizama, quien trabaja con Documenta, se refirió al papel que tiene una persona facilitadora de justicia y por qué es importante. 

Se trata de eliminar las barreras que puedan tener en el acceso a la justicia, pues. 

En el caso del presunto agresor, cuya defensa dice que es sordo, habría que ver qué necesita para entender de lo que se le acusa. Podría ser un intérprete en Lengua de Señas Mexicana (si es que esa es su lengua materna) o bien algún otro ajuste.

Pero también G necesitaría ajustes razonables y al procedimiento en razón de edad. También, para no revictimizarle, le podrían dar medidas de protección sobre todo porque se trata de un caso de abuso, de violencia. 

¿Qué podría necesitar G y a qué tiene derecho? Él necesitará determinarlo pero tiene derecho a muchas cosas: a que le expliquen de manera sencilla lo que pasó, quizá con pictogramas o algún otro medio aumentativo. Que no se caree con el agresor, que lo haga con apoyo de algún psicólogo o psicóloga. Que incluso las personas que juzgarán este caso lo vean no en un ámbito legal, sino en otro lugar para que se sienta cómodo. 

Es decir, es un caso en el que, por partida doble debe implementarse un documento que actualizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace un par de años, el “Protocolo para juzgar con perspectiva de discapacidad” y que pondrá a prueba al sistema de justicia. 

Un apunte final

Me dirán, quizá: el caso de G no es el único, esto es moneda de todos los días. Es cierto. 

Las personas con discapacidades en general son mucho más vulnerables a la violencia, punto. Lo sabemos y lo pone en blanco y negro esta nota del Fondo de Población de la ONU: ”Cinco cosas que no sabías sobre la discapacidad y la violencia sexual”.

Los niños y niñas con discapacidades tienen cuatro veces más probabilidades de ser víctimas de violencia en general que sus pares sin discapacidad. En materia de abuso sexual también es así y los niños y sobre todo las niñas sordas, con discapacidad intelectual, psicosocial o dentro del trastorno del espectro autista son las más usuales víctimas. 

Conozco a Tania de la Garza desde hace años y he compartido con ella infinidad de luchas: lamento mucho que esta sea otra que es muy dolorosa. Desde aquí le mando un abrazo y todo el apoyo. 

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