De 2010 a 2023, año en que murió, Guadalupe Huerta Mora vivió con una lesión en la columna vertebral que solo le permitía mover levemente los brazos y el cuello, producto de una golpiza que le dieron sus cuñadas. Su caso sirvió para que el INEGI y el Congreso documenten y legislen sobre la violencia contra las mujeres con discapacidad. Ahora hacen falta recursos.
Lo anterior es el resumen de la columna Las barreras matan: México debería proteger de la violencia a las mujeres con discapacidad, que el director asociado de la División de Derechos de las Personas con Discapacidad de Human Rights Watch, Carlos Ríos Espinosa, publicó en Animal Político, a propósito de cómo el caso de Huerta Mora es un ejemplo de las violencias que se ejercen en México contra ese segmento de la población.
A mediados de 2020, las cuñadas de Lupita, con la aprobación de su esposo, la golpearon con violencia y le causaron una lesión en la columna vertebral. Esta agresión le provocó una discapacidad física que sólo le permitía mover levemente los brazos y el cuello.
Su caso llamó la atención y se investigó hasta desarrollar el informe llamado “A veces es mejor hacerse invisible. Violencia familiar contra personas con discapacidad en México”, del que Katia D’Artigues escribió en La inaceptable violencia familiar e institucional contra las personas con discapacidad.
Ríos recuerda que Lupita, como solían llamarle, participó activamente en la presentación del informe.
También refirió que aun cuando su suplicio no había terminado con la golpiza. Durante los seis meses de recuperación en el hospital, quien entonces era su esposo abusivo controlaba legalmente quiénes podían visitarla y se aprovechó de esa facultad para aislarla de familiares y amigos.
Así que Lupita solicitó medidas de protección de emergencia, un recurso que otorga la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia (2007) de México.
“Para sorpresa de todos, la autoridad judicial denegó la solicitud invocando el argumento formalista de que era el fiscal, y no el juez, quien debía haber dictado las medidas”,
escribe Ríos.
Separada de su marido, Lupita solo recibió el apoyo de su hijo de entonces 9 años. Tiempo después, debido a su discapacidad física, la mujer desarrolló cálculos renales y escaras en la piel, afecciones comunes en las personas con su condición.
Para que le quitaran los cálculos renales, tenía que viajar en autobús durante ocho horas hasta la Ciudad de México. Pese a las penurias que implicaba para ella ese traslado, desde 2015 viajó periódicamente a Ciudad de México para someterse a ese procedimiento médico. Durante su último viaje, en noviembre de 2022, contrajo Covid-19, y ya no fue posible hacerlo. Falleció el 12 de febrero de 2023 a causa de complicaciones derivadas de los cálculos renales que no se le extrajeron. Tenía apenas 58 años.
El caso de Lupita ha permitido que en México algunos empiecen a entender que los abusos y la violencia contra las mujeres con discapacidad son mayores que las que viven quienes no la tiene y que ello hace necesario que se legisle en consecuencia.
El Congreso de la Unión ha comenzado a trabajar en una reforma de la legislación existente que incluya la perspectiva de los derechos de las personas con discapacidad y, si se promulga, podría garantizarse a las víctimas que reciban asistencia personal sin tener que depender del apoyo de sus agresores.
Por Redacción Yo También
En más sobre el tema:
