Agrupaciones de personas con discapacidad, afromexicanas, indígenas, migrantes, jóvenes y de la diversidad sexual convocaron a una colecta de firmas como un primer paso para organizarse en contra de la reforma legal que, dentro del llamado “Plan B”, limita el número de candidaturas aseguradas para grupos vulnerables.
El pasado 13 de marzo, el Movimiento de Personas con Discapacidad anunció que se está construyendo una estrategia jurídica en contra de las reformas electorales aprobadas por el Congreso de la Unión, al considerar que implican un retroceso.
“En respuesta al retroceso, en nuestros derechos político-electorales, que implica el llamado Plan B, diversos colectivos y personas con discapacidad en lo particular, nos hemos unido para manifestarnos en contra de ello. Se tiene planeada toda una estrategia jurídica, que incluye la promoción de amparos, entre otras cosas. La primera acción es externar nuestra inconformidad mediante este pronunciamiento”, manifestó el movimiento en su cuenta de Twitter.
En el pronunciamiento, las organizaciones explican que por tres décadas han peleado para ser incluidas en las instituciones y legislaciones electorales para ejercer su derecho a la participación política, especialmente a la representación parlamentaria.
“Con mucho trabajo y no pocas resistencias, hemos logrado acciones afirmativas, enmarcadas a veces en la legislación, a veces en sentencias, a veces en lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral (INE) o por los organismos públicos electorales locales (OPLEs)”, continúa el pronunciamiento.
Dentro del “Plan B”, consideran, hay retrocesos en temas de derechos que no fueron parte de ninguna discusión pública.
Los cambios, abundan las agrupaciones, se refieren a que la nueva legislación establece como mínimo solamente 25 espacios para todos los grupos.
“Y peor aún, no se define cómo serán distribuidos, sino que se deja al Congreso la responsabilidad de eventualmente establecer esos criterios y se le quita a las instituciones electorales cualquier facultad para especificarlos”,
argumenta el texto.
Ello contrasta con los espacios que se reservaron para estos grupos en las elecciones de 2021, cuando gracias a sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los espacios fueron al menos 50 en total por las vías de representación proporcional y mayoría relativa.
“Esos lineamientos de acciones afirmativas producidos por el INE generaron un círculo virtuoso. Los partidos políticos registraron 520 personas, cuando solo tenían la obligación de registrar 50. Así, quedaron electas 65 personas de nuestras poblaciones; más de la mitad, representantes de comunidades y pueblos originarios”, agrega el documento.
Estas acciones afirmativas, más que buena voluntad, son parte de la lucha que han dado precisamente los grupos en situación de vulnerabilidad y que además son necesarias para garantizar la integración incluyente de los espacios de representación pública, consideran las organizaciones.
“Los grupos históricamente excluidos hoy alzamos la voz para enfrentar esa visión que pretende limitarnos a ser solamente receptores y receptoras de programas sociales. Exigimos una participación activa en la toma de decisiones del país, como representantes democráticamente electos, con acciones afirmativas que nos visibilicen y nos incluyan para participar en los procesos internos de los partidos políticos, en las candidaturas y en las campañas electorales”, cierra la carta, que además recuerda las obligaciones de México para cumplir la Convención Internacional Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en materia de derechos políticos.
Las personas interesadas deben registrar su nombre, organización, entidad, teléfono móvil y correo a través de la Colecta de firmas #PorMásRepresentación.
Cecilia Guillén, de En Primera Persona AC, dijo que esta colecta es un llamado para que la gente pueda encontrar coincidencias rumbo a la impugnación de la reforma electoral.
“Es una primera gestión para que las personas suscribamos una idea común de lo que no nos gusta del ‘Plan B’”, dijo Guillén en entrevista.
Dijo que los cambios aprobados por el legislativo tocan muchos aspectos y que, precisamente el de los grupos vulnerables, ha sido uno de los que menos atención recibe.
“Esta no es una acción partidaria ni partidista. En esta etapa de lo que se trata es de hacer notar cómo nos afecta como grupos vulnerables”,
mencionó.
Entre los grupos participantes están la Red Nacional de Ciegos, la Federación Nacional de Sordociegos, En Primera Persona, Movimiento de Personas con Discapacidad, Yo También, además de otros activistas independientes.
Por Itzel Ramírez
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