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Inclusión política de las personas con discapacidad: deuda del sistema electoral

Claudia Anaya, candidata con discapacidad, usuaria de silla de ruedas.

Se ha avanzado poco para asegurar que las personas con discapacidad tengan la posibilidad de participar en candidaturas competitivas para acceder a puestos de representación popular.

La inclusión política de las personas con discapacidad (pcd) permanece como una de las deudas más grandes del sistema electoral mexicano, considera Karina Vaquera Montoya, consejera del Instituto Electoral del Estado de México.

En un artículo para El Sol de Toluca, la funcionaria llamó la atención sobre cómo desde las instituciones se ha avanzado poco para asegurar que las pcd tengan la posibilidad de participar en candidaturas competitivas para acceder a puestos de representación popular, una condición necesaria para avanzar en su agenda.

Vaquera recordó cómo en los comicios de 2021, el Instituto Nacional Electoral obligó a los partidos políticos a postular a personas con discapacidad en seis fórmulas de mayoría relativa y en dos de representación proporcional.

“El IEEM (Instituto Electoral del Estado de México) aún no genera ninguna acción afirmativa, pero es claro que no podemos continuar sin atender una responsabilidad que tenemos: garantizar los derechos político electorales de la ciudadanía mexiquense. En la entidad, cerca de 2 millones de ciudadanos cuentan con una discapacidad. No puede seguir pasando desapercibido el tema”, aseguró la consejera, que preside la Comisión de Igualdad de Género y no Discriminación.

Si de la noche a la mañana la discapacidad fuera una condición que viven la mayoría de las personas, muchos de nosotros nos encontraríamos con un mundo inaccesible, ajeno a nuestras necesidades, como ha sido construido hasta ahora, señaló.

De ahí que sea primordial establecer acciones afirmativas, “medidas de carácter temporal cuya finalidad es reducir las brechas de desigualdad que diferentes personas aún viven respecto del pleno reconocimiento de sus derechos humanos” para favorecer la igualdad y el respeto a los derechos político-electorales de las pcd.

“Desde las mujeres que experimentan violencia, las mujeres indígenas que reprochan solo ser usadas para llevar votos a las urnas y exigen espacios de postulación, hasta la comunidad de la diversidad sexual que expresan ser considerados en lugares donde nunca ganarían por ser espacios no competitivos por quienes los postulan o la comunidad afrodescendiente que apenas comienza a ser visibilizada; todos ellos en franca violación de muchos de sus derechos humanos, entre los que destacan, sus derechos político- electorales”,

escribió la consejera.

Pasar del asistencialismo al reconocimiento pleno de los derechos, dijo, se hace más que nunca una obligación de las instituciones.

Por Redacción Yo También

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